Rus y Benavent comparecerán en la investigación de las residencias para dependientes del grupo Savia
El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP) y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, conocido como el 'yonki del dinero, comparecerán, con los votos en contra del PP, en la comisión de investigación sobre la adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figuran Lubasa o Sedesa -propiedad de la familia Cotino-, además del empresario Enrique Ortiz.
La comisión ha aprobado este lunes la modificación del listado de personas que tienen que declarar en esta comisión con la exclusión de 19 personas por unanimidad y con la inclusión de 14 nuevos comparecientes, entre ellos Rus y Benavent, que ha contado con la oposición del PP.
No obstante, la portavoz popular, María José Catalá, ha anunciado que van a “impugnar la propuesta y el acuerdo que se tome” y ha criticado que, con esta ampliación de comparecientes, el resto de grupos simplemente quiere ver “si sacan algún rédito político”. “'The show must go on'”, les ha recriminado.
Al respecto, ha advertido de que con esta estrategia “ensucian la política” y “abren un camino peligroso” ya que los parlamentarios están para “hacer un trabajo serio y riguroso” y “no para seguir con la política de acoso y derribo al PP”. Por ello, ha exigido conocer “qué circunstancias sobrevenidas hacen necesaria esta ampliación de personas”, así como una justificación de la necesidad de cada una de los nuevos testimonios.
Además de Rus y Benavent comparecerán el presidente de Cleop, Carlos Turró; los exjefes de gabinete del exconseller Juan Cotino Ignacio Calabuig y Pedro José Martínez; los jefes de servicio de Inspección Miguel García y Joaquín Vera; el asesor del gabinete de conselleria Francsc Xavier; los designados para el ejercicio del cargo por Ruralcaja como administrador único de la sociedad Siete Treinta SL Joaquín Heliodor, José Enrique Martín, y Luis Manuel Portillo y Eduardo Balaguer y Vicente Parra del Ayuntamiento de Xàtiva.
Declaraciones de responsables de Bienestar Social
Por otra parte, en la comisión del lunes también ha comparecido el exsecretario autonómico de Prestaciones Sociosanitarias de la Conselleria de Bienestar Social Francisco Javier Reverte, que ha asegurado que no recibió “ninguna indicación ni presión por parte de nadie, ni de políticos ni de empresarios” en este proceso.
No obstante, ha reiterado en varias ocasiones que no era competente ni se encargaba de este concurso de adjudicación. Así, ha explicado que fue nombrado en 1999 director general de Integración Social de Discapacitados y entre 2003 y 2007 secretario autonómico, y que desde ese cargo se centró en la puesta en marcha de la Ley de Dependencia y en tareas de coordinación y que mantuvo reuniones con las empresas adjudicatarias pero que no tenía “ningún poder de decisión”.
Por ello, ha afirmado, en respuesta a los diputados, que no intervino en la orden que regulaba el funcionamiento de estos centros servicios sociales, ni en el proceso de adjudicación a Savia, -“nunca vi los papeles”, ha dicho-, ni tenía conocimiento oficial de que era la familia de Cotino quien se adjudicó el 40% de plazas. “Sabía lo que salía por los medios pero no tengo ninguna relación con ese grupo empresarial”, ha asegurado.
En esta línea, ha afirmado que sobre el concurso “no estaba al tanto para nada”, por lo que desconoce el proceso de fijación de un precio distinto para las residencias adjudicatarias del bono residencia, ni sabe por qué no se exigió el cumplimiento de las cláusulas del contrato, ni por qué no se recurrió la sentencia que fijaba al alza el precio.
Asimismo, ha señalado que cuando estuvo al frente de la patronal de residencia Aerte se limitaba a trasladar “a quien correspondiera” de la Conselleria las decisiones que se adoptaban en la junta directiva. No obstante, sí que ha admitido que había “discrepancias lógicas” porque había centros que se sentían “perjudicadas” hasta el punto de que las residencias de accesibilidad se escindieron y crearon su propia patronal.
Asimismo, ha recordado que fue destituido del cargo cuando Juan Cotino fue nombrado conseller. Al respecto, ha apuntado que le hubiera gustado seguir porque le gusta la política como “una forma de trabajar por los demás”, pero que “ve lógico” que cuando entra un nuevo conseller quiera rodearse de su equipo.
Firma de resoluciones
Por último, la exdirectora territorial de Alicante Lucía Carmen Cerón ha explicado que ella se limitaba a firmar las resoluciones que le pasaban los técnicos, que contaban con toda su “confianza”. Cerón ha afirmado que “nunca” recibió “ninguna instrucción” y ha afirmado que no conocía ni a Cotino ni a Ortiz.
Cerón ha afirmado que si alguien le hubiera pedido alguna irregularidad hubiera dimitido y ha apuntado que en las reuniones técnicas que mantuvo con el secretario autonómico Joaquín Martínez “nunca” escuchó algo que “chirriara”.
La diputada del PP María José Catalá ha apuntado que se ha citado a Cerón porque “era del PP” y ha sido nombrado directora general del Instituto de la Mujer. Al respecto, el presidente de la comisión ha recordado que todas los comparecencias de la primera fase fueron aprobadas “por unanimidad”.
