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El Gobierno asegura que los condenados en el 'caso Margüello' no pasan de "funcionarios"

Se felicita de la exoneración del "único alto cargo" acusado, el viceconsejero Cerdán, y por que la sentencia asuma que no se produjo quebranto económico con los contratos irregulares de Elorriaga a la empresa de Margüello

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El doctor Margüello, en un reciente evento en Bilbao

El doctor Margüello, a la derecha, en un reciente evento en Bilbao

El Gobierno vasco se ha felicitado por que la  sentencia del 'caso Margüello' acredita que no hubo quebranto económico para la Administración y porque el único alto cargo investigado, el viceconsejero de Salud Rafael Cerdán, ha quedado absuelto. Según el portavoz Josu Erkoreka, responsable también de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, los condenados por graves irregularidades en la externalización de contratos de gestión de listas de espera de la Sanidad pública vasca José Ramón Elorriaga y José Carlos Margüello no pasan de "funcionarios con más o menos relevancia".

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Bizkaia que pone fin a casi una década de recorrido judicial recoge la "opacidad" con la que el responsable de Sanidad en Bizkaia, Elorriaga, actuó para procurar un contrato 'a dedo' a la empresa de su amigo Margüello, responsable de Calidad del hospital de Cruces y que operaba a través de una testaferro, María Nieves Fernández. Ha quedado probado que Elorriaga operó de modo "grotesco" para beneficiar a Margüello hasta el punto incluso de encararse con funcionarios. De Cerdán se dice que fue "negligente" como superior jerárquico pero que no compartía los mismos "intereses personales" que el resto de acusados.

Sin embargo, la condena es mínima, sólo por "prevaricación". La Audiencia rechaza, en línea con la  petición realizada en el juicio por los letrados del Gobierno vasco del PNV, que exista un quebranto económico porque, a pesar de ser un contrato ilegal, el servicio se prestó y se atendió a los pacientes derivados. No atiende el criterio anterior del Gobierno,  expuesto en el juicio por el exconsejero Rafael Bengoa, que remarcó que la sola existencia de una intermediaria sin medios técnicos y humanos, como lo era la empresa de Margüello, suponía un sobrecoste frente a una subcontratación directa de una clínica privada.

Erkoreka, preguntado por los periodistas, ha destacado que haya quedado claro en la vía judicial que "no existió perjuicio económico" y que el "único alto cargo" acusado haya sido completamente exonerado. Repreguntado por el papel de Elorriaga, un cargo de confianza del entonces consejero, Gabriel Inclán, y de Margüello, amigo de ambos, ha rebajado su papel en la Administración a "funcionarios con más o menos relevancia". "No eran altos cargos en función de la Ley de Gobierno", ha querido remarcar el consejero-portavoz.

La sentencia del 'caso Margüello' también ha suscitado reacciones en la oposición.  EH Bildu ha considerado que las irregularidades puestas de manifiesto en la resolución judicial indica la necesidad de "hacer una apuesta inequívoca por la gestión directa de los servicios públicos". "Externalizar servicios sanitarios abre la puerta a actuaciones irregulares", valora la parlamentaria Eva Blanco. Sobre el fondo del asunto, Blanco asegura que  "llama la atención que el tribunal no vea malversación cuando constata voluntad de beneficiar a empresas que no podían contratar con la Administración".

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha criticado que el Gobierno vasco no haya denunciado con mayor beligerancia la "corrupción" en la Administración pública cuando ha sido el "principal perjudicado". Fuentes de la Fiscalía han indicado a eldiarionorte.es que es muy complicado lograr una condena por malversación si el afectado estima que no ha sufrido un perjuicio. Martínez ha adelantado que pedirá la comparecencia de Erkoreka en el Parlamento porque 
"el Gobierno tiene que explicar cómo no ha exigido ninguna pena para quien daba contratos a dedo a sus amigos con el dinero de todos los vascos".

Según el dirigente morado, la sentencia evidencia  "la lógica clientelista" llevada a cabo en la Administración vasca "durante demasiados años y sin consecuencias legales".  Y ha recordado que el propio consejero actual, Jon Darpón, firmó en su momento un documento de apoyo a los acusados. 

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