La Fiscalía Anticorrupción se opone a la acusación particular del Ayuntamiento de Valencia en el saqueo del 'caso Azud'

Segundo revés de la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Valencia. El consistorio, gobernado por Compromís y el PSPV-PSOE, solicitó en 2019 personarse en la instrucción del 'caso Azud' como acusación particular, coincidiendo con la detención del exvicealdalde popular Alfonso Grau y del que fuera líder de la oposición municipal, el socialista Rafael Rubio, en la segunda fase de arrestos de la macrocausa. Sin embargo, en aquel momento la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València ya denegó la petición al considerar que esa personación era “prematura” puesto que en la causa, entonces declarada secreta, “no aparecen indicios de lesión de los intereses” de la Corporación municipal.

En el 'caso Azud, figuran investigados decenas de funcionarios de la cúpula de Urbanismo de la era de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, entre los que destaca Esmeralda Orero, muy cercana a la primera edil popular y conocida como la “Araña Negra”, según figura en el sumario.

El segundo intento del ayuntamiento gobernado por el alcalde Joan Ribó se ha topado de nuevo con una negativa del fiscal anticorrupción, Pablo Ponce. El representante del Ministerio Público, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que el consistorio “es una administración pública cuya función no es representar a los ciudadanos o a la comunidad, al contrario es una institución puesta a su servicio”.

Ponce recuerda que la Fiscalía ostenta “en exclusiva” la función de tutela del interés público y de los derechos de los ciudadanos por lo que el Ayuntamiento de Valencia “defenderá en todo caso los intereses particulares de dicha corporación”.

El escrito sostiene que en el 'caso Azud' “ni antes ni ahora existe un daño o perjuicio particular” al consistorio, más allá de la investigación, entre otros, a altos funcionarios “que han lesionado y perjudicado el interés general y erosionado la confianza en las instituciones sirviéndose de su cargo para beneficio propio”. 

Así, los delitos contra la administración pública o de falsedad no justifican “en absoluto sus pretensiones de personación como acusación particular”, agrega el fiscal anticorrupción. El representante del Ministerio Público recuerda que los funcionarios investigados, un selecto grupo de servidores públicos del negociado de Urbanismo cercanos a la fallecida alcaldesa Rita Barberá, siguen ejerciendo sus funciones “y percibiendo sus emolumentos correspondientes”.

El fiscal advierte del grave riesgo de “hipertrofia acusatoria”

“La posición procesal de la corporación municipal no parece precisamente que pueda predicarse de acusación particular, puesto que una hipertrofia de acusaciones sí puede lesionar derechos constitucionales de los investigados”, argumenta el fiscal, quien recuerda que las personaciones en este tipo de causas revisten “muchas veces” un “carácter cosmético”. “La verdadera aportación de la Administración es de colaboración con la justicia proporcionando los medios materiales para ello y de colaboración con el Ministerio Fiscal en su función constitucional de defensa de la legalidad”, remacha el escrito.

El fiscal anticorrupción invoca una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que alude al hecho de que permitir la personación como acusaciones a administraciones públicas puede conllevar un grave riesgo de “hipertrofia acusatoria”. “Además de la evidente ralentización del ya de por si parsimonioso proceso penal, puede conllevar el acceso al mismo de partes con intereses ajenos a los representados por el Ministerio Fiscal”, agrega Pablo Ponce.

No es la única entidad que ha solicitado personarse como acusación en el 'caso Azud'. La asociación Acción Cívica contra la Corrupción, que ha ejercido de acusación, entre otros, en el 'caso Taula' o en el juicio en el que fue absuelta la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), presentó un escrito el 27 de mayo del 2021 en el que solicitaba ejercer la acusación popular en el el 'caso Azud'. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia unió el escrito a las actuaciones y dejó la “resolución de lo solicitado hasta que no se levante el secreto” de sumario. La magistrada aún no ha decidido si acepta la personación de la entidad.