Parques solares, el coste sobre el territorio que no todos están dispuestos a asumir

Cambiar campos de viñedos, de futuro incierto, por campos de placas solares. Esta es la propuesta que algunas empresas están planteando a agricultores y ayuntamientos valencianos durante los últimos tiempos: abrir las puertas a las energías renovables pese al impacto en el patrimonio agrícola y paisajístico.

La puerta de este debate se abrió con la aprobación por la Generalitat Valenciana del decreto ley de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables. Esta norma propuesta por las conselleries de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica; de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad, busca multiplicar hasta por 16 la energía solar producida en la Comunitat Valenciana, y muchas empresas se han puesto a ello.

Localidades como Chiva, Moixent, la Font de la Figuera o Villena son algunas de las localidades donde se han presentado grandes proyectos de parques solares que podrían ocupar centenares de hectáreas que hasta ahora han sido utilizadas para el cultivo.

En el caso de Chiva el proyecto presentado ocuparía una extensión de 420 hectáreas y amenaza con arrasar miles de algarrobos centenarios, lo que ha provocado diversas protestas vecinales y de colectivos conservacionistas, y Compromís ha llevado las protestas tanto al Congreso como al Senado para pedir la vigilancia del Gobierno.

En Moixent, una de las localidades de la llamada 'Toscana valenciana' y de tradicional cultivo de viñedos, el ayuntamiento ha frenado una línea eléctrica de alta tensión para evacuar la energía de varios parques solares de Almansa, y también dos de estos parques solares proyectados en su término municipal. Desde el consistorio se ha querido aclarar que este rechazo “no nace, ni mucho menos, de un posicionamiento en contra de las energías renovables”, sino que “el camino hacia la transición energética se tiene que fundamentar desde la conservación de la biodiversidad y los principios de sostenibilidad”.

Una línea similar siguen la Font de la Figuera. Aquí, el alcalde Vicent Muñoz ha explicado que actualmente los ayuntamientos se encuentran en una situación de debilidad porque el decreto ley “da pie a la proliferación incontrolada de parques solares”. “Tenemos claro que la transición ecológica de la energía va con retraso, pero no puede hacerse a expensas de otros valores como la agricultura o el paisaje”, ha declarado Muñoz. “Requerimos una mayor ordenación en la implantación, teniendo en cuenta otras cuestiones como el valor agronómico de la tierra, la compensación territorial de los municipios que más suelo aportan y la racionalización en el uso de la energía, fomentando alternativas como el autoconsumo o las comunidades energéticas”, añade.

Unos kilómetros más al sur, ya en provincia de Alicante, Villena es otro de los municipios que se ven como un territorio propicio para estas plantas. El ayuntamiento reconoce al menos una docena de proyectos para su suelo, pero que podrían ser todavía más. Esta situación le desborda y vuelve a apuntar a este decreto ley como el principal instigador de la fiebre fotovoltaica.

Energía alternativa y proyectos mixtos

Pero todo no son negativas a este tipo de proyectos, y uno de los municipios que abre sus brazos, pensando ya en el fin de la central nuclear en 2030, es Cofrentes. En esta zona hay dos grandes proyectos previstos: el primero, de 800 hectáreas, se desarrollaría, en Ayora, Teresa de Cofrentes, Zarra y Jarafuel, con una inversión estimada de 186 millones de euros; el segundo, de 250 hectáreas, está proyectado en los términos municipales de Ayora y Zarra, y supone una inversión de 100 millones de euros.

Otro gran proyecto es el planteado para Llombai, donde el parque solar proyectado también abarca 400 hectáreas. Pero en esta localidad de la Ribera Alta además se muestra una clara apuesta por las renovables en detrimento de la agricultura, ya que con este macroproyecto se ocupará el 40% del terreno cultivable del municipio.

Otros proyectos han optado por una solución 'mixta' de combinar la planta fotovoltaica con el mantenimiento de los cultivos. Son los llamados proyectos 'agro-fotovoltaicos'. En esta situación están Picassent y Montserrat, que serán las primeras localidades valencianas y también españolas, que albergarán este tipo de proyectos. Este innovador modelo supone combinar cultivos agrícolas con paneles solares en altura, que se instalan sobre las plantaciones.

Ante esta dicotomía, el Ayuntamiento de Ontinyent se ha querido avanzar al problema, ha comenzado una campaña para promover el autoconsumo energético y la constitución de comunidades eléctricas locales, como modelo más sostenible y respetuoso con el territorio frente al de las macroplantas fotovoltaicas. Desde el gobierno municipal se apunta que el modelo del autoconsumo es una alternativa real a estos parques solares a los que acusan de que “no promueven un cambio hacia un modelo energético responsable y de energía limpia, y además provocan la destrucción de zonas de especial valor paisajístico y agrícola solo en beneficio de los grandes intereses económicos”.

Finalmente la situación ha empujado a Bosc Viu, plataforma valenciana que aglutina a unas cuarenta entidades ciudadanas por la defensa de los ecosistemas forestales y un modelo de desarrollo rural digno y sostenible, a alzar su voz y apelar a la Generalitat. Bosc Viu ha enviado un escrito al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a los responsables de las tres consellerias implicadas en la redacción del decreto que regula la ubicación de estas infraestructuras energéticas, para pedir la urgente moratoria en la aplicación de la mencionada norma y “su revisión y modificación para evitar las disfunciones y riesgos ambientales, sociales y económicos que conlleva”.