La Generalitat "intenta financiarse a costa de ancianos y dependientes"

La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana

El síndic socialista en Les Corts, Antonio Torres, ha denunciado que la Generalitat Valenciana "intenta financiarse con el dinero de ancianos y discapacitados", al tiempo que recordaba que ya lo ha hecho "no pagando a farmacéuticos y a entidades sin ánimo de lucro". Ahora, ha explicado Torres, "lo poco que permitía mantener abiertos los centros de la tercera edad, se abonará directamente al Consell, lo que en muchos casos supondrá que los ayuntamientos deban cerrarlos al no poder hacer frente a los pagos".

La Generalitat tarda en pagar la dependencia 3 veces más que el resto de comunidades

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Por esta razón, los socialistas han convocado a los consistorios que gestionan alguna residencia de la tercera edad o centro de día -más de cuarenta representantes municipales se reunirán este martes con los responsables socialistas-, ya que las medidas adoptadas por la Generalitat "van a significar para muchos de ellos la quiebra todal y absoluta".

Torres ha insistido en que hay pequeños municipios que tienen a su cargo una residencia con un coste superior al millón de euros, que en muchos casos supera su presupuesto municipal, y que hasta ahora se mantenían gracias a que los mayores que eran atendidos en ellas aportaban el 80% de su costa con su pensión, mientras que el Consistorio aportaba el resto hasta que lo abonaba Conselleria por medio de una subvención, "cosa que siempre sucede tarde, ya que Bienestar Social es la conselleria más morosa".

Ahora, la Generalitat ha decidido, por medio de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, que a partir del 1 de enero las residencias no recibirán ese 80%, sino que éste se abonará directamente en las cuentas del Consell, lo que "sumado a que la Generalitat seguirá retrasando el pago a los centros, supondrá que los ayuntamientos no tendrán ni un céntimo para poder mantenr los centros mientras reciben esos pagos".

Igualmente, los socialistas advierten que también se verán afectadas las entidades sin ánimo de lucho y las residencias en manos de patronatos o instituciones religiosas, así como todas las residencias de Aerte, "estamos hablando de unos 11.000 afectados. Si hasta ahora los centros privados o concertados a través de las pensiones de los residentes, desde el 1 de enero van a tener graves dificultades y problemas de tesorería, porque les afectará directamente esta medida", que "supondrá un ahogo para más de 1.300 residencias".

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Publicado el
8 de diciembre de 2014 - 14:01 h

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