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La infrafinanciación y los contratos de la pandemia lastran las cuentas públicas valencianas

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, recibe de su predecesor Arcadi España la cartera de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

Laura Martínez

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Los resultados de la liquidación del presupuesto del 2023, año en el que se produjo el cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana y de las prioridades políticas, practicada por la Intervención General y presentada al pleno del Consell arroja un resultado negativo de 2.946 millones de euros en las cuentas autonómicas.

En el presupuesto de ingresos y derechos reconocidos netos se aprecia un crecimiento con respecto a 2022 de 2.562 millones de euros (un 15,77%), pero el incremento de las obligaciones reconocidas (los pagos) en 2.266 millones (+11,62%) determina que el resultado presupuestario no financiero se sitúe en los citados 2.946,4 millones en negativo.

Como fue el año de transición entre dos coaliciones radicalmente opuestas, las culpas son repartidas y las acusaciones cruzadas. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, atribuye el resultado a la “pesada mochila heredada” del Ejecutivo del Pacto del Botánico. El resultado, apuntó, se debe al incremento de las obligaciones (un 11,62 % en 2023) y a “gastos estructurales que, de un año para otro, han ido creciendo”. En concreto, citó el aumento del capítulo I -personal- que creció en más de 543 millones de euros y el II, de gastos de funcionamiento, que creció 853 millones de euros. La consellera apuntó que esa diferencia “se puede reducir”, en línea con el discurso del PP sobre minimizar la estructura de la Administración autonómica.

El peso de la infrafinanciación es también notable. Según apuntó la titular de Hacienda, el incremento de la deuda viene generado principalmente por el exceso de déficit de la Generalitat en 2022, que se financia al año siguiente al través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Estos retrasos en la financiación ordinaria comprometen los objetivos de estabilidad, apuntó Merino.

Las partidas señaladas corresponden a contratación de personal y su masa salarial y a la compra de bienes y servicios. Sobre la primera, que aumenta 544 millones en el gasto en 2023, los socialistas apuntan que el pasado año hubo un aumento de sueldo a los empleados públicos de cerca del 3%, que supone unos 240 millones de euros. Además, incluyen en este aumento la consolidación de plazas por cursos en Educación y en Sanidad como respuesta a la pandemia, 249 para los primeros y 228 para los segundos. Sobre la segunda partida, defienden que el 80%, casi 735 millones de euros, corresponde a compras de la Conselleria de Sanidad, que vinculan a una mejor prestación de los servicios públicos.

El grupo socialista acusa al actual Consell de una mala gestión de los recursos. “Carlos Mazón ha quedado retratado con un déficit de 3.000 millones de euros, pese a que la Generalitat ha contado con un 26% más de recursos del sistema de financiación que en ejercicios anteriores” por parte del Gobierno central, censuraron desde el PSPV. Además, recalcan, están los efectos de los decretos anticrisis y el aumento de precios provocado por la guerra de Ucrania, que también repercute en los costes de la administración.

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