Políticas de vivienda: la Generalitat triplica las ayudas de alquiler y compra 1.200 pisos

Las ayudas de vivienda en la Comunitat Valenciana firman su cifra más alta, pero el parque público de vivienda apenas ha crecido en una legislatura en términos absolutos. La legislatura arrancó con 14.043 viviendas públicas y termina con 14.624, según los datos facilitados por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

En los últimos cuatro años se han adquirido 1.262 viviendas con una inversión de 76 millones de euros, más de dos tercios a través del ejercicio del derecho al tanteo y retracto, una posibilidad que arrancó en julio de 2020 con la aprobación del decreto homónimo. En los dos últimos años, desde su entrada en vigor, se han adquirido por esta vía 818 viviendas, con un coste de 46 millones de euros. Este decreto ha permitido comprar viviendas hasta por un euro, con un coste medio de 60.000 euros por hogar. Con todo, el parque público no crece al mismo ritmo dado que las promociones de vivienda protegida se encuentran en mínimos históricos y la legislación anterior permitía vender estos pisos, perdiendo su consideración y los activos del parque público. El departamento que dirige Héctor Illueca estima que en la próxima década se pueden perder otras 3.000 viviendas, fruto de compromisos de venta anteriores.

A la cifra de viviendas públicas actuales habría que sumarle, cuando se materialice la operación, las viviendas que se incorporarán fruto del acuerdo con la Sareb. Los técnicos de la conselleria que dirige Héctor Illueca trabajan para incorporar 325 nuevas viviendas-182 en la provincia de Valencia, 91 en Alicante y 52 en Castellón- en un primer paquete que se encuentra en estado óptimo. El llamado banco malo, que adquirió los activos tóxicos durante la crisis inmobiliaria, puso a disposición del Ejecutivo autonómico 1.700 viviendas para ser estudiadas y formar parte de la oferta pública. Tras una primera evaluación, se determinó que 583 estaban en condiciones para incorporarse al parque público. La Conselleria de vivienda trabaja en un plan para poner en circulación 2.400 viviendas reactivando promociones propias en La Torre, Gandia, Elche, Alicante y Torrent y, a través de la colaboración público privada, incentivar la construcción de 1.100 viviendas en suelo público.

Por otra parte, la Conselleria de Vivienda ha invertido en rehabilitación de barrios 142 millones de euros, que han repercutido en 23 municipios de todo el País Valenciano. Además, se han reactivado las promociones de vivienda de la pedanía valenciana de La Torre, con 184 viviendas, y de la Plaça de l'arbre en València, de cuatro viviendas.

Triplicar las ayudas al alquiler

La cifra que sí ha sufrido un importante aumento es la de ayudas al alquiler. En 2019 han pasado de 20 millones de euros, que han cubierto a 12.140 personas, a 67,9 millones en 2022, con 12.694 beneficiarios y 158 entidades locales que han recibido estas ayudas. Por ejercicios, en 2020 se destinaron 37 millones de euros para 18.457 beneficiaris y 169 entidades locales; en 2021, 33,61 millones de euros con 24. 637 beneficiarios y 277 entidades locales; hasta llegar a los 67,9 millones de euros actuales. En total, la inversión en ayudas al alquiler ha sido de 158,5 millones de euros. Se ha destinado el doble en ayudas al alquiler que en adquisición de viviendas.

La media de precios del alquiler de viviendas en la Comunitat Valenciana ha experimentado un incremento interanual del 17’1% en junio de 2022, hasta alcanzar el máximo histórico de 9,71 euros el metro cuadrado al mes: casi el doble que hace siete años, según los datos del departamento que dirige Illueca. Esta conselleria apunta como causas principales del aumento del precio del alquiler la escasez de vivienda pública, el insuficiente alquiler asequible, el auge de los pisos turísticos, y las prácticas especulativas de algunos grandes tenedores, contrarias a la función social de la vivienda.

La promoción de vivienda protegida se encuentra en mínimos históricos. En los años 90 se produjo un boom con más de 100.000 viviendas, cifra que comenzó a decaer en la primera década de los 2000 y descendió abruptamente desde la crisis inmobiliaria. Desde 2020 solo ha habido 17 peticiones que suponen menos de un millar de viviendas en tramitación; el año de la pandemia apenas se solicitaron cuatro calificaciones. Para revertirlo, el Ejecutivo autonómico acaba de aprobar un decreto que unifica las promociones, impide que pierdan la consideración de vivienda protegida y limita los precios de alquiler.

Las 14.600 viviendas del parque público apenas suponen el 0,7% de la vivienda total en la Comunitat Valenciana. Pese a la legislación aprobada y la compra pública, a fecha de enero de 2023, hay 13.356 familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública. Además, los últimos datos en relación con las viviendas vacías, referidos al año 2021, situaban este número en 86.137, de las que la Generalitat estima que unas 20.000 pueden estar en manos de grandes tenedores y la Sareb.