Cristóbal Montoro y los valencianos, una historia de desencuentros
Esta semana hemos vivido el último capítulo de una historia de desencuentros entre el ministro de Hacienda (ahora en funciones), Cristóbal Montoro, y el gobierno valenciano, una relación tormentosa que viene de lejos. Ya existían discrepancias entre el Gobierno central y la Generalitat con el Partido Popular de Alberto Fabra al frente del ejecutivo valenciano.
En los últimos días hemos vivido el esperpento de la carta remitida por el ministerio a diferentes ayuntamientos valencianos para exigirles el cumplimiento de la ley en lo que a las empresas municipales deficitarias se refiere. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, fue uno de los que recibió esta comunicación en la que exigía el cierre en quince días del Consell Agrari -que no es una empresa sino un organismo autónomo municipal- y la Empresa Municipal de Transportes (EMT), tal y como se puede comprobar en el documento que reproducía eldiariocv.es. El ministro tuvo que desdecirse poco después y afirmar que no pedía el cierre, y todo ello tras la reacción de Ribó quien aseguró que no acabaría con un servicio público tan necesario para la ciudada como es la EMT.
Una relación que viene de lejos
En 2013, con una Generalitat en quiebra, Montoro, en respuesta a una pregunta parlamentaria del actual jefe del Consell, Ximo Puig, ya advirtió que el sistema de financiación se revisaría en 2014 pero sin concretar y condicionándolo a un escenario de crecimiento “positivo”. El titular de Hacienda reconoció entonces que la intervención de su ministerio había evitado el colapso económico de Comunitat Valenciana gracias al Plan de Pago a Proveedores.
Llegó 2014 y tampoco hubo una mejora del sistema de financiación por parte del Gobierno central, y eso pese a que la Comunitat Valenciana caminaba hacia la bancarrota, y tenía que tirar del Fondo de Liquidez Autonómico para sobrevivir. Y mientras tanto, tanto el president Alberto Fabra como su conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues -actual delegado del Gobierno- solicitaban una mejora de la financiación que a día de hoy aún no ha llegado.
Ese mismo año, Fabra tuvo que esperar meses para entrevistarse con Cristóbal Montoro y poder trasladarle la delicada situación de las arcas valencianas, que hacían prácticamente inviable la Generalitat. Los empresarios valencianos también compartían esta preocupación e incluso hubo un conato de 'rebelión' entre la patronal contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Comunitat Valenciana seguía al borde del abismo económico y el tan esperado encuentro con Cristóbal Montoro se produjo a finales de enero de 2015, cuando el ministro visitó Valencia para reunirse con Alberto Fabra y los empresarios valencianos, que ya anunciaron que el encuentro llegaba tarde y dieron por perdido el año en lo que a la mejora de financiación se refería -en 2015 estaban previstos hasta cuatro procesos electorales, entre ellos las locales y Autonómicas y las generales-. Además, el titular de Hacienda descartó que el ejecutivo central se fuera a hacer cargo de la deuda de 400 millones de euros del Consorcio Valencia 2007.
Cambio de color en la Generalitat, mismo problemas
En junio de 2015 se producía el cambio en el gobierno valenciano. Tras los resultados de mayo, el pacto del Botànic permitía la entrada en el Consell de PSPV y Compromís -con Ximo Puig y Mónica Oltra a la cabeza- gracias al apoyo parlamentario de Podemos, y con ello el Partido Popular pasaba a la oposición después de dos décadas de gobierno. Nuevo gobierno y misma reivindicación ante Madrid: La mejora de un sistema de financiación injusto para los valencianos.
Y los mismos problemas. Amparándose primero en que la legislatura se estaba agotando y después en la interinidad de un Gobierno central en funciones -desde diciembre de 2015-, el titular de Hacienda sigue sin abordar la modificación del sistema de financiación, recurriendo a los préstamos del FLA para compensar el déficit de aportaciones del Estado a comunidades que, como la valenciana, están infrafinanciadas.
Tanto el president, quien ha acusado al ministro de “deslealtad institucional” tras reclamarle 400 millones de una deuda con Hacienda generada por el gobierno de Alberto Fabra, como el conseller de Hacienda, Vicent Soler, o la vicepresidenta Mónica Oltra, que ha calificado de “sheriff” a Montoro esta misma semana, han criticado duramente al también responsable de Administrciones Públicas. Entre los puntos de desencuentro, la exigencia del cumplimiento del déficit a las autonomías o el pago de la multa de Bruselas a la Comunitat Valenciana por falsear las cuentas, responsabilidad de los gobiernos de Camps y Fabra.
Así, mientras Soler ha criticado a Montoro en diversas ocasiones, la más dura contra el ministro y sus exigencias ha sido, sin duda, Mónica Oltra, quien ha recordado al responsable de Hacienda que el principal recorte que ha hecho el Consell del Botànic es que “ya no se roba”, o le ha pedido que indique “qué pacientes se quedan sin hospital o qué niños sin colegio” después de que Montoro demandara nuevos recortes. En definitiva, el Gobierno valenciano ha insistido una y otra vez que no realizará más recortes, pero la nueva financiación sigue sin llegar, ni se la espera en breve.
