El Gobierno da por hecha la necesidad de un acceso norte que el Puerto de València ha obviado en su polémica ampliación

El Gobierno central reconoce “variaciones” en el proyecto de la polémica ampliación del Puerto de València con respecto al que obtuvo la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, se desentiende de la decisión de tramitar un nuevo informe ambiental y da por hecha la construcción del acceso norte para camiones que la propia Autoridad Portuaria ha obviado y que choca con la declaración de impacto ambiental de 2007 y con la apuesta del PSPV de València de usar el Corredor Mediterráneo.

Estas son las principales conclusiones de la respuesta del ejecutivo que preside Pedro Sánchez a la pregunta planteada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, sobre si las obras que se prevén realizar en la actualidad se ajustan a la alternativa aprobada y en las condiciones señaladas en la resolución favorable de la declaración de impacto ambiental de la ampliación del Puerto de València de 2007.

Unidas Podemos preguntó también al Gobierno si valoraba la necesidad de realizar una nueva DIA y si consideraba posible una conexión ferroviaria con el Puerto de València para el transporte de las mercancías.

En el escrito de respuesta, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Gobierno reconoce que cuando fue a retomarse el proyecto de ampliación “se encargó un estudio que concluyó la necesidad de introducir en el mismo variaciones para su adaptación a la realidad sobrevenida, frente a la existente en el momento de aprobación de la DIA”.

A continuación, se desentiende de sus competencias en materia de protección ambiental: “De conformidad con la legislación esta modificación requiere de un análisis del proyecto por parte del órgano sustantivo, no por el Gobierno, para determinar la procedencia o no de la evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto constructivo de la terminal de contenedores”.

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno cedió a la APV la condición de órgano sustantivo mediante una resolución del Ministerio de Transición Ecológica cuya legalidad se dirime en la Audiencia Nacional y por la que la plataforma ciudadana Ciutat-Port, como entidad denunciante, ha pedido la suspensión cautelar de la tramitación de todo el proyecto.

“La Autoridad Portuaria de Valencia, en calidad de promotor y órgano sustantivo de la actuación, deberá emitir certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a su aprobación”, asegura el Gobierno en su respuesta.

En cuanto al acceso norte, pese a que el propio Puerto de Valencia en la DIA de 2007 afirma que “la red de accesos terrestres al Puerto permite al tráfico pesado llegar al interior del mismo a través de la V-30”, descartando un acceso norte que no figura en el proyecto de ampliación, el ejecutivo central afirma que “disponer de un acceso norte al Puerto de València supone una mejora en la accesibilidad para aproximadamente el 35% del tráfico pesado y el fortalecimiento del sistema logístico València-Sagunto”.

Además, añade que “dicho acceso procuraría la reducción de tráfico en la V-30 (único acceso actual al puerto para el tráfico pesado) la cual se encuentra prácticamente congestionada en la actualidad”. Por último, afirma que “todo ello redundará en una reducción de las emisiones y lucha contra el calentamiento”, algo sorprendente teniendo en cuenta que con la ampliación el Puerto duplicará su capacidad.

Este planteamiento choca frontalmente con la postura de la vicealcaldesa y secretaria general del PSPV de la ciudad de València, Sandra Gómez, quien en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de noviembre comentó que “hay que renunciar definitivamente al acceso norte para el tráfico de camiones porque la actividad portuaria es cierto que tiene una huella de carbono por los accesos al puerto y desde luego, como partido socialista de la ciudad de València, entendemos que el acceso norte debe ser ferroviario, aprovechando los avances que se han hecho en la ingeniería de la electrificación y por lo tanto que el impacto sea nulo. La alternativa sería aprovechar la enorme inversión que se va a hacer en el Corredor Mediterráneo”.