Expertos evalúan el conflicto de la Playa de Babilonia (Guardamar): “Las casas están frenando que el tramo dunar se erosione”
“Igual hay gente que se atrinchera en su casa hasta el último momento. No lo sé. Pero yo creo que, si se demuelen las casas, la mayoría no va a ser capaz de verlo, no va a querer asistir, porque no será capaz de soportarlo”. Es lo que dice Manuel López, abogado y portavoz de la Asociación de Vecinos de la Playa de Babilonia (en Guardamar del Segura, Alicante), al ser preguntado sobre el día 15 de septiembre, fecha en la que está prevista la demolición de 60 de las 100 históricas casas tradicionales que se encuentran dispuestas en fila frente al mar.
Lo explica desde su salón mientras las ráfagas de la brisa marina le empujan la melena hacia atrás. Y es que, si sale de su casa, López pisa el agua en menos de cuatro pasos. Pero hace casi 100 años, cuando las primeras personas empezaron a vivir en el lugar, era diferente: la ribera del mar estaba a 96 metros.
El origen de estas particulares viviendas data de finales del siglo XIX. Guardamar del Segura estaba siendo amenazado por el avance de las dunas de la zona. Se había retirado vegetación del lugar, lo que había originado el problema. Se encargó, entonces, al ingeniero Francisco Mira solucionarlo. Él propuso, entre otras cosas, volver a fijarlas con vegetación. Con ello logró salvar al pueblo.
En ese momento se estaba extendiendo por la zona el hábito de frecuentar balnearios y playas. Se delimita, entonces, una zona de afluencia de bañistas cerca de la llamada “Caseta Babilonia” (un merendero situado junto a un pozo del que hacían uso los guardamarencos) y se comienzan a construir a su lado otras casetas, conformando una colonia estable. En 1934, en plena Segunda República, el Ministerio de Fomento autoriza concesiones en el lugar. Así nacen las llamadas “casas de Babilonia”.
La finalidad de la concesión era contribuir “al embellecimiento de La Playa de Guardamar”, “proporcionar trabajo a los obreros, evitando su paro”, así como “sostener los tan peligrosos movimientos de las arenas”. Sin embargo, pese a que esto último seguramente se propusiese de buena fe, Eulalia Sanjaume, Catedrática de Geografía Física de la Universidad de Valencia, asegura que estaban equivocados, ya que esta arena de la playa no era el problema.
Explica que lo que sí protegió al pueblo, más allá de la vegetación, fue la barrera que el ingeniero colocó en la parte de la zona dunar, más al interior, y no las casas de la playa. Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, coincide en ello. Tras la guerra, se continuaron concediendo concesiones hasta 1956.
“Las casas son especiales en el territorio porque no tienen nada que ver con el modelo depredador del urbanismo de la segunda mitad del siglo pasado”
Pero las viviendas, por otra parte, sí embellecieron la zona: encajaban perfectamente en la fisionomía del municipio en los años 90. Son especiales en el territorio porque no tienen nada que ver con el modelo depredador del urbanismo de la segunda mitad del siglo pasado. “Son casas más identitarias de la zona”, explica López. Pero, a partir de la Ley de Costas de 1988, por su cercanía al mar, comenzó una cuenta atrás.
La orden de demolición
En 2018 finalizaron los primeros 30 años de concesión, ante lo que los vecinos solicitaron una prórroga (las concesiones de vivienda tienen un plazo máximo de 75 años. Es decir, podían aspirar hasta a 45 años más), pero Costas, mediante un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), lo rechazó —de momento, solo para las casas que están más al norte, las más perjudicadas por el mar—.
Alegó que se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre, que contribuyen a la erosión del litoral, que están dañadas por los temporales y por tanto suponen un riesgo para la seguridad de las personas, y que impiden la regeneración natural de la playa. El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, insiste a elDiario.es en que“las cuestiones ambientales en las que se basan las sentencias, basadas en informes científicos, acreditan que la presencia de estas ocupaciones en la playa está dañando gravemente el sistema duna-playa”.
Pero Sanjaume, cuyo recorrido académico ha estado centrado en los sistemas dunares, afirma que esas casas únicamente podrían haber perjudicado al sistema duna-playa si se hubiesen construido en una “situación idílica”, en la que no se hubiese regulado el río.
“La mitad del problema se debe al cambio climático y la otra mitad está relacionado directamente con las intervenciones en el río y con el espigón” - Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante.
Este, explica López, es el punto crucial de la indignación de los vecinos, que han iniciado diversos pleitos durante este tiempo. Niegan que ellos estén contribuyendo a la regresión de la costa en esta zona y señalan directamente, por un lado, a la pérdida de aportes de sedimentos por la alta regulación del río Segura y, por otro, a que se construyó un espigón que aceleró el problema. Los estudios del Cedex recogen también esta problemática.
Olcina explica que si bien “la mitad del problema se debe al cambio climático (el incremento en la frecuencia de temporales de levante desde que comenzó este siglo)”, la otra mitad está relacionado directamente con las intervenciones en el río y con el espigón.
“Las casas no tienen nada que ver con la pérdida de arena”, sostiene Sanjaume. “De hecho, a día de hoy están frenando que ese tramo dunar se erosione. Lo que han hecho en la desembocadura del Segura me parece una barbaridad, porque además se han cargado una parte importante de las dunas, que son de las más importantes de este país”, añade.
“Las casas no tienen nada que ver con la pérdida de arena” - Eulalia Sanjaume, Catedrática de Geografía Física de la Universidad de Valencia
“Nosotros sentimos que hay un problema en la costa que nos ha caído encima y somos una víctima más de ese problema más amplio”, explica el portavoz de la asociación, y critica que la prevención en la zona ha sido “más que insuficiente”. “Definitivamente esta concesión va a tener un fin, porque es una concesión, pero hubiésemos tenido mucho más tiempo. La causa por la que no se da la prórroga es el entorno: no hay playa, hay erosión, puede haber peligro…”, insiste.
“A mí la ley me dice que tengo una seguridad jurídica (derecho a la prórroga de mi concesión) pero como no hay seguridad física porque la playa está mal, la seguridad jurídica no sirve de nada. Si hubiera seguridad física, habría seguridad jurídica y viceversa. Ese círculo vicioso se tiene que abordar de alguna manera”, dice.
“Lo que decimos es que no actuar ya es destruir: no hacer nada ya es tomar una decisión. Nosotros somos gente seria que quiere trabajar esto con rigor. Miramos los informes del IPCC, nos interesa el tema, y compartimos la preocupación, pero el mar se ha metido 50 metros. Si quitan las casas, ¿esperarán a que se metan 50 metros más?”, señala López.
Antes del fin de la concesión las casas ya habían sido dañadas por el mar y los temporales. Fue sobre todo a partir del 2008 cuando estos fenómenos meteorológicos comenzaron a destrozar las terrazas y fachadas de algunas de las viviendas.
Un problema más allá de Guardamar
Pero el caso de la Playa de Babilonia no es único: conflictos similares se repiten en todo el litoral, lo que llevó a idear el movimiento Somos Mediterrania, impulsado por más de 50 asociaciones de la Comunidad Valenciana, Murcia, y Andalucía. “Las costas en extinción sí tienen solución” es uno de sus lemas.
“Cuando el mar se lleva tu casa porque no se hace nada por protegerla nadie te indemniza”, critica Jesús Cremades, portavoz del movimiento en Valencia y presidente de la Asociación Salvem les platges al Sud de Gandia
“Cuando el mar se lleva tu casa porque no se hace nada por protegerla nadie te indemniza”, critica Javier Cremades, portavoz del movimiento en Valencia y presidente de la Asociación Salvem les platges al Sud de Gandia.
Se estima que el 65% de las playas valencianas se encuentra en situación de regresión. “La naturaleza es un sistema holístico: cada cosa influye en otra y es influida por otra. Cualquier cosa que haces en ella, provoca un efecto”, dice Sanjaume en relación a las intervenciones humanas que están contribuyendo, junto a los efectos del cambio climático, a esta situación.
“Hay criterios muy básicos de derecho ambiental que afirman que el que contamina, paga. Y si quien ‘contamina’ es la propia administración, y lo uso en un sentido amplio (me refiero a la erosión a la costa a causa de estas infraestructuras) tiene que responder”, pide López. “Lo que apunta todo el mundo en los foros a los que vamos es a que habría que hacer algún tipo de intervención en la desembocadura del Segura”, explica.
Acusan a Costas de falta de diálogo
Olcina explica que ha ido moderando su postura sobre el tema al darse cuenta de que “la falta de diálogo de la administración estatal con los afectados ha agravado el tema indebidamente. Desde hace tiempo se tiene esta perspectiva de demolición, por finalización de la concesión de Costas, y no se ha hecho nada por arreglar el tema”, expresa.
“La ley es la que es y hay que cumplirla, sin duda. Pero hay maneras de gestionar este tipo de situaciones, y se ha optado por la peor: la falta de diálogo, de acuerdos y de soluciones alternativas. Y cuando esto no existe, el tema acaba en los tribunales”, prosigue.
“La ley es la que es y hay que cumplirla, sin duda. Pero hay maneras de gestionar este tipo de situaciones, y se ha optado por la peor: la falta de diálogo, de acuerdos y de soluciones alternativas”. - Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la UA
López ratifica que, efectivamente, este es otro de los puntos clave del conflicto. “Hemos propuesto una mesa de trabajo en la que estuviera el ayuntamiento, un perito de medio ambiente, los afectados de Babilonia, los afectados del puerto, Costas, grupos ecologistas, técnicos, expertos. También hemos estado en foros, y ningún representante de Costas ha aparecido, pese a ser invitados”, critica.
El MITECO contesta: “Este asunto es administrativo primero y judicial, después. La aplicación de la legislación vigente no puede ser sujeto de negociación en ninguna mesa de diálogo. No obstante, la Administración del Estado en Alicante ha estado siempre a disposición de quien lo haya solicitado”.
El 20 de agosto registraron un recurso administrativo realizado “in extremis” en el que se pide que se revise todo el expediente que dio lugar a la orden de demolición. La Generalitat, aunque no tiene competencias para frenar el derribo, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica la suspensión cautelar de las demoliciones en virtud de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que contempla mecanismos para preservar los núcleos costeros tradicionales por su valor etnológico.
Piden una revisión a la Ley de Costas del 88
“De momento pedimos de manera inmediata, urgente, una paralización, una suspensión, y una moratoria. Esa paralización ¿hasta cuándo? En principio hasta que tengamos una reforma de la ley que está a las puertas y que ya está para que empiece a debatirse”. Se refiere a la Proposición de Ley que se realizó en 2024 para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre. Y en paralelo solicitan “actuaciones en la costa de parche mientras todo esto sale adelante”.
Según la Asociación de Vecinos de la Playa de Babilonia, la administración del Estado “no está siendo humana”: “Se necesita una reforma urgente e integral de la ley, en la que de verdad se integre una participación ciudadana, y sin renunciar, por supuesto, ni a un ápice de las garantías ambientales”.
Y recuerdan el llamado “informe Auken” realizado por la eurodiputada verde Margaret Auken y aprobado por el Parlamento Europeo en 2009, donde se acusaba a la ley de ser arbitraria. “¿Por qué la aplicación de la ley es tan caótica y arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras, pero se tolera la construcción de nuevos apartamentos?”, decía el documento.
El Ministerio, en base a las acusaciones de arbitrariedad, dice: “La ley no se aplica de manera desigual, pero cada expediente tiene sus particularidades y sus tiempos”.
“Las demoliciones cuyo inicio está previsto para el 15 de septiembre son obligaciones impuestas a los ocupantes de la playa de Babilonia por sentencias firmes de la Audiencia Nacional confirmadas por el Tribunal Supremo. - Ministerio de Transición Ecológica
Olcina no está de acuerdo con modificar la ley: “No se trata de cambiar de nuevo la Ley de Costas. De hecho la Ley de Cambio Climático de 2021 ya la modifica indirectamente. Se trata de gestionar con diálogo. Su situación, por efecto del cambio climático, no va a mejorar”.
Mientras tanto, López sigue luchando en paralelo a esta cuenta atrás: “El esfuerzo viene porque yo no quiero que mis hijos pierdan esto: lo que supone criarte en este entorno familiar, con los vecinos. Yo empecé a venir aquí de adolescente, porque mi novia es de aquí y se ha criado aquí. Lo que le define a ella como persona es mucho de lo que hay aquí. Nosotros nos auto denominamos babilonios porque, no sé, se ha creado un clima bonito como creemos que no ha ocurrido en otros lugares”.
“Hay gente que en verano tiene una urbanización, y tiene amistades muy buenas en la ‘urba’. Pero esto no es una ‘urba’, es otra cosa. Aquí tienes casa con casa a familias enteras, abuelos, bisabuelos, con nietos y bisnietos, y a los chiquillos unos con otros”, cuenta.
Desde Costas afianzan su posición: “Las demoliciones cuyo inicio está previsto para el 15 de septiembre son obligaciones impuestas a los ocupantes de la playa de Babilonia por sentencias firmes de la Audiencia Nacional confirmadas por el Tribunal Supremo. La Administración intervendrá restaurando la zona una vez hayan desaparecido esas ocupaciones”.
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