El Gobierno vasco quiere penalizar fiscalmente a los caseros que alquilen por encima de la media
El Gobierno vasco lleva mucho tiempo dando vueltas a cómo rebajar el precio de los alquileres. A parte de volcar su parque público de vivienda hacia el alquiler social, hasta ahora no ha dado con más fórmulas para limitar los precios en el mercado libre, que, en el caso de Euskadi, siguen disparados. Hasta el punto de que ya están en los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. La reflexión sobre la intervención de la administración en el mercado de alquiler limitando los incrementos de renta o controlando los precios ya ha sido lanzada por varios agentes. Ahora, el Ejecutivo de Vitoria apuesta por aplicar deducciones fiscales progresivas a los arrendadores de viviendas en Euskadi, que les “premien” si los alquileres están por debajo de un precio medio de referencia y que desaparezcan en el caso de que lo superen.
Se trata de un planteamiento recogido en la propuesta fiscal en materia de vivienda que el consejero del área, el socialista Iñaki Arriola, ha trasladado al Consejo de Gobierno vasco para su posterior tramitación en los órganos correspondientes. En Euskadi, la competencia fiscal está en manos de las diputaciones. Así, será el Órgano de Coordinación Tributaria (que reúne a diputaciones y Gobierno) el que dará forma a esta iniciativa.
En la actualidad, el servicio vasco de Vivienda-Etxebide tiene inscritas 67.083 familias, de las que el 80% demanda un piso en alquiler. El 70 % de estos demandantes ya viven en alquiler libre, pero reclaman uno más asequible y muchas de ellas (41.000) reciben ayudas públicas para pagarlo.
En estos momentos, el Departamento de Vivienda última la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA), herramienta que utilizará para aplicar estas medidas, ya que ofrecerá los precios de alquiler “reales” en cada ámbito territorial, según los datos del Registro Oficial de Contratos de Arrendamiento. El consejero Arriola ha puesto como ejemplo la creación una escala progresiva en las deducciones por los ingresos del arrendamiento de las personas propietarias, de forma que la deducción sea mayor si el alquiler es inferior a la renta media marcada por la EMA; y que desaparezca si supera ese precio de referencia. Esta bonificación se aplicaría también a quienes cedan sus viviendas a los programas de alquiler públicos Bizigune y Asap.
Por la parte de los arrendatarios, la propuesta plantea limitar para los niveles de renta más elevados la actual deducción por alquiler de vivienda, ya que ha recordado que ahora se deduce el mismo porcentaje -el 20%- una familia mileurista que otra con ingresos superiores a 100.000 euros.
