La Audiencia de Valencia frena la devolución de los coches incautados en el 'caso Azud' a los principales imputados

El exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafa Rubio y el que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau.

Lucas Marco


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Los dos políticos más relevantes investigados en el marco del 'caso Azud' —el ex vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau y el exconcejal socialista Rafael Rubio— se han quedado, de momento, sin sus vehículos, intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

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La Audiencia Provincial de Valencia avala en sendos autos que figuran en el sumario la incautación y uso por parte de los investigadores del instituto armado. La defensa de Alfonso Grau alegaba que su BMW X4 XDRIVE 281, uno de los cinco vehículos que conformaban su parque automovilístico, “se deteriorará en mayor medida si es utilizado por la Policía judicial que si se mantiene paralizado en el depósito”. Sin embargo, la instructora del 'caso Azud' mantiene una posición opuesta: “El vehículo decomisado es un efecto que, sin sufrir deterioro material, se deprecia sustancialmente por el transcurso del tiempo” y la utilización por parte de la UCO del BMW “permite a la Administración un aprovechamiento de su valor mayor”. 

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado la postura de la titular del Juzgado de Instrucción número 13: “No hay razón para presumir (...) que la Policía judicial vaya a hacer un uso desmedido, abusivo o contrario a las reglas de la buena fe del vehículo que, pudiendo utilizar, sigue siendo de ajena pertenencia”. Además, recuerdan los magistrado, la UCO asume los gastos de mantenimiento del vehículo “en toda su extensión”. 

La “grave actividad delictiva” imputada a Alfonso Grau justifica que figure como investigado por un presunto blanqueo de capitales, entre otros delitos. “No hay tanta separación temporal”, sostiene el auto de la Audiencia de Valencia, “entre la adquisición del vehículo decomisado y la época en que se habrían cometido los delitos impugnados”. “En especial”, agrega, “si se tiene en cuenta que, como se afirma en el propio recurso, gran parte del precio del vehículo decomisado se abonó con el producto de de otros dos vehículos adquiridos en años anteriores (y, por lo tanto, en fechas notablemente más próximas al periodo objeto de investigación”.

La antigua mano derecha de Rita Barberá, tal como informó este diario, ha manejado un notable parque de vehículos, formado por tres BMW y dos Mini Cooper. Además, antes de su condena por cohecho y blanqueo de capitales en otro procedimiento, Alfonso Grau ganó 48.500 euros con la venta de dos relojes Vacheron Constantin y un Lange and Söhne. Sobre la adquisición de uno de los BMW, el auto señala que “es claro que la adquisición de un vehículo por 77.621 euros no puede estimarse ajustada a la capacidad adquisitiva del trabajo personal” de Grau. 

La Audiencia Provincial de Valencia recuerda que en la instrucción del 'caso Azud' ha aflorado un “importante volumen de dinero ingresado de forma ilícita” (dos millones de euros en presuntas mordidas). “Al menos indiciariamente, el capital utilizado en todo o en parte para la adquisición del vehículo decomisado (...) puede proceder de los beneficios ilícitos obtenidos de esa actividad delictiva”, agrega. 

Rafael Rubio, exconcejal, exdiputado socialista y exsubdelegado del Gobierno investigado en el 'caso Azud', también reclamaba la devolución de su Mercedes Benz A 200D “al menos en calidad de depositario”. Rubio alegaba que la “efectiva generación de recursos” por su trabajo y el de su esposa, también investigada en la causa, “no permiten vincular el efectivo necesario para la compra del coche con su origen en el ilícito que se le atribuye”. 

Así, la misma sección tercera ha estimado el recurso de la defensa de Rafael Rubio contra el auto de la magistrada instructora que avalaba la utilización del Mercedes por parte del Grupo III de Delincuencia Económica de la UCO al no habérsele dado el trámite previo de audiencia sobre la solicitud de uso temporal. El auto revoca la autorización de uso provisional por parte de los agentes del instituto armado y ordena que se le dé audiencia antes de que la instructora dicte un nuevo pronunciamiento.

El abogado Jose Luis Vera, considerado el presunto conseguidor de la trama con ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE, también recurrió el auto de la jueza instructora que autorizaba a la UCO a usar su Peugeot Partner Tepee Outdoor. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia considera, al igual que en el caso del BMW de Alfonso Grau, que un “vehículo de motor sin signos distintivos es u efecto especialmente idóneo para la prestación por los agentes de la autoridad de las funciones de investigación que les son propias”.

El iPhone del empresario Jaime Febrer

Otros investigados han lamentado la incautación de sus teléfonos. El letrado Pablo Torres Domingo, investigado en el 'caso Azud' por la facturación de dictámenes jurídicos a la presunta trama, destacaba en su escrito de alegaciones que la confiscación por parte de la UCO de su teléfono le había causado un “evidente quebranto” por la “pérdida de los contactos y de la agenda”. “Aparte de la necesidad de dar explicaciones a las personas que, llamando a su número, no lo localizan”, agregaba el escrito. 

El empresario Jaime Febrer, presunto corruptor cuya defensa ejerce el penalista Manolo Mata, también solicitó la devolución de su iPhone 6 Plus. El escrito sostiene que el teléfono móvil “ninguna información puede aportar a la causa”. El desprecio y volcado del contenido por parte de la UCO del terminal, adquirido con posterioridad a los hechos investigados, supone “una investigación prospectiva”, subraya.

Por el contrario, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, considera que la petición es “inviable” porque “es evidente sin mayores explicaciones que la compra de un nuevo terminal no determina el borrado o desaparición de los contactos antiguos”. “No pude pretender el investigado realizar actos que puedan contaminar las fuentes probatorias”, agrega el representante del Ministerio Público.

La jueza instructora refrenda que “no se dan los requisitos para acordar la nulidad” del clonado del dispositivo. “Ni se necesita ni va a procederse a instrucción prospectiva alguna”, abunda la magistrada, quien recuerda que en la causa “se precisa la obtención de fuentes de prueba en relación con la información alojada en dispositivos y servidores que complemente la ya hallada”.

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