Cuando el PP quiso hacer de la investigación a Mónica Oltra un problema europeo

Durante dos legislaturas, el PP valenciano utilizó todas las instituciones a su alcance para hostigar a la entonces vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por la investigación de abusos a una menor tutelada por parte de un educador social, que era su exmarido. La derecha y la ultraderecha, primero extraparlamentaria y después ya dentro de las Corts Valencianes, quisieron convertir la causa del hombre, condenado por ello, en la causa de la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, enmarcándola en un supuesto problema general de desprotección de los menores a cargo de la Administración pública.

Las diputadas del PP Elena Bastidas y Maria José Catalá desarrollaron una gran ofensiva contra Oltra a cuenta de los centros de menores. Oltra compareció en una decena de ocasiones sobre este tema en las Corts Valencianes y fue una objeto de preguntas reiteradas en las ruedas de prensa del Consell. Además de ser un tema constante en las sesiones de control al Gobierno del Pacto del Botánico, la unión del PSPV, Compromís y Unidas Podemos, la causa llegó al Parlamento Europeo. Bastidas solicitó en noviembre de 2021 a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que dirige la exministra del PP Dolors Montserrat, abrir una investigación al departamento de Oltra por desprotección de los menores tutelados. El organismo pidió información a la Comisión Europea, que determinó que no era un asunto de su competencia, pero el PP no se rindió. La mayoría conservadora de la Eurocámara consiguió introducir en el orden del día las denuncias del PP contra el departamento de Mónica Oltra.

La diputada Elena Bastidas y la abogada Ana María Gil reclamaron la intervención de la Comisión para “proteger a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales en los establecimientos públicos de la comunidad autónoma, ante la que considera actitud laxa y dejadez de las autoridades regionales y nacionales españolas al respecto”. El informe del Síndic en el que se basaba fue elaborado a raíz de una denuncia suya.

Los populares siguieron adelante con esta causa empleando la mayoría que la derecha y la extrema derecha tienen en el órgano, que permite contradecir a la Comisión Europea si así se aprueba por votación. La investigación se abordó en una sesión en septiembre de 2022, con la exvicepresidenta y líder de Compromís ya imputada y apartada de la primera línea política a causa de la imputación judicial que ha sido sobreseída esta semana. La presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, cambió el criterio de votación en mitad de la sesión para favorecer un caso presentado por la portavoz del PP en las Corts Valencianes, un acto que le afearon socialistas, los verdes, la Izquierda y los no adscritos. Este grupo de partidos manifestó que se atenían al manual: una petición sobre un tema que excede el ámbito de la Unión no debe mantenerse abierta, máxime cuando el asunto está judicializado en España. El debate culminó con un compromiso de investigación parlamentaria de las normas de protección de menores tutelados víctimas de abusos.

En su intervención ante la Cámara europea, la diputada popular afirmó: “Los menores tutelados han sido abandonados a su suerte de doble manera: son víctimas de abusos por un lado y son víctimas de una administración que no los defiende por otro”. Y añadió: “Sólo la presión social y mediática forzó la dimisión de la vicepresidenta Oltra”.

El Gobierno valenciano presidido por Ximo Puig presentó una queja al Parlamento Europeo por el desarrollo del debate de la Comisión de Peticiones, cuestionando la legalidad de la votación que alteró la presidenta de la comisión y exministra del PP. El escrito de la vicepresidencia del Consell, ya a cargo de Aitana Mas (Compromís), denunció “un uso anómalo y partidista de la Presidenta” que “retorció la interpretación del reglamento” y “pervirtió el modo de votación”, recordando que “coinciden los intereses de la Presidenta y de su partido político”.

La decisión de la Cámara, según consta en el acta, fue: “Mantener abierto el examen de la petición y pedir a la Comisión Europea que mantenga informada a la Comisión de Peticiones sobre el procedimiento de infracción por transposición incorrecta de la Directiva 2011/93/UE por parte de España”. No consta conclusión de la investigación y se encuentra “abierta a adhesiones”, según el portal de la Comisión.

El informe del Síndic de Greuges

La denuncia que Bastidas presentó a Bruselas se basa en un informe del Síndic de Greuges, que, con datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, competente en menores, detectó que entre los 4.000 menores tutelados por la Generalitat Valenciana, en 175 casos se activaron los protocolos por sospecha de abusos entre junio de 2020 y el mismo mes de 2021. El informe se refería, aunque no especifica con detalle este extremo, a unos presuntos abusos que se habrían producido en su mayoría fuera de los centros públicos y por personas ajenas a los recursos de protección, dado el entorno social y familiar complicado del que suelen proceder los menores acogidos bajo la tutela de la Administración. La investigación se abrió en enero de 2021 por una queja del PP y el expediente se cerró pocos meses después al aceptar Igualdad las recomendaciones del Síndic, figura similar a la del Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana. El PP también llevó a nivel nacional esta denuncia.

La entonces portavoz del Grupo Popular, Maria José Catalá, pidió a Bruselas una ampliación de la investigación e indicó en una rueda de prensa que la situación de los menores tutelados por la Generalitat “se ha convertido en un escándalo” y aseguró que existían 175 casos de abusos en un año, de los que “el 72% estaban en acogimiento residencial”, retorciendo los datos. El mismo informe en el que se basaba la denuncia del PP reseñaba presuntos abusos producidos fuera de los centros públicos y por personas ajenas a los recursos de protección, con cuatro sospechas vinculadas al área de Educación y Deportes. La queja fue archivada en enero de 2022 porque la conselleria aceptó todas las recomendaciones del organismo.

El informe creó una fuerte tensión entre el Síndic, el socilista Ángel Luna, y el departamento de Oltra. La sindicatura acusó a la conselleria de obstaculizar el acceso a la información, mientras que esta cuestionó su independencia. Compromís señaló en el pleno que un exalto cargo del PP en la antigua Conselleria de Bienestar Social cuando la dirigía el fallecido Juan Cotino era el encargado de supervisar los centros que dependían de Oltra. La coalición apuntó a un exsecretario autonómico de Bienestar Social con Francisco Camps y exjefe de gabinete de Juan Cotino en la presidencia del Parlamento valenciano como encargado de las cuestiones referentes a este departamento. A su parecer, que un exalto cargo del PP fiscalice a una conselleria de Compromís que él mismo anteriormente gestionó genera dudas sobre la imparcialidad de la institución. La respuesta del Síndic de Greuges fue cerrar filas y argumentar que en su organismo se trabaja como en Fuenteovejuna.