El Puerto de València prevé aplazar la adjudicación del polémico proyecto de ampliación por la crisis del coronavirus

Uno de los proyectos más polémicos que llegaba a un momento de su tramitación decisivo sufrirá previsiblemente un retraso inesperado debido a la crisis del coronavirus.

Y es que, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), pretendía adjudicar en el consejo de administración de este mes a la compañía TIL, filial de la naviera MSC, el equipamiento y la explotación de la futura terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto mediante una concesión a 50 años.

Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad han informado a eldiario.es que el próximo consejo de administración se celebrará de forma telemática el 3 de abril y que en principio no está prevista la adjudicación de la concesión, sino tan solo asuntos menores vinculados a la renovación de contratos menores que se deben aprobar para no perjudicar a terceros.

En esta reunión, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, podría solicitar a los consejeros la delegación de todas las competencias en su persona mientras dure el actual estado de alarma.

Esta es una de las medidas extreordinarias que ha previsto Puertos del Estado (PE) como consecuencia de las acciones de contención del COVID-19 decretadas por el Gobierno de España y quedan plasmadas en el documento 'Recomendaciones de actuación para las Autoridades Portuarias ante la crisis creada por el COVID-19 y medidas adeptas por Puertos del Estado'.

En concreto, uno de los puntos establece que “en previsión de que, como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19, sea preciso adoptar con carácter inmediato medidas de extraordinaria urgencia y necesidad que sean competencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria a tenor de las disposiciones legales, Puertos del Estado entiende oportuno que los consejos de administración de las Autoridades Portuarias, para esos supuestos exclusivamente y sólo mientras permanezca en vigor el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación (incluyendo sus eventuales prórrogas), se puedan plantear, de reunirse, delegar sus competencia en sus presidentes o presidentas”.

La Autoridad Portuaria de Castellón, en su última reunión, ya planteó esta opción la cual fue aprobada con los únicos votos en contra del representante de Compromís. Con todo, para su aprobación bastaría con una mayoría simple del consejo.

Fuentes de Compromís han asegurado a este diario que de plantearse esta medida en el consejo del 3 de abril, su voto también será contrario: “si se pueden hacer los consejos telemáticos y se pueden votar los puntos no entendemos la necesidad en delegar todas las competencias al presidente”.

Una ampliación que acabará en los juzgados

La adjudicación a TIL de la concesión de la nueva terminal, una vez se produzca, abrirá una batalla judicial por el proyecto de ampliación del Puerto de València.

Y es que, paradójicamente, la adjudicación se llevará a cabo entes de que se presente el proyecto definitivo de los futuros muelles que deberá construir la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el cual está en fase de redacción, y antes de que el Ministerio de Transportes (antes Fomento) se pronuncie sobre si es preceptiva una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

De esta forma, será muy complicado que finalmente el proyecto se pueda paralizar y de ser así, la compañía adjudicataria, que invertirá en torno a 800 millones de euros en toda la maquinaria necesaria para poner en marcha la terminal, podría exigir compensaciones si se produce un retraso excesivo en el cronograma establecido para la puesta en marcha de la infraestructura y por supuesto si llegara a descartarse.

La realización de una nueva DIA supodría un retraso en los plazos, según el propio presidente de la APV, Aurelio Martínez, de un mínimo de tres años, con lo que quizás, una vez adjudicada a TIL la concesión, la compañía podría tener argumentos legales para exigir algún tipo de compensación.

De hecho, el propio Martínez siempre ha insistido en que está dispuesto a negociar cualquier aspecto del proyecto que no implique un retraso en los plazos y mucho menos una DIA que implicaría años de parálisis.

Precisamente, esta es una de las cuestiones que la Comissió Ciutat-Port va a argumentar para impugnar la adjudicación de la concesión a TIL mediante un recurso contencioso administrativo en el que además solicitarán la paralización cautelar de todo el proceso administrativo.

Según ha explicado Montiel, la entidad considera que “no se puede producir esa adjudicación sin que se haya resuelto antes si el proyecto en su conjunto requiere de una nueva DIA, entre otras cosas porque aún no hay proyecto”.