La justicia tumba una querella de Vox contra la EMT de Valencia y le reprocha que acusara al concejal Grezzi sin pruebas

José Gosalbez, portavoz de Vox en Valencia.

“De la sombra de uso inapropiado de la jurisdicción penal por parte del querellante da cuenta la circunstancia de presentar la denuncia” contra el concejal del Ayuntamiento de Valencia Giuseppe Grezzi y presidente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Valencia, “a quien en modo alguno se atribuye participación directa en el proceso de contratación” . Así reprocha la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia a Vox, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, la querella por un supuesto delito de prevaricación contra el edil y la empresa pública municipal por un presunto fraccionamiento de contratos menores de suministro de combustible y repuestos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ya inadmitió la querella al considerar que no había indicios de infracción penal que justificaran la apertura de un procedimiento. Sin embargo, Vox recurrió el auto y la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión ya que “no hay indicio alguno” de que la EMT de favorecer a determinadas empresas en detrimento de otros proveedores.

Vox, representado por el abogado y edil José Gosálbez, aportó extractos de cuatro informes de auditoría omitiendo los apartados que, a juicio de la fiscal, “evidencian que los hechos no son constitutivos” del supuesto delito de prevaricación. La auditoría detectó 67 expedientes de adjudicación directa a un mismo proveedor en materia de adquisición de combustible, repuestos y reparación de aires acondicionados. 

Un servicio público “que no puede verse interrumpido”

Sin embargo, tal como destaca el Ministerio Público en su informe, la EMT procedió a subsanar la cuestión a través de un acuerdo marco de suministro de carburante y, además, anteriormente licitó tres expedientes (uno declarado desierto, otro no adjudicado por alcanzar los mínimos que establecían los pliegos y un tercero desistido por el Consejo de Administración). 

La fiscal también destaca que hasta 2016 no se creó en el seno de la EMT un departamento de contratación y que la empresa municipal presta un servicio público “que no puede verse interrumpido” y obligando a que los autobuses “estén en perfectas condiciones”, lo que conlleva multitud de servicios por parte de empresas externas “de los que no se puede prescindir de forma repentina”.

Así, el Ministerio Público concluye que las propias auditorías que aportaba el partido de extrema derecha en su querella evidencian que la EMT “está llevando a cabo un esfuerzo para solventar las irregularidades”, que subsisten por la dificultad de “una rápida adaptación a la legislación aplicable en materia de contratación”.

El auto de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia también reprocha a Vox que en su querella no se refleja “un cambio sobre la situación precedente que implique variación de formato de gestión” de la contratación con proveedores “para conseguir ventajas en favor de un tercero”. Además, también ve “inapropiado” que el partido ultra utilice la vía penal para denunciar al edil Giuseppe Grezzi, presidente de la EMT, cuando no se le atribuye participación directa en el proceso de contratación.

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