Archivada la causa contra el ex número 2 de Carlos Fabra por un pelotazo urbanístico al no apreciarse información privilegiada
El exalcalde de la Vall d'Alba por el PP y ex mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación de Castelló, Francisco Martínez, se libra del banquillo en la causa sobre un pelotazo urbanístico en la compra y posterior venta de cuatro fincas ubicadas en la localidad entre los años 2005 y 2006, que llegaron a multiplicar por cinco su valor en algunos casos. Según infroma El Períodico Mediterráneo la Audiencia Provincial de Castellón ha dado carpetazo a la causa, abierta en enero del 2016.
La investigación iniciada por el juez Jacobo Pin se constató que Martínez y su socio adquirieron varias fincas que fueron recalificadas apenas dos días después. En algunos casos, los terrenos fueron vendidos posteriormente por un precio cinco veces superior a la promotora Lubasa, encargada del Plan de Actuación Integrada (PAI).
La Sección Segunda de la Audiencia de Castellón sobresee la causa al rechazar el recurso de la Fiscalía contra el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que en julio del 2022 archivó la causa contra Martínez. Entre los argumentos del tribunal destaca que “no se aprecia cuál sería la información privilegiada, conocida exclusivamente por el señor Martínez Capdevila por razón de su cargo (entonces alcalde de Vall d'Alba), ni frente a quién se habría hecho uso de la misma”. Insisten en que “el acuerdo de venta fue aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, con informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, del arquitecto municipal respecto de la valoración del bien. No existe un informe pericial que acredite que las fincas fueran enajenadas por el Ayuntamiento a un precio fraudulento por anormalmente reducido. Y no se aprecia el concierto para defraudar (obtener un beneficio indebido) engañando a la Administración”.
De este modo se se da por buena la decisión cuando la magistrada Miryam Panadero Calzada estimó los recursos de las defensas y a pesar de reconocer que la resolución del juez instructor recogía “suficientemente” los hechos apreciados, consideraba que no había indicios de delito alguno sobre la adquisición de fincas por parte de Francisco Martínez.
El Ministerio Fiscal reclamaba 11 años de prisión y una multa de un millón de euros para el exalcalde de Vall d'Alba, por presuntos delitos por el uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales. Tras el archivo inicial Fiscalía presentó un recurso al que se adhirió el PSPV, pero finalmente sentencia que “no existen indicios mínimamente suficientes de criminalidad de los delitos imputados que justifiquen la prosecución de la causa”.
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