El Arzobispado de València rechaza etiquetar los abusos a menores “en la Iglesia” y alega que también los ha habido cerca de la Administración

“¿Por qué una investigación para los [abusos sexuales a menores] cometidos por personas dentro de la Iglesia y no para los cometidos contra las personas, por qué ese apellido? ¿Por qué dejar fuera a personas abusadas en el entorno familiar, que es el que cuenta con el porcentaje más alto de casos de abuso, o en el entorno educativo no católico, u otros entornos institucionales o sociales dependientes de la Administración?”. El arzobispado de València por boca del sacerdote Daniel Juan Tortosa, director de la Oficina de Protección del Menor (OPM) de la archidiócesis, se ha referido así a la creación en el Congreso de los Diputados de una comisión específica sobre los casos ocurridos en la Iglesia: “Un abuso es un abuso en todas las entidades, lugares y personas, no podemos ponerle apellido a los abusos”.

El mismo Tortosa ha afirmado que en los dos años de vida de esta Oficina de Protección del Menor se ha tenido conocimiento de dos supuestos casos: “No hemos recibido ninguna denuncia formal sino información de casos que hemos recogido a través de los medios de comunicación”. De estos casos conocidos “tenemos el nombre de una víctima, nos hemos puesto en contacto con ella y estamos esperando respuesta, y hace poco tuvimos noticia de otra víctima, de un caso publicado en un medio de comunicación, con la que también hemos contactado y esperamos respuesta”.

Respecto a la forma de actuar de la Oficina ha explicado: “Cuando recibimos información sobre un posible caso, automáticamente nos ponemos en marcha para verificarlo y, si tenemos el nombre de la víctima, contactamos con ella e iniciamos una investigación y comprobamos si con toda esta información se puede iniciar un proceso penal, informando a la Fiscalía. En ese caso se apartaría al sacerdote implicado de su ministerio”. Añade que “desde hace dos años ningún sacerdote ha sido apartado porque no existen denuncias formales hasta la fecha”, y que en el primero de los dos casos señalados anteriormente “no se trata de un sacerdote sino que es un laico el implicado”.

Respecto a casos ocurridos en el pasado, el arzobispado afirma que la Oficina “está abierta para acoger y escuchar todos los casos, para poner en sus manos lo que sea necesario y emprender las acciones que sean oportunas ante las instituciones judiciales”. Concretamente, asegura: “Los casos del pasado de los que hemos recibido información ocurrieron en los años 50, 60 y principios de los 70 del siglo XX. Todos han prescrito a nivel civil y canónico pero no nos importa: lo que nos importa es estar al lado de la víctima, conocer los nombres de las víctimas para poder ayudarlas y acompañarlas, y ofrecer todos nuestros medios e instrumentos para que puedan reparar y sanar el daño”.