Confusión público-privada

Recinto ferial de Torrejón de Ardoz donde se hacen las pruebas de COVID-19.

El hospital de Torrejón de Ardoz no es municipal, no pertenece a ese municipio exclusivamente sino a las zonas de salud donde se ubica y, en última instancia, a la Comunidad de Madrid, que lo financia. Los recursos de la sanidad madrileña no pueden ser usados por un ayuntamiento concreto de forma unilateral aunque estén gestionados por concesionarias privadas. Tampoco los de la sanidad valenciana. ¿Para quién trabajan los sanitarios de Ribera Salud? ¿Para los madrileños? ¿Para los valencianos? ¿O para el PP de Torrejón de Ardoz?

La privatización de la sanidad pública conduce a situaciones como el supuesto estudio de seroprevalencia planteado en la localidad madrileña, al margen del criterio de los especialistas y las autoridades sanitarias, ya que la Organización Mundial de la Salud niega su eficacia y el Ministerio de Sanidad lo considera un despilfarro. Una concesionaria de hospitales privatizados como es Ribera Salud (propiedad de la multinacional estadounidense Centene) se siente legitimada para apoyar "sin contraprestación económica" el experimento particular de un ayuntamiento gobernado por el PP, el de Torrejón de Ardoz, en una operación masiva de pruebas de coronavirus que se anuncia como un show  ("el estudio más ambicioso realizado hasta el momento en Europa e incluso en el entorno internacional"). Y para ello no echa mano del personal del hospital que gestiona en la localidad (porque pueden protestar con razón otros municipios de la zona) sino que moviliza a empleados –dice que "voluntarios"– que prestan sus servicios en los sistemas públicos de salud de otras comunidades autónomas.

¿Lo hace con el consentimiento de los responsables de esos sistemas públicos? Es indudable que no, porque la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente a la empresa que dirige Alberto de Rosa para aclarar el asunto al conocerse la noticia.

Como si se tratara de la iniciativa de una ONG, Ribera Salud alega que su maniobra con el ayuntamiento de Torrejón, inscrita en la pretensión política del PP de convertir los test masivos en una panacea contra la COVID-19, forma parte de sus actividades de responsabilidad social y de su "filosofía empresarial".

Y considera válido que varias decenas de sanitarios de hospitales de la red pública valenciana, como el del Vinalopó, en Elche, o el de Torrevieja, hayan sido trasladados a Madrid y hayan pasado "sus días libres" en un hotel de Torrejón a la espera de que la publicitada operación se pusiera en marcha.

¿Qué hacen sanitarios valencianos en Torrejón –que no es una localidad del tercer mundo ni sufre, pese a ser una ciudad especialmente afectada, una emergencia más grave que la que implica la pandemia para otros lugares de España, de Europa y del mundo–, poniendo en práctica gratis una política de salud a escala municipal sin el menor conocimiento de los responsables del sistema público en el que ejercen?

La privatización de hospitales y departamentos sanitarios ejecutada en la época del PP comenzó a ser revertida tras la llegada de la mayoría de izquierdas a las instituciones valencianas con la recuperación para la gestión pública del hospital de Alzira y toda el área de la Ribera. Todavía quedan cuatro de los 24 departamentos de salud valencianos en manos de compañías que cobran a la Administración autonómica por gestionarlos y que a veces convierten la colaboración público-privada en una confusión público-privada difícil de discernir.

Tan difícil de discernir, esa confusión, como el grado de "voluntariedad" real del personal implicado, compuesto curiosamente por gente joven con contratos precarios. Del contexto laboral en el que todo esto se produce es síntoma el hecho de que Ribera Salud reclame judicialmente 200.000 euros al comité de empresa del hospital del Vinalopó porque denunció en las inundaciones de septiembre de 2019 que se había obligado a la plantilla en plena alerta roja a mantener actividades que podían aplazarse. Alega que el comité incurrió "una vez más y por cuestiones políticas en desprestigiar el modelo Ribera Salud". No es de extrañar que nadie se atreva ahora a abrir la boca. Y eso también es "filosofía empresarial", supongo.

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