Tres alcaldes y un exfiscal: así están las causas abiertas en la Comunitat Valenciana por colarse en el proceso de vacunación

A finales del 2020 y en plena tercera ola, la más dura y mortífera de toda la pandemia, arrancó el proceso de vacunación en la Comunitat Valenciana. Personal sanitario, sociosanitario y personas mayores internas en residencias fueron los primeros en recibir las dosis.

Sin embargo, hubo quien de forma más o menos intencionada se saltó el orden establecido para vacunarse y quedar protegido frente a la COVID 19. Alcaldes, concejales, diputados provinciales, un fiscal, un obispo y varios dirigentes sindicales conformaron la relación de personas que la Conselleria de Sanidad Universal y salud Pública detectó que pudieron colarse en el proceso.

En concreto, Sanidad informó a principios de febrero de que, tras analizar 233 casos la dirección general de Recursos Humanos (por si algún profesional sanitario había cometido irregularidad) y Salud Pública (por si se había vacunado a personas que no tocaba), se detectaron 62 casos susceptibles de ser investigados por si existen responsabilidades, entre ellos nueve cargos públicos y un fiscal.

Sin embargo, de todas las investigaciones abiertas por las fiscalías de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, tan solo quedan pendientes de resolverse la del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, la de los alcaldes socialistas de El Verger, Ximo Coll, y de Els Poblets, Carolina Vives, y la del exfiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta.

De todos ellos, la investigación más avanzada es la que afecta al alcalde popular de la Nucia, Bernabé Cano, que está procesado y al borde del banquillo de los acusados por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación administrativa, supuestamente por aprovecharse de su cargo para vacunarse antes de que le tocara, en concreto el 6 de enero del pasado año en una residencia privada de la localidad. La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación, además de nueve meses de prisión y dos años de suspensión de cargo público.

La jueza considera que es “evidente” que la aceptación del pinchazo fue una “dádiva”. Así, el alcalde popular recibió la preciada dosis, en un contexto de “mayor incidencia de la pandemia” de la COVID-19, “a sabiendas de que no le correspondía recibir la vacuna en ese momento”. La instructora tumbó así, uno por uno, todos los argumentos del alcalde popular en un contundente auto.

Tras el revuelo por su imputación, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, le retiró las competencias a Cano, aunque mantiene el puesto en la institución provincial.

En cuanto a los alcaldes del PSPV de El Verger, Ximo Coll, y de Els Poblets, Carolina Vives, siguen investigados (antes imputados) tras acudir a declarar el pasado mes de noviembre al juzgado de instrucción número 2 de Dénia.

Coll y Vives, que se mantienen en el cargo, se vacunaron juntos en el centro de salud de El Verger el pasado 8 de enero. Según alegó el propio Coll en aquel momento, recibieron una llamada del centro de salud para que acudieran debido a que “sobraban dosis” y prefirieron vacunarse antes de que se “tiraran a la basura”.

Además, la Fiscalía de Castellón mantiene abierta la investigación por las supuestas vacunaciones irregulares que se administraron saltándose el orden establecido en el centro de salud 9 de Octubre de Castellón, en el que se inyectó la primera dosis el exfiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, el pasado 11 de enero, mucho antes de la fecha que le hubiera correspondido. Tras revelar esta situación elDiario.es, Cuesta presentó su dimisión.

A los pocos días, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, ordenó la apertura de un expediente a fin de recabar toda la información al respecto. Fuentes cercanas al caso afirman que, además de Cuesta, estarían también en el punto de mira al menos una veintena más de personas del centro de salud del que su mujer es la coordinadora.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía de València han informado a este diario de que a finales del pasado mes de agosto el juzgado número 4 de Massamagrell dictó auto de sobreseimiento en relación con la investigación abierta por el mismo motivo al alcalde socialista de Rafelbunyol, Fran López (PSPV), quien se vacunó el primer día de la campaña -el 27 de diciembre- y en la primera residencia de ancianos donde se administró la vacuna, la Virgen del Milagro del municipio, motivo por el que se le invitó y se le inoculó una dosis sobrante.

Además quedaron archivados por tratarse de personal del área sanitaria los casos relativos al exsecretario de Salud de UGT, Jesús García, y al exlíder de CCOO-PV, Arturo León, que dimitió tras hacerse pública su vacunación.

La Fiscalía de Alicante también archivó las actuaciones contra el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, que se vacunó junto con su hermana, su cuñado y el vicario general de la diócesis, antes de que le tocara. El obispo renunció a la segunda dosis de la vacuna tras saltarse el protocolo para la primera. El obispado sostuvo en un comunicado que Murgui se vacunó en primera instancia “sin buscar ningún trato de favor”.