València constata que la conflictividad en los alquileres se dispara cuando los propietarios son bancos o fondos de inversión

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Problemas para mantener los alquileres cuando los propietarios de las viviendas son fondos de inversión o entidades financieras y vulnerabilidad de los hogares feminizados. Son algunas de las conclusiones que se extraen del informe que ha elaborado la Oficina por el Derecho a la Vivienda del Ayuntamiento de València al cumplirse diez meses desde su puesta en funcionamiento, en octubre de 2021.

Durante el primer semestre de funcionamiento de la Oficina, se han registrado en el servicio 948 hogares usuarios, que se añaden a los 1.526 que ya eran usuarios en los anteriores servicios sobre vivienda, a los que se ha dado continuidad. Así, las unidades de convivencia registradas hasta el momento llegan a las 2.474. En estos diez meses han estado activos 1.149 hogares, que han tenido una media de 8,02 actuaciones cada uno.

Las principales causas por las cuales las familias se dirigen al servicio están relacionadas con el alquiler, el 58,5% del total (28,9% impago, 22,5% no renovación, 7,1% problemas con contrato o propietario). Por otro lado, el 19,4% sufre una situación irregular respecto a su vivienda. Por su parte, las hipotecas son la causa menos común entre las personas que acuden a la oficina (representan un 7,7% del total de las consultas).

En el caso del alquiler, el informe expone que en el 32% de los casos, la propiedad es de entidades jurídicas, “que son responsables –se señala en la memoria- de una significativa parte de las no renovaciones y subidas del alquiler, mientras que los impagos afectan de una manera muy particular a las personas que habitan cases propiedad de personas físicas, el 76,7%”. Sin embargo, en el caso de los conflictos provocados por la irregularidad en la tenencia de la vivienda, la situación es la contraria: el 71.4% son propiedad de entidades jurídicas.

En total, se han registrado 310 viviendas propiedad de entidades jurídicas (33%), y 434 de particulares (46%), lo que refleja que, “si se computa el parque de vivienda total de la ciudad, el porcentaje de vivienda en manos de entidades jurídicas tiene un peso muy relevante en los casos que presentan conflictos residenciales”. Suelen ser, según los datos de la oficina, empresas, fondos de inversión y entidades de crédito con sede social muy lejana en València, “con las cuales es, muchas veces, muy complicado incluso contactar, y todavía más negociar un acuerdo respetuoso con el derecho a la vivienda”.

Vulnerabilidad de los hogares feminizados

Cuando un hogar llega al servicio, siempre se registra a una persona de referencia que, generalmente, suele ser una mujer y, además, los hogares con un único adulto responsable suelen estar feminizados. Tal como refleja la memoria de la oficina, de las nuevas unidades registradas en el periodo de estudio, el 68% han sido encabezadas por mujeres y el 32% por hombres.

Según las tipologías de unidad de convivencia que han acudido por primera vez al servicio en el periodo de análisis, la más habitual han sido las familias nucleares (34,9%), seguidas por unidades monomarentales (31,5%) y personas que viven solas (20,7%). También se han registrado personas que comparten casa sin conformar unidad (6,72%) y parejas sin hijos a su cargo (3,6%).

Con los datos de que se dispone, ha sido posible constatar que el 39,3% de las unidades que ha acudido a la Oficina son hogares feminizados sin presencia masculina (ningún adulto hombre responsable), mientras que solo el 12,6% son masculinizados, sin presencia femenina; por lo que el informe concluye que “la vulnerabilidad residencial incide de manera aguda en los hogares feminizados”. En cuanto a las unidades de convivencia con presencia mixta, mujer y hombre adultos corresponsables (el 46,93% del total), la tendencia es sensible: 58,92% con persona de referencia femenina y 41,08% con persona de referencia masculina.

El informe incide en la “especial diferencia” que presentan las familias monomarentales, de las cuales más del 90,57% se constituyen de madre e hijos. “Es donde se hallan las situaciones de vulnerabilidad más intensas, pues son unidades con muchas dificultades para conciliar crianzas y busca de trabajo o recursos. Encontrar trabajo, buscar casa o ser aceptado como inquilino por los seguros o las propietarias es muy complicado con hijos a cargo y sin unas condiciones económicas o reproductivas que puedan aligerar estas cargas”, señala la memoria.

De hecho, si en el análisis se introduce la variable de ingresos, se observa que son también las unidades monomarentales las que más riesgo de pobreza presentan: el 62,63% de estas unidades están por bajo de los 701 euros mensuales; el 31,31%, entre 701 y 1.100 euros; y la mayor parte se sitúa en una horquilla entre 650 y 1.100 euros al mes (perciben rentas sociales como la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital).

Ocupaciones ilegales

“El informe refleja que en el 86 % de las situaciones de familias en situación de irregularidad por ocupación de vivienda, la propiedad corresponde a entidades bancarias, a fondos de inversión o a grandes propietarios. Y sólo el 1 % corresponde a propietarios particulares”, ha explicado la concejala de Vivienda Isabel Lozano, quien ha asegurado que “esto desmonta toda la manipulación mediática según la cual las ocupaciones están arruinando a la gente que tiene un pisito y que lo pone en alquiler”. Tal como ha explicado la concejala, “la única consecuencia de esas mentiras es generar miedo en la población y hacer que las personas tengan dudas a la hora de poner su vivienda en alquiler”. Por el contrario, la delegada de Vivienda ha manifestado que “en la grandísima mayoría de los casos, las personas que viven en las viviendas tienen la máxima voluntad de pagar y cumplir con sus obligaciones”. De hecho, el personal de la Oficina ha podido comprobar, ha continuado Isabel Lozano, que “la inmensa mayoría de las personas en situación irregular tienen una sensación de vergüenza, y lo que quieren es tener posibilidades y oportunidades para regular su situación y vivir tranquilamente”

“Por lo tanto –ha concluido- se desmantela así, con datos reales recogidos por la oficina en los miles de casos que atiende, esa contaminación mediática que hay al respecto de este tema, con determinados intereses ideológicos”. El informe desmonta la idea de que los hogares cuyas viviendas están en situación irregular (el 19,4%) viven en situación de ocupación. “Si bien estas representan una buena parte de los 185 hogares bajo esta tipología, hay otros casos destacables, como por ejemplo personas que habitan un casa familiar objeto de una herencia y con conflicto por el su uso. O gente que habita sus viviendas después de una ejecución hipotecaria”.

Las unidades que ocupan suponen alrededor del 16% del total, y la mayoría (alrededor del 80%) se alojan en viviendas propiedad de entidades jurídicas, sobre todo bancarias y fondos de inversión (el 65% de los hogares que ocupan). Del 20% restante, al menos un tercio son viviendas de grandes propietarios, y en otro tercio la ocupación es consecuencia de ser víctimas de algún tipo de fraude. “Es decir que únicamente el 1%, como máximo, de las personas que han acudido a la Oficina podrían ser ocupas de viviendas particulares, lo que, en un servicio que propicia el afloramiento de las circunstancias más desfavorables en cuestiones residenciales, es un indicador que permite entender la irrelevancia de esta problemática tan específica, pese a que suscita mucha atención mediática”, subraya el balance.

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