El archivo más importante sobre la represión franquista en Alicante sobrevive en precario: “Es un desastre”

Una trabajadora del Archivo Histórico Provincial de Alicante

Lucas Marco


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“Es un desastre espantoso de toda la vida”, dice la directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, María del Olmo. Con 35 kilómetros de estantería en sus depósitos, el espacio es uno de los principales depositarios de la documentación sobre la represión franquista en Alicante, donde los miles de presos políticos que no pudieron huir a través del puertos al final de la Guerra Civil fueron recluidos en campos de concentración. Sin ir más lejos, el Archivo Histórico Provincial de Alicante, dependiente de la Generalitat Valenciana, trabaja en la catalogación de 40.000 expedientes penitenciarios que permiten abrir nuevas líneas de investigación para la historiografía. Sin embargo, tras la baja de su directora por motivos de salud, se ha quedado con apenas cuatro trabajadores: una administrativa, dos auxiliares y un conserje. “Todo por parte de la Generalitat Valenciana ha sido dejación y abandono absoluto”, denuncia María del Olmo. “Desde 2019 llevo haciendo informes sobre la urgente necesidad de ampliar la plantilla”, abunda Del Olmo.

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Numerosos investigadores y académicos se han sumado a la denuncia de la precaria situación del archivo que actualmente sólo abre al público los lunes y martes de 9 a 13h, un horario reducido que dificulta enormemente el trabajo de los historiadores. “Lo único que nos avala es nuestro trabajo, hemos realizado 25 exposiciones, dos de ellas finalistas del concurso más importante de España, más de 20.000 personas las han visitado, además del aula didáctica del archivo”, recuerda María del Olmo. “Nos respalda la comunidad archivística porque saben que nos matamos a trabajar en malas condiciones”, agrega la directora, que denuncia que los pocos trabajadores de las instalaciones no pueden “dar atención en condiciones” a los investigadores que acuden a la sala de investigadores a consultar los fondos.

“Un auxiliar administrativo no puede dar orientación sobre fuentes a los investigadores, tiene que ser un técnico especializado; así sólo se puede atender a aquel investigador que tiene una línea trazada y que sabe muy bien lo que quiere, al resto de nuevos investigadores no se les puede atender”, abunda la funcionaria.

María del Olmo no ha dudado en denunciar públicamente la situación del Archivo Histórico Provincial de Alicante, algo raro que no ha pasado desapercibido entre la comunidad de académicos, historiadores y archiveros que critica sistemáticamente la falta de recursos públicos. “Me ha movido a hablar la conciencia ética de que soy una funcionaria que trabaja en un servicio público”, explica a elDiario.es. La mujer lamenta “el daño que se las ha hecho a los investigadores” y la “insensibilidad y el abandono total por parte de la administración”.

El archivo depende de la dirección general de Cultura y Patrimonio que dirige la socialista Carmen Amoraga. Fuentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes señalan que trabajan en la ampliación de plazas funcionariales en el Archivo Histórico Provincial de Alicante tras la baja de su directora y agregan que se trata de un proceso complejo desde el punto de vista administrativo, que además depende de otro departamento de la Generalitat Valenciana: la dirección general de Función Pública. 

Sin embargo, la lastimosa situación de los archivos públicos valencianos no es ni mucho menos una novedad. Un demoledor informe del Aula de Historia y Memoria Democrática, del que informó este diario, denunciaba que numerosos documentos sobre la represión franquista estaban en peligro por las malas condiciones de conservación. El acceso a los fondos documentales “en muchos de los casos resulta imposible y lleno de dificultades a modo de una carrera de obstáculos”, señalaba la entidad académica de la Universitat de València.

Un “problema cronificado”

El historiador Sergio Gálvez destaca la “opinión generalizada” entre la comunidad usuaria sobre la “precariedad en la que suelen vivir los archivos históricos provinciales, que se deriva de la falta de recursos humanos, económicos y de medios”. “Los archivos son los grandes maltratados de las políticas públicas, es un problema cronificado”, agrega Gálvez, doctor en Historia Contemporánea y técnico de archivos.

“La diferencia en este caso es que han hecho algo que no se suele hacer: denunciar públicamente”, abunda el historiador, quien destaca la “valentía de la dirección del centro”. “Una valentía que contrasta con algo que me ha llamado la atención esta semana: el silencio mayoritario de las asociaciones profesionales de archiveros”, remata Sergio Gálvez.

“Solemos mirar hacia otro lado y todos deberíamos sumar y unirnos a esta denuncia”, apostilla el historiador, codirector de un completo estudio sobre el acceso a los archivos en España editado por la Fundación 1º de Mayo. “Deberíamos ocupar una posición de centralidad en el desarrollo del derecho a la verdad, tanto en información como en acceso, para las víctimas de los crímenes del franquismo y tenemos medios tan precarios que nos vemos limitados en el avance de este derecho humano”, critica Gálvez.

El historiador reivindica el carácter de servicio público esencial de los archivos públicos. “Cuando se levantó el confinamiento se nos reconoció así pero estamos siempre malviviendo en la precariedad de medios”, concluye.

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