Movimientos en la Costa Este

Este sábado se han cumplido dos años de la firma del segundo Pacto del Botánico, por el que se dio continuidad al acuerdo que hace seis años abrió, tras dos décadas de dominio de la derecha, una nueva etapa en la política valenciana. En este tiempo, la coalición de gobierno del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem se ha consolidado como una referencia para la izquierda, la receta progresista por antonomasia para la forma multipartidista que ha adoptado la política española tras la crisis del bipartidismo. Una fórmula que sostiene también otra mirada territorial.

El viernes, en Catalunya, el Cercle d’Economia, presidido por Javier Faus, sin entrar en la polémica de los inminentes indultos a los dirigentes condenados, invitaba a los independentistas a reconocer que “los experimentos unilaterales no son admisibles” y abogaba por el diálogo, pero también criticaba el centralismo de Madrid, del que decía que funciona como “una aspiradora de recursos del resto de España”.

Estos argumentos, procedentes de la entidad empresarial que inspirara en su fundación Vicens Vives y que estos días convoca en unas jornadas, entre otros, al presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; al rey Felipe VI; al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al líder del PP, Pablo Casado, e incluso al primer ministro italiano Mario Draghi, plantean reducir el enfrentamiento nacionalista para encauzar las discrepancias en busca de soluciones.

Son, curiosamente, unos argumentos calcados en buena medida de los que hace tiempo viene utilizando el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que ha defendido con perseverancia el diálogo para resolver el conflicto catalán y ha alertado de que Madrid “es una aspiradora de recursos, población y redes de influencia”. Son las suyas unas afirmaciones sustentadas en estudios del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), según los cuales la Comunidad de Madrid absorbe recursos, funcionarios, población y redes de influencia gracias al “efecto capitalidad” y se permite dejar de ingresar 4.100 millones al año en impuestos para captar rentas y patrimonios. El viejo problema del centralismo.

La semana estuvo marcada por la carta del líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras en la que asumía que intentar la escisión unilateral no es “viable, ni deseable”, reivindicaba el objetivo de celebrar un referéndum pactado y abría la puerta, por tanto, a un debate político y una negociación institucional en los que puedan ponerse en juego posiciones que afrontan con voluntad constructiva un problema de Estado, como las de la élite empresarial catalana o el federalismo valencianista de izquierdas, sorprendentemente próximas en algunos diagnósticos, como puede verse.

También desde Baleares, la presidenta Francina Armengol se ha pronunciado reiteradamente por la vía de la negociación y el diálogo. “El Gobierno español tiene que tomar soluciones políticas que ayuden a ello. El mundo independentista tiene que tomar decisiones que ayuden a llegar a acuerdos. Por las dos partes tiene que haber acercamientos”, ha dicho en referencia a los indultos.

Como es lógico, en todas estas actitudes hay matices y diferencias, incluso en el seno de los mismos gobiernos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ve los indultos como un paso previo a la apertura real de un diálogo y se ha declarado partidaria de que ese proceso acabe en un referéndum, considera una “expresión de debilidad” de la derecha la campaña de recogida de firmas emprendida una vez más contra el Gobierno en un asunto extremadamente sensible. “Se les acaba el marco que les ha dado votos. Algunos han vivido de la polarización, la tensión, la crispación, la estigmatización del adversario y de Catalunya”, ha señalado Colau.

Ondean las banderas rojigualdas en las concentraciones del PP, Ciudadanos y Vox, como la de este domingo en la plaza de Colón, en Madrid, pero sobre el territorio abundan colores tan variados como la vida misma. Y por lo menos en la Costa Este el ambiente resulta más propicio a observarlos.