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El Gobierno quiere blindar la “zona cero” de la dana: el plan para crear los primeros pueblos anti-inundaciones

El barranco de Chiva tras el paso de la dana del 29 de octubre de 2024.

Toni Cuquerella

València —

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El concepto de reconstrucción en la “zona cero” de la dana que afecto a l'Horta Sud de València está en vías de dar un giro estructural. El Gobierno de España ha puesto en marcha una transformación estratégica que busca convertir las localidades arrasadas por la dana de octubre y noviembre de 2024 en referentes de resiliencia climática.

A través de la publicación en el BOE de la Orden TMD/1586/2025, el Ejecutivo estatal ha desbloqueado un marco normativo que permite utilizar los fondos de emergencia no solo para reparar lo dañado, sino para diseñar municipios “blindados” ante el impacto de futuras catástrofes naturales.

Esta nueva hoja de ruta, que entra en vigor de manera inmediata, adapta el enfoque de las ayudas públicas bajo una premisa clara: reconstruir mejor. El objetivo fundamental es que las infraestructuras de los municipios afectados sean más seguras, estén mejor adaptadas y cuenten con la capacidad técnica de proteger a la ciudadanía frente a nuevas avenidas torrenciales. Con este cambio, el Gobierno busca evitar que se repitan las trágicas consecuencias del pasado año, apostando por un urbanismo que asuma la realidad climática actual.

Esta medida se enmarca en la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, un proyecto que mira más allá de la emergencia para centrarse en la normalización y la prevención a largo plazo. El Gobierno reafirma así que la reconstrucción de la zona cero no consiste en devolver los municipios a su estado anterior, sino en evolucionar hacia un modelo de “pueblos anti-inundaciones” que refuercen los servicios públicos y pongan la seguridad de la ciudadanía en el centro del diseño urbano del futuro.

Una inversión histórica para un urbanismo preventivo

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya había movilizado una cifra récord de 1.745 millones de euros, abonados por anticipado a 78 entidades locales, incluyendo a la Diputación Provincial de Valencia y a los ayuntamientos de la zona cero. Con la modificación normativa aprobada este sábado, estas administraciones locales ganan una flexibilidad sin precedentes para gestionar esos recursos, permitiendo que el presupuesto se destine a la mejora y ampliación de infraestructuras municipales que sufrieron daños durante el temporal.

La nueva normativa abre la puerta a actuaciones que antes no estaban contempladas en el marco de las ayudas de emergencia. Entre estas novedades destaca la construcción de nuevas infraestructuras diseñadas específicamente para prevenir inundaciones y la adaptación integral de los equipamientos y servicios públicos al cambio climático. Además, los ayuntamientos podrán ahora financiar la adquisición de suelos y viviendas situadas en zonas de alto riesgo para facilitar actuaciones preventivas que alejen a la población del peligro. Para asegurar el éxito de estos proyectos complejos, la orden también permite costear la asistencia técnica necesaria para la gestión y correcta justificación de cada obra.

Mando único para acelerar la transformación de la zona cero

Para asegurar que este ambicioso plan se ejecute con la máxima celeridad y rigor, el Gobierno ha decidido reforzar la gobernanza de las ayudas. La gestión, el seguimiento y el control de estas inversiones estratégicas pasan a ser responsabilidad directa del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, una función que hasta ahora desempeñaba la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

Este movimiento centraliza la toma de decisiones y el acompañamiento a los ayuntamientos, eliminando trabas burocráticas y garantizando un control más eficaz de los fondos. Al atribuir estas funciones a un organismo especializado, se busca agilizar la ejecución de las obras en los municipios que conforman la zona cero, donde la normalización de la vida cotidiana sigue siendo la prioridad absoluta del Estado.

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