El TSJ transfiere más de un millar de documentos judiciales de la Guerra Civil al Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana

El Arxiu Históric de la Comunitat Valenciana ha catalogado 1.396 documentos judiciales de la Guerra Civil que permanecían en el Archivo Judicial de Riba-roja. La documentación transferida, según ha podido saber eldiario.es, incluye expedientes y sumarios, la inmensa mayoría de los años 1937 a 1939, por sabotajes, espionaje, hostilidad y desafección al régimen, alta traición y derrotismo, auxilio a la rebelión o venta de género a precios abusivos, entre muchos otros asuntos. 

La documentación, enviada el pasado 17 de octubre del 2018 por la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales, incluye expedientes de varios juzgados del periodo republicano o de la Audiencia Territorial de València, entre otros, y abarca tanto delitos comunes como delitos de naturaleza política. La Junta de Expurgo, regulada por un decreto de la Generalitat, es el órgano colegiado que determina la eliminación o la preservación del patrimonio documental de la justicia valenciana. 

Los jueces vivieron en València tres complicados años de guerra debido a la violencia incontrolada de ciertos periodos en la retaguardia republicana, según cuenta con maestría el entonces presidente de la Audiencia Territorial de València, José Rodríguez Olazábal, autor de La administración de Justicia en la Guerra Civil (Alfons el Magnànim, 1996). “Los organismos que se crearon, sus procedimientos y sus fallos representaron un colosal esfuerzo para restablecer el orden destruido por el alzamiento militar”, escribe el magistrado desde el exilio. 

La remesa de documentos abre nuevas posibilidades para la investigación histórica del periodo de la Guerra Civil en València. El Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, tal como publicó este diario, ha advertido seriamente a la Generalitat sobre la desastrosa situación de algunos fondos documentales para el estudio de la República, la Guerra Civil y la posguerra franquista.

El Arxiu del Regne, por ejemplo, conserva 61 cajas con expedientes sobre el Tribunal de Responsabilidades Políticas pero aún queda documentación sobre este ámbito desperdigada entre el TSJ, el Expurgo Judicial y varios archivos municipales.   

La dispersión, la mala catalogación o las nefastas condiciones de salubridad que han sufrido algunos fondos ponen en peligro la investigación de este periodo capital de la historia de España, según advierten los prestigiosos investigadores agrupados en el Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València que alertan en un informe sobre la “situación caótica que de no afrontarse puede tener consecuencias irreversibles para el estudio del periodo”.

La jefa de Archivos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, Noemí Galán Serrano, reconoció durante un debate celebrado en La Nau el pasado 24 de octubre que la situación de algunos fondos sobre represión franquista “es un tema que preocupa y ocupa” al departamento que dirige la socialista Carmen Amoraga. “Vamos a hacer todo lo posible por llevar a cabo la digitalización y la descripción de los fondos”, afirmó ante varios historiadores que expresaron severas críticas hacia las políticas archivísticas de la Generalitat Valenciana. 

“En el País Valenciano, el tema de los archivos es un poco flojo”, dijo la catedrática de Historia Contemporánea de la UJI, Rosa Monlleó. La historiadora Vicenta Verdugo, una de las mayores expertas en género y represión franquista, dio un severo rapapolvo a la representante de la Generalitat (quien sustituyó en la mesa de debate a la directora general Carmen Amoraga) e hizo un demoledor repaso de las “carencias de actuaciones públicas” en la localización y conservación de los valiosos fondos dispersos.

Sobre el Expurgo judicial de Riba-Roja, Verdugo denunció que “no se puede determinar” la cantidad de expedientes o las “condiciones de conservación”; sobre los fondos de prisiones que aún no han sido transferidos al Arxiu del Regne, la historiadora aseguró que la documentación que se encuentra en la cárcel de Picassent permanece en “malas condiciones de conservación”.

“La Conselleria debería ponerse en contacto con Instituciones Penitenciarias”, sugirió la investigadora, quien también criticó la falta de medios y de personal que sufre el Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. Ante las críticas de los historiadores, la jefa de Archivos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio respondió que su departamento es “plenamente consciente de la importancia de los archivos” y anunció que están cambiando las bases reguladoras de las ayudas a la digitalización. 

“Sin tener los archivos bien catalogados, no existiría la Historia”, recordó la catedrática Rosa Monlleó.