La Generalitat Valenciana prescinde de Domus Vi y recupera el servicio de farmacia de los centros públicos sociosanitarios

El servicio de farmacia para residencias y centros sociosanitarios de la Comunitat Valenciana vuelve a prestarse de forma directa. El pleno del Consell del pasado 1 de julio aprobó el decreto por el que la Generalitat prescinde de Quavitae Servicios Asistenciales, empresa gestora de las residencias Domus Vi, que hasta la fecha gestionaba el personal y el servicio de farmacología en 60 centros públicos, y estima un ahorro de 700.000 euros anuales.

El decreto establece que será la conselleria competente en sanidad, con la colaboración de la competente en servicios sociales, la que preste un servicio que afecta a cerca de 5.000 personas y que llevaba externalizado desde 1999. En la Comunitat Valenciana existen cinco servicios de farmacia que se encargan de la elaboración, preparación y sistema de distribución de dosis unitarias de medicamentos y material sanitario en residencias públicas y centros de atención diurna. Los servicios radican en los mismos centros y prestaban atención con carácter provincial desde las localidades de Carlet, Borriana, Castelló (El Pinar), Paterna (La Cañada) y Alicante (La Florida) y ahora pasarán a integrarse en las estructuras de los departamentos de salud de Castelló, La Plana, Arnau-Llíria, La Ribera y Alicante.

El cambio a la gestión pública implica una reducción de 700.000 euros al año del gasto por el servicio, según la memoria económica que acompaña al texto en su tramitación. En 2021, último ejercicio gestionado por la mercantil, Quavitae comunció gastos por valor de 1.9 millones de euros y el Consell estima que puede reducirlos en más de una tercera parte. La empresa Domus Vi ha sido investigada en varias comunidades autónomas por supuestas negligencias durante la pandemia en la atención a personas mayores. En el centro de Alcoi, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas inició un expediente sancionador por la muerte de 73 ancianos el pasado agosto.

La normativa anterior otorgaba a un operador económico la gestión del personal, que incluía al personal ubicado en los cuatro servicios de farmacia sociosanitarios, al personal personal ubicado en la unidad de coordinación, en las dependencias de la conselleria competente en materia de servicios sociales, el transporte de los medicamentos, el desplazamiento de los profesionales a los centros y otros conceptos de mantenimiento y suministro de material necesario para su funcionamiento. Este personal será asumido por la Generalitat Valenciana bajo la figura de personal laboral a extinguir, una fórmula polémica, sin perjuicio de adoptar otra más adelante, expone el texto.

Dicho contrato, indica el decreto, ha sido gestionado por una sucesión de empresas, permitiendo el mantenimiento ininterrumpido de la actividad de los servicios de farmacia, la prestación farmacéutica a los usuarios residentes y la subrogación del personal hasta la actualidad.

El contrato se extinguió en mayo de 2014 pero la empresa siguió prestando el servicio con las mismas condiciones a petición de la Generalitat Valenciana, dada la delicadeza del servicio, que no puede interrumpirse, como “deber público”. En 2018, a través de la ley de Acompañamiento a los presupuestos, los partidos del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Unides Podem) modificaron la normativa para que la atención farmacéutica en centros sociosanitarios de titularidad pública de la Generalitat Valenciana pase a depender, en titularidad y gestión, de la conselleria con competencias en materia de sanidad, proceso que culmina con el decreto aprobado el 1 de julio.