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La Mesa por el Júcar clama contra la sentencia del TSJCV que anula la declaración de sobreexplotación de acuíferos del Vinalopó

Xúquer Viu alerta sobre la sobreexplotación del río y de la Albufera.

Toni Cuquerella

4 de octubre de 2023 10:10 h

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Después de que el Gobierno central anunciara un convenio a 10 años para enviar un mínimo de 280 hectómetros cúbicos del río Júcar en el Vinalopó, la Mesa del Júcar también ha recordado que el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) ya anuló el mes de junio la declaración de acuíferos sobreexplotados del Vinalopó realizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en 2020. Ante esta situación la Mesa ha pedido al Gobierno que se paralice inmediatamente el convenio.

El pasado fin de semana se reunió a Alzira de urgencia la Mesa por el Júcar para analizar la situación creada ante estas dos últimas decisiones. En el encuentro, en la que hubo representaciones de 15 municipios de la Ribera, entre ellos de Alzira, se expresó su “preocupación e indignación” por unas medidas que “dejan indefensos en el Júcar y la Albufera para el futuro, ante la crisis climática y la reducción de las aportaciones hídricas”. Alertan así que “el Ministerio va en sentido contrario al de la lógica y la sostenibilidad”.

La Mesa por el Júcar ha criticado el protocolo por el cual se establece un volumen mínimo anual a trasvasar “a pesar de tratarse de excedentes del Júcar, que por naturaleza su inciertos” y se fija un precio “fuertemente subvencionado”, con el argumento de contribuir a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados.

Así alertan que este protocolo se suma a la decisión del TSJCV que el pasado mas de junio ha anulado el acuerdo de declaración de sobreexplotación de 6 acuíferos del Vinalopó, que acordó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el 22 de septiembre de 2020 y, por lo tanto, “han quedado sin efecto los programas de actuación del 25 de mayo de 2022 para la recuperación de esas masas de agua, que justificaría la excepción de recuperación de los costes”. A pesar de que la Confederación ha recorrido la sentencia del TSJ valenciano, esta da la razón a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y deja sin efecto el acuerdo de declaración de acuíferos en riesgo.

Por una parte, la Junta del Vinalopó, presenta recursos diciendo que la declaración de sobreexplotación resulta innecesaria y que hay una tendencia a la mejora de los acuíferos, y la justicia les da la razón. Y, por otra, consigue trasvases del Júcar de 20 hectómetros cúbicos -tanto en 2022 como en 2023-, y ahora un convenio a 10 años de 280 hectómetros, justificados en base a esos programas de actuación ahora anulados.

Desde Xúquer Viu se ha pedido a la CHJ que, dado que no está vigente la declaración de acuíferos sobreexplotados ni los programas de actuación, en los que se fundamentan las autorizaciones de trasvase, “se paralicen inmediatamente estas actuaciones. Del mismo modo se pedirá la paralización del convenio a 10 años que se pretende firmar en los próximos días y que ya ha autorizado el Consejo de Ministros”.

En la reunión se denunció que los caudales que se quieren enviar, y se están enviando, en el Vinalopó, “tendrían que servir, por una parte para mejorar el estado de la Albufera y por otra para aumentar el caudal ecológico del estuario del río, los últimos 4 km, que en la actualidad tienen un caudal mínimo insignificante, de tan solo 0’5 metros cúbicos/segundo, un 1% del que lleva el río en régimen natural”.

Con todo se han aprobado una batería de medidas para hacer frente a “el expolio del río y de la Albufera”, e impedir que se agravie su sobreexplotación, irán con el lema de “¡Al Júcar no le sobra agua!”. Concretamente se han anunciado mociones en los ayuntamientos de la Ribera y otras comarcas valencianas; redactar un manifiesto al cual se invitará a firmar a la sociedad y a personas relevantes; realizar una concentración hacia finales del mes de octubre; llevar este tema a Europa puesto que subvencionó las obras del trasvase con 120 millones de euros; se presentarán propuestas y preguntas, a través de los grupos políticos, a las Cortes, en el Congreso y en el Parlamento Europeo; y también se estudiará la vía jurídica para conseguir anular estas actuaciones tan lesivas.

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