Refugiados sirios en Turquía: mantenerse a flote con 18 euros en la tarjeta

Para muchos sirios refugiados en Turquía, la diferencia entre que sus hijos trabajen o vayan al colegio, entre pagar el alquiler o endeudarse, es un trozo de plástico rojo: La KizilayKart, la tarjeta de débito que la Media Luna Roja y la ONU, con fondos de la Unión Europea, les recarga cada mes con 18 euros.

Hanan tiene 45 años y es de Hama, en el oeste de Siria.

Llegó a Turquía hace cuatro años huyendo de la guerra civil en su país y ahora trata de sacar adelante a su familia, cuatro hijos (otro sigue en Siria y dos en Jordania), una nuera y dos nietos, en Altindag, el barrio de Ankara que, por la elevada concentración de sirios, se conoce ya como “la pequeña Alepo”.

“Durante un tiempo tuvimos que pedir dinero a conocidos y vender gran parte de nuestras cosas”, lamenta Hanan, mientras juega con sus nietos en el salón de su hogar, un piso de dos habitaciones.

Sólo su hijo Ali, de 26 años, recibe algún ingreso por sus trabajos ocasionales de carpintero. Pero no basta para sustentar a los ocho miembros de la familia.

Como muchos de los 3,6 millones de sirios que Turquía ha acogido, Ali no tiene permiso de trabajo, no cobra todas las horas que trabaja y gana menos que los turcos.

La situación de la familia ha mejorado ligeramente en el último año gracias al programa de tarjetas de débito que financia la Comisión Europea, y que administran el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP) y la Media Luna Roja.

Hanan es uno de los 1,6 millones de refugiados en Turquía.

En total, los ocho miembros de la familia suman con sus tarjetas 145 euros al mes, ni un tercio del salario mínimo en Turquía.

“Casi todo el dinero lo gastamos en pañales y productos de higiene porque en la casa hay tres niños que los necesitan. También cubre el alquiler y parte de las facturas”, comenta Hanan.

El programa de tarjetas de débito se lanzó en septiembre de 2017, cuenta a un reducido grupo de medios, entre ellos Efe, Jonathan Campbell, director adjunto en Turquía del WFP.

“La idea del proyecto es asistir a las familias monoparentales, numerosas o con discapacidades. Personas en situación muy precaria”, explica.

El 96 % de los sirios que viven en Turquía residen fuera de los campamentos de refugiados y “necesitan apoyo financiero para impulsar su independencia y mejorar su integración” dice la WFP.

El 60% son niños, un tercio de ellos menores de cinco años, por lo que necesitan una asistencia sanitaria constante.

El proyecto de las tarjetas se enmarca en el acuerdo que firmaron la Unión Europea y Turquía en 2016, por el que Turquía recibe 3.000 millones de euros para la asistencia de los sirios acogidos, y se compromete a aceptar la devolución de los migrantes que intenten llegar a las costas griegas.

Uno de los grandes retos que afronta Turquía es la escolarización de los niños, clave para la integración de esta comunidad.

“Hay familias que obtienen (con las tarjetas) 300 liras (unos 45 euros) al mes y logran inscribir a sus hijos en la escuela, en lugar de enviarlos a trabajar, porque ganarían lo mismo”, comenta Mathias Eick, responsable de comunicación de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea.

Desde el inicio del proyecto, en septiembre de 2017, el porcentaje de niños que trabaja ha pasado del 22 al 13 % en las familias que reciben las tarjetas de débito. También ha ayudado a reducir el endeudamiento de las familias refugiadas.

Pese a todo, Hanan ha vuelto a acumular deudas en los últimos meses por la subida de precios a causa de la inflación en Turquía, que ha alcanzado el 20 % en el último año.

“Hemos prescindido de algunas cosas pero hay productos básicos, que necesitan los niños, que se han encarecido mucho. También las facturas”, comenta Hanan.

Aunque gracias a la depreciación de la lira frente al euro -un 38 % desde el inicio del proyecto- el programa de las tarjetas de débito dispone de más presupuesto, la organización descarta aumentar los abonos mensuales para contrarrestar la inflación.

“Es complicado aumentar el dinero que damos a los refugiados si los turcos empiezan a vivir en peores condiciones (por la crisis económica). Aumentar la ayuda podría crear tensiones entre las comunidades”, comenta Nil Grede, director del WFP en Turquía.

Los que sí ha hecho la WFP es aprovechar el excedente para hacer pagos extras a unas 7.000 personas en situación muy precaria.

“Estaba previsto que el programa durara unos 13 meses y hemos conseguido que dure otros seis por la caída de la lira, pero no sabemos qué ocurrirá en un futuro”, comenta Grede.

“Ha habido un cambio en el debate en los dos últimos años. No sobre cuántas personas acogemos en el programa, sino cómo lo hacemos, cómo integrarlos en la sociedad. Algunos volverán a su país, pero tenemos que ayudar a los que quieran quedarse, para que tengan autonomía”, añade.

Por Lara Villalón