Por la gestión pública de la sanidad

Hay dos modos de gobernar, el que busca el beneficio financiero y empresarial, y el que antepone a cualquier otra cosa el bienestar y la realización práctica de los derechos civiles de los ciudadanos. Ambos pueden ser compatibles o no. Pero es inmoral e injusto, y debería ser un delito anteponer el beneficio económico a costa de la vulneración del derecho ciudadano. Pienso en el precio del medicamento para tratar la hepatitis C o en el acceso a la asistencia de los emigrantes y refugiados. Cuando se trata de gestionar aspectos esenciales como la educación, la salud, la dependencia, los salarios, las pensiones, la energía, el transporte, la investigación científica o la seguridad, ningún gobierno debería delegar la gestión en favor de entidades privadas que, en definitiva, se rigen exclusivamente por la lógica del beneficio. La educación, la salud, la seguridad o la vida digna, solo puede concebirse como un negocio en la mente y en el programa político de quienes, careciendo de todo escrúpulo, están dispuestos a eliminar los excedentes humanos de sus beneficios empresariales y financieros.

El gobierno del Partido Popular se ha caracterizado por un programa privatizador de todos los aspectos de la economía. Ese no ha sido tradicionalmente, ni debe de ser ahora, el modelo de la socialdemocracia. La privatización conduce a la americanización más individualista y neoliberal, lo contrario del modelo social europeo: es la destrucción del Estado de Bienestar. En nombre de la crisis y de la llamada tercera vía, los partidos socialdemócratas europeos entraron en esa dinámica autodestructiva y ahora sufren la consecuencia política de una profunda crisis en toda Europa.

La sanidad pública española tiene unos niveles de calidad, de solvencia y un prestigio internacional ganado a pulso, gracias a la buena gestión y a la implicación ejemplar del personal sanitario. Solo los dramáticos recortes presupuestarios de los sucesivos gobiernos conservadores han puesto en peligro esa excelencia provocando deterioro en las instalaciones, cierres de salas o quirófanos, listas de espera, recortes en las plantillas y contratos lamentables, o limitaciones en el acceso a nuevas tecnologías. Y todo ello mientras se financiaba con recursos públicos a consorcios privados de corporaciones empresariales, aseguradoras y financieras. Una estrategia de desmantelamiento y sustitución, apoyada de una campaña agresiva de prestigio de lo privado frente a lo público. Lo que la sanidad pública necesita para aumentar su excelencia son recursos y apoyo político.

El programa de reversión que está llevado a cabo la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública es ejemplar y merece convertirse en un referente para otras comunidades autónomas y áreas de la dinámica social. Y lo es más precisamente porque se está llevando adelante frente a todo tipo de obstáculos y argucias legales, campañas de difamación e intoxicación mediática, propaganda de las empresas privadas, y presiones de las aseguradoras internacionales y los poderes financieros. Incluso frente a las presiones diplomáticas de otros gobiernos que defienden los beneficios de sus grandes corporaciones, no la salud de los valencianos. El 1 de abril es un punto de inflexión, un hito para la esperanza. La sanidad valenciana recupera la gestión de lo que nunca debió abandonar, y los valencianos debemos estar orgullosos y esperanzados de lo que ese gran paso significa.