El tapón en los servicios sociales de València: un 25% de vacantes de profesionales y 40 días de listas de espera

La situación en los servicios sociales de la ciudad de València es límite. Listas de espera que superan el mes en gran parte de los centros -algunos han llegado a tener un trimestre-, citas sin abrir, llamadas que no se responden y decenas de expedientes que se amontonan sin un seguimiento adecuado. En el centro del problema, la falta de personal, casi un 25% de la plantilla vacante, según denuncian los sindicatos, que llevan más de un mes arrastrando protestas semanales para tratar de prestar un servicio digno a la ciudadanía.

El Ayuntamiento asegura que está trabajando en incorporar a medio centenar de trabajadores de refuerzo, pero el proceso burocrático aún no ha concluído y los sindicatos consideran la cifra insuficiente. El consistorio tiene más de 500 puestos de trabajo creados y hay cerca de 128 vacantes, además de las bajas o permisos de los trabajadores. En total, es casi una cuarta parte de la plantilla vacía, con el consiguiente impacto en la atención ciudadana. En febrero, de una plantilla de 525 personas había en activo 407, lejos de la ratio que marca la ley de Servicios Sociales autonómica, que marca un profesional por cada 3.000 ciudadanos.

La falta de personal genera listas de espera superiores a 40 días en varios centros de la ciudad, según denunció Compromís esta semana. La concejala Lucía Beamud señaló que en apenas dos años hay espacios como el de Olivereta, que ha pasado de 8 días de espera en la etapa de Compromís a 48 días con el gobierno de Catalá; el Salvador Allende, donde los plazos han aumentado de 18 a 41 días, y en Sant Marcel·lí, de 28 días con la anterior gestión se ha pasado a 47 días en la actualidad. El sindicato Comisiones Obreras añade que y recalca que el personal está “quemado” y no puede garantizar una buena atención a una población con necesidades muy delicadas. “Hay centros con solo un profesional para menores, en una semana puede tener cientos de expedientes, la gente está muy agobiada”, denuncia CCOO.

En respuesta, el equipo de gobierno de PP y Vox apuntó que está realizando un trabajo importante de reestructuración de los Servicios Sociales y aseguró que en 2022 los tiempos eran similares. El departamento que dirige Marta Torrado señaló que se ha puesto en marcha en los centros de Servicios Sociales de Benimaclet y Salvador Allende un nuevo modelo de atención a los vecinos, en los que la primera atención se realiza en las 24 horas siguientes a la petición del ciudadano. Visto los resultados positivos de este nuevo modelo antes de un mes estará implantado en el resto de Servicios Sociales de la ciudad. Con todo, el sindicato recuerda que una primera atención no garantiza la resolución del problema y que es necesario más personal para asumir los casos.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF convocaron una concentración el pasado viernes a las puertas del Ayuntamiento, a la que se sumaron los partidos de la oposición, Compromís y PSPV. Los trabajadores recalcaron que hay “necesidades muy acuciantes” en estos centros: “Es un caos”, señalaron.

Tras la concentración en la Plaza del Ayuntamiento, la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, insistió en que el consistorio trabaja “a destajo” y cargó la responsabilidad en el equipo de gobierno de Joan Ribó: “Nos encontramos con un panorama desolador, sin nuevos centros construidos en ocho años, con centros que no cumplían las mínimas condiciones de seguridad, por lo que nuestros esfuerzo está en mejorar la calidad del servicio que se presta y las infraestructuras de un área que atiende a los más vulnerables de la ciudad”, apuntó en un comunicado.

La coalición valencianista también denunció previamente que en la ciudad hay 9.410 personas en lista de espera para el reconocimiento de su situación de dependencia. Estas personas no han recibido ni siquiera la primera valoración necesaria para poder acceder a las ayudas y servicios previstos por la ley, apuntó el partido, que alertó de “un colapso total del sistema, agravado por la falta de recursos humanos, la descoordinación entre administraciones y una voluntad política claramente insuficiente por parte del gobierno municipal de Catalá”.