Los socialistas valencianos dan portazo a la tasa turística que defienden sus socios de Gobierno

El PSPV cierra la puerta a la tasa turística para 2022. Los socialistas valencianos se plantan ante sus socios de Gobierno y aseguran que, si siguen forzando una votación este año, darán por rota la negociación para el resto de la legislatura. Los representantes del Grupo Socialista en las Corts Valencianes han votado en contra de una enmienda de Compromís y Unides Podem a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos este jueves en la comisión de Economía y Hacienda, donde se han debatido las aportaciones de los grupos a la norma. El voto del PSPV junto al PP, Ciudadanos y Vox, ha dejado sin encaje la propuesta del impuesto, que podrá quedar 'viva' para el último pleno de diciembre, si los proponentes la mantienen.

Los partidos que componen el Gobierno del Botánico habían avanzado en consensuar un impuesto de ámbito municipal y de aplicación voluntaria, según la idiosincrasia de cada territorio, una de las exigencias que planteaban los socialistas. Pese a este acercamiento, el portavoz de PSPV, Manolo Mata, admitía antes de la comisión que, si se lleva al pleno, votarán de nuevo en contra. El síndic socialista considera que el impuesto no debe introducirse en una ley de acompañamiento “de manera inmediata sin hablar con el sector”, pese a que el debate se abrió en las Corts Valencianes en 2017.

Los socialistas reprochan a Compromís y Unides Podem que reactiven el impuesto, que genera un fuerte rechazo en la patronal, cuando se aproxima el debate presupuestario y optan por iniciar un procedimiento legislativo como en otras autonomías. También afean a sus socios que se empecinen en introducir el asunto en la agenda política del próximo ejercicio si coinciden en que debe esperar un año más para aplicarse. El pasado mes, los grupos de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia aprobaron una resolución comprometiéndose a establecer una tasa cuando el sector se recupere de la pandemia, pero recuerdan que necesitan que el Parlamento autonómico cree el marco legislativo.

La contraoferta del PSPV a sus socios pasa por abrir la mesa de diálogo a los empresarios turísticos y presentar una proposición de ley entre los tres grupos del Botánico para que la norma quede redactada en el último año de la legislatura. En su congreso, celebrado en octubre en Benidorm, los socialistas invitaron a la patronal turística Hosbec a una mesa de sostenibilidad turística, moderada por el secretario autonómico del ramo, donde ambos manifestaron su rechazo al gravamen. Lo mismo hizo el representante de la Confederación Empresarial Valenciana durante la siguiente jornada en el hotel Bali de Benidorm, símbolo del turismo de masas de la costa alicantina.

Compromís y Unides Podem aseguran que llevarán la enmienda al pleno, forzando al PSPV a posicionarse públicamente, una vez más, contra el gravamen y a votar con la derecha contra sus socios de gobierno. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, que se reunió el miércoles con el alcalde de València, Joan Ribó, insistió en que actualmente son los vecinos de las ciudades turísticas quienes asumen el coste del servicio y reiteró que hay “evidencia científica que dice que una tasa nunca ha impedido que las visitas aumenten en todas las ciudades en las que se ha implantado”.

La tasa en otras autonomías

Cataluña creó la tasa turística a través de la ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2012, que incluyó un título específico para la creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos que en una decena de folios regula su aplicación. La norma se ha ido actualizando y modificando a través de las leyes de acompañamiento, en las que el Gobierno ha variado los gravámenes en función del tipo de alojamiento y la duración de la estancia. En Baleares, la otra autonomía con este gravamen, el Parlamento lo aprobó en la ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible. Este texto de apenas 16 folios regula la llamada ecotasa y crea un fondo para favorecer el turismo sostenible.

Según la Agencia Tributaria de Catalunya, desde 2013 las arcas públicas han recaudado 371 millones de euros. En el último año completo antes de la irrupción de la pandemia, Catalunya recaudó 65 millones de euros, de los que cerca de la mitad corresponden a la ciudad de Barcelona. En el mismo año, Baleares recaudó 131 millones de euros, cuadruplicando la recaudación de 2016, su primer año de aplicación. Ninguna de las dos autonomías ha visto mermada la cantidad de visitantes desde la implantación del impuesto.