Los rectores de las universidades públicas valencianas esperan el plan de financiación, con tres años de retraso, para “guiar el futuro” de las instituciones académicas
Los rectores de las universidades públicas valencianas esperan con ansia el plan de financiación de la Generalitat, que, aunque lleva tres años de retraso, supondrá un balón de oxígeno para las entidades académicas: “Nos ayudará a guiar el futuro”. Los cinco responsables han reivindicado la necesidad de un modelo “moderno” durante el relevo en la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, que pasa de la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, al rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla. La presidencia del organismo es rotatoria y se produce con el acuerdo entre la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante, La Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad Miguel Hernández de Elche.
La previsión es que el plan se suscriba en los dos próximos meses y las conclusiones se presenten en las próximas semanas. El plan supone 1.000 millones de euros para las cinco instituciones, además de la cantidad necesaria para sufragar las consecuencias de la firma y aplicación del Convenio colectivo del personal laboral. La conselleria de Innovación y Universidades, entonces a cargo de Carolina Pascual, externalizó la redacción de la propuesta económica, con una dotación de 82.000 euros para realizarla el pasado año, después de un retraso considerable en la preparación de las líneas básicas.
En enero, la actual consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, fijó en marzo la fecha para “sellar” el Plan Plurianual de Financiación universitaria el próximo marzo. “El diálogo está abierto y hay voluntad por parte de todos para alcanzar ese acuerdo. Se trata de que el Plan Plurianual sea fruto del consenso de todas las universidades ya que estamos ante un único sistema de financiación pública que integra a todas las universidades, cada una con sus singularidades y especificidades”, apuntó la consellera.
La titular de Universidades destacó entonces el aumento de la dotación presupuestaria de las universidades en casi 31 millones del pasado año y la inversión global. El Ejecutivo autonómico elevó la subvención ordinaria de 777 a 824 millones en las cuentas públicas, además de los complementos retributivos del personal de las universidades. El Consell recalca los 95 millones destinados a acometer el Plan de Financiación que equivale a lo pagado en concepto de deuda histórica de las entidades académicas.
La viabilidad de la ley, en duda
En su discurso, el rector de la UPV ha agradecido a la Generalitat su “esfuerzo” por haber abonado la deuda histórica a las universidades, que ayudará a “paliar los problemas cronificados y a renovar equipos e infraestructuras”. Respecto a la ley de universidades que tramita el ministerio de Juan Subirats, los responsables académicos muestran escepticismo. Capilla se ha mostrado “preocupado y muy crítico” al respecto de algunos problemas que, a su juicio, podrá conllevar su implementación. Entre otros aspectos, se ha referido a que la nueva ley no va acompañada por una memoria económica. “Para reducir la temporalidad que pretende la LOSU, vamos a requerir de nuevos recursos que no se nos da”, ha dicho.
El rector de la UPV también ha valorado como “papel mojado” el compromiso de un gasto mínimo del 1% del PIB español que plantea la LOSU para el sistema universitario, así como la posibilidad de que dentro de los claustros se puedan realizar pronunciamientos políticos. Algo que ha calificado de “muy peligroso”.
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