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Vecinos y ecologistas exigen que se descarte la ampliación del Puerto de València al considerarla un despilfarro en plena crisis

Emisiones de un buque de mercancías en el puerto de València

"La Autoridad Portuaria de València (APV) tiene que desistir y abandonar el proyecto de ampliación norte del Puerto de València. Este proyecto es ambientalmente insostenible y económicamente contradictorio con la situación global derivada de la pandemia del coronavirus".

Así se han pronunciado desde la Comissió Ciutat-Port, entidad integrada por Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, la plataforma El Litoral Per al Poble, València Saludable y otros colectivos, para rechazar la adjudicación de la ampliación norte que promueve el APV.

La entidad portuaria tendía previsto adjudicar en el consejo de administración del mes de marzo una concesión de 50 años a la compañía TIL, filial de MSC, para el equipamiento y gestión de la futura terminal que se proyecta en la ampliación norte.

Sin embargo, la crisis del coronavirus ha provocado que el consejo se retrase a este viernes 3 de abril y en él no se prevé abordar el asunto de la adjudicación según han informado fuentes cercanas a la APV, por lo que quedaría aparcado a la espera de salir de la actuación situación.

El consejo se realizará de forma telemática y en la sesión el presidente del consejo, Aurelio Martínez, podría solicitar a los consejeros asumir todas las competencias mientras dure el estado de alarma, una situación prevista en el decreto del Gobierno.

Para la Comissió Ciutat-Port "no hay duda que la crisis sanitaria y el confinamiento prolongado de la población mundial por la pandemia de coronavirus distorsionará el ritmo de crecimiento de la economía global, incapaz de afrontar los retos colectivos por su dependencia de la especulación financiera y el consumo insostenible de los recursos de la Tierra".

Así pues, en el actual contexto de alarma sanitaria, la entidad reitera su "no a la ampliación norte del Puerto de València y también a todos los proyectos de infraestructura que la complementan, porque no han sido evaluados ambientalmente con una estrategia para el conjunto de sus impactos y no satisfacen necesidades reales de la Comunidad Valenciana; no se pueden superar los retos del nuevo escenario manteniendo proyectos antiguos, caducos y extravagantes". 

Y es que, la construcción de los muelles de la ampliación norte por parte de la APV supondrá una inversión púbica de unos 400 millones de euros, coste al que habría que añadir la inversión del acceso norte subterráneo, valorada por el Puerto en otros 450 millones, aunque otros estudios hablan de un coste cercano a los 1.000 millones tomando como referencia otros túneles similares realizados en diversos países.

La plataforma vecinal y ecologista considera que "la ampliación consume los recursos naturales de nuestro entorno y tiene un impacto sobre el paisaje, el territorio y l'Horta protegida, la calidad del aire que respiramos y el ruido que nos rodea. Implica pérdida de diversidad marina y terrestre, una gran afección a la morfología del litoral y la desaparición de playas, la gentrificación de los poblados marítimos y de la ciudad.

Además, considera que tiene "un impacto negativo también por lo que respecta al cambio climático y las emisiones de CO2 a la atmósfera y supondrá la disminución de la inversión pública en política social, la sustitución de trabajadores por la robotitzación y más beneficios, pero solo para el poder económico establecido".

La Comissió Ciutat-Port reitera que "este proyecto es inasumible para la comunidad" en un momento en el que "se tienen que priorizar las inversiones en servicios por la ciudadanía, sanidad y la creación de empleo de calidad, antes de que en obras portuarias para que el barco MSC Gülsüm, único en el mundo con una capacidad de carga de 22.960 TUYO, tenga un lugar donde atracar. Las dificultades de la administración pública para responder adecuadamente a la actual crisis sanitaria refuerza este argumento".

La entidad denuncia también "la actitud autoritaria y prepotente de la APV" al no entender "sus trabas para el acceso a la información pública necesaria porque sea posible un debate razonado" entre el Puerto y la ciudadanía: "es inadmisible que el Puerto se excuse en la Demarcación de Costas para no informar y Costas haga el mismo con el Puerto; actuaciones como estas son inapropiadas en un estado social y democrático de derecho donde tiene que prevalecer la transparencia y la coordinación interadministrativa".

Por todo lo expuesto, la Comissió exige que se renuncie "definitivamente al proyecto, se acometa la reversión de infraestructuras con impacto ambiental negativo, exigir la buena gobernanza de las instituciones públicas y profundizar en el modelo de ciudad diversa, de proximidad y sostenible".

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Publicado el
1 de abril de 2020 - 22:46 h

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