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Juristes Valencians pide a PP y PSOE votar la enmienda de Compromís para incluir el derecho civil propio en la reforma constitucional

Representantes valencianos reclaman la recuperación del derecho civil.

Laura Martínez

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La Associació de Juristes Valencians reclama al Congreso que incorpore la recuperación del derecho civil valenciano en la reforma constitucional. La plataforma pide a los grupos parlamentarios del PP y el PSOE que apoyen la enmienda de Compromís a la reforma del artículo 49, pactada por los dos grandes partidos para dignificar la terminología referida a las personas con diversidad funcional. El diputado valencianista Joan Baldoví ha presentado un escrito solicitando, como se aprobó en las Corts Valencianes, que en la misma reforma se añada una cláusula para asegurar la capacidad legislativa del Parlamento autonómico en materia civil.

El pasado 24 de enero PP y PSOE acordaron iniciar el procedimiento de reforma constitucional para sustituir el término “disminuido” y blindar las políticas de discapacidad. Los grupos mayoritarios se comprometieron a limitar la modificación, que requiere de un extenso procedimiento legislativo, a realizar esta corrección, ante el temor a que otros grupos políticos quisieran introducir cuestiones de mayor calado, que afecten a la estructura del Estado. El acuerdo entre la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, deja fuera de la reforma la reparación de un agravio a la Comunitat Valenciana que ambos partidos se han comprometido a resolver.

Para resolver el conflicto, la entidad aboga por una reforma de la Constitución que recoja esta capacidad efectiva. En una rueda de prensa, el presidente de la asociación, José Ramón Chirivella, ha reclamado a los grupos que apoyen la enmienda de Compromís, avalada por la asociación, que introduce un párrafo en la disposición adicional segunda de la Constitución, para que diga: “La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas (...) se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales”.

Chirivella, promotor de la recuperación de esta capacidad normativa desde la plataforma, que cuenta con el respaldo de los colegios de abogados valencianos, ha instado a PP y PSOE a posicionarse sobre la reforma con su voto en la tramitación, que se verá en unas semanas. “Lo único que tienen que decir es si aceptan la enmienda o no”, ha incidido. Además, ha emplazado a los diputados valencianos de estos dos partidos a “influir” para que sus formaciones a nivel estatal voten a favor y ha advertido de que, de no ser así, votarían “en contra del autogobierno”. Por parte de Podemos, según ha trasladado, se dará apoyo a esta medida.

Juristes Valencians manifiesta su “decepción” y “hartazgo” ante los “constantes incumplimientos” de ambas formaciones, y reprocha a sus dirigentes, tanto nacionales como autonómicos, no cumplir con su palabra. Alberto Núñez Feijóo, recuerdan, planteó una posición favorable, como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al que reclaman un papel más activo en esta reivindicación de autogobierno que está recogida en el Pacto del Botánico. Este jueves Puig responderá sobre esta cuestión en la sesión de control, ante una pregunta de la síndica de Compromís, Papi Robles, que considera un “ataque” al autogobierno valenciano el acuerdo de los dos partidos.

Este martes los dirigentes del PPCV y el PSPV han insistido en que defienden la reforma, pero creen que no habrá acuerdo a nivel estatal. Preguntado por esta cuestión en Alicante, el presidente valenciano ha remarcado el compromiso, que enmarca en una negociación compleja. “Lo continuaremos exigiendo, sabemos de la dificultad en estos momentos porque hay muchas enmiendas y, por lo que se ve, ahí se va a articular una discusión difícil para armonizar un acuerdo”, ha apuntado Puig, mientras que Carlos Mazón, presidente del PP valenciano, ha justificado el temor de su partido en una “ofensiva separatista”. “Comprendo que haya que ser cautelosos con Pedro Sánchez en la Moncloa (...) Estaría mucho más tranquilo si Alberto Núñez Feijóo fuera el presidente, porque tiene un compromiso con este tema”, ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Lo que comúnmente se ha denominado derecho civil valenciano es en realidad una forma de hacer efectiva una capacidad reconocida en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que recoge el derecho foral. Esto habilita a las Corts Valencianes, como hacen otros seis parlamentos autonómicos en base a sus antecedentes históricos, a redactar una normativa concreta sobre algunos aspectos de las relaciones humanas; en concreto, sobre parejas de hecho, separaciones, custodia compartida, herencias o transmisiones patrimoniales en empresas familiares. La capacidad legislativa se perdió con tres sentencias del Tribunal Constitucional, que, por sucesivos recursos interpuestos por el PP, declararon contrarias a las competencias autonómicas sendas leyes valencianas. Los juristas recuerdan que en autonomías como Galicia, que Feijóo ha presidido durante tres legislaturas, tienen esta capacidad efectiva para legislar, y recalcan que no ha supuesto ningún problema de convivencia con el resto de España. La plataforma prepara una movilización para el 26 de febrero y reitera que existe “unanimidad prácticamente absoluta en la sociedad civil y las instituciones”.

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