Almeida consuma la privatización por 20 años de las cocheras de EMT cerradas en La Elipa, un negocio de 366 millones
La privatización de la cochera de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en La Elipa, un proceso que fuentes de la plantilla daban por hecho desde hace meses, ya es una realidad. El Ayuntamiento de la capital ha lanzado la licitación para la construcción, conservación y explotación del centro de operaciones, cerrado en marzo de 2022 por unas obras que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida nunca ha llegado a ejecutar.
Esta nueva cochera 100% eléctrica de EMT se eregirá por parte del concesionario, que acometerá el plan de forma integral: el proyecto de construcción, los trabajos de edificación, el suministro de la energía o el mantenimiento. La concesión será de 20 años y el contrato alcanza los 366,7 millones de euros.
“El modelo de concesión permite distribuir los costes a lo largo de la duración del contrato y facilita la inversión con menor impacto en la estabilidad presupuestaria”, argumenta el Consistorio en la nota remitida a los medios de comunicación. Desde Cibeles defienden asimismo el retraso en la puesta en marcha de la reconversión de la cochera debido a “un profundo proceso de descontaminación de suelos y una compleja tramitación administrativa”.
El Ayuntamiento recurre a la privatización tres años y ocho meses después de desplazar a 1.240 empleados a otros centros de operaciones, con las consecuentes molestias ocasionadas al aumentar sus tiempos de desplazamiento al trabajo y sin ninguna compensación por ello. Las quejas en la plantilla han sido reiteradas al comprobar cómo esto sucedía sin que se produjeran avances en la reforma de la cochera.
Quejas de la plantilla y una oposición que habla de sobrecostes
“Vivo en Moratalaz, a 25 minutos andando de la cochera de La Elipa. Pero ahora me tengo que levantar hora y pico antes, andar 15 minutos hasta el coche de personal que nos recoge para llevarnos a Fuencarral y pasar en él otros 30 minutos. Todo ello teniendo en cuenta que algunos de nuestros turnos empiezan a las 5.00 de la madrugada”, contaba un autobusera afectado en conversación con Somos Madrid. “El traslado se hizo con mucha prisa y se nos dijo que la obra estaba licitada y hasta adjudicada, incluso se difundieron imágenes del nuevo centro de operaciones”, reprochaba a la gerencia de EMT y al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que lidera el concejal Borja Carabante.
“Hemos pasado de un proyecto de 18 meses de duración y 90 millones de inversión cuando se planteó en 2019 durante el mandato de Manuela Carmena a otro que es difícil que se termine antes de 2030 y con un coste que supera los 366 millones de euros”, criticaba Ignacio Benito, concejal del PSOE en el Ayuntamiento y portavoz del partido en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Con la confirmación de la licitación, habla ya de “un paso nunca antes dado hacia la privatización de EMT, que hasta dentro de dos décadas no volverá a tener pleno dominio de unas instalaciones hasta ahora 100% públicas en todo un regalo a los empresarios beneficiados”.
El adjudicatario entregará un centro “totalmente finalizado y en funcionamiento”, según el Consistorio, y se ocupará de “toda la actividad relativa al suministro de energía eléctrica, disponibilidad de las instalaciones y mantenimiento”. Las actividades y procesos habituales, como la reparación de autobuses, el lavado de la flota o las inspecciones, serán gestionados y efectuados por EMT Madrid, como en el resto de los centros de operaciones. El contrato tendrá una duración de 20 años, incluyendo 17 años de fase de explotación del centro. Las empresas tienen un plazo de 90 días para presentar sus proyectos.
Desde la fecha de la firma del contrato se prevé una fase de construcción de 35 meses: seis meses para la redacción del proyecto constructivo, un mes para su aprobación, 24 meses para la ejecución de la obra y cuatro más para la legalización, obtención de permisos y puesta en marcha del centro.
El Centro de Operaciones de La Elipa pretende “avanzar en la electrificación de la flota y en la descarbonización del transporte público”, para lo cual tendrá capacidad para más de 300 autobuses eléctricos y contará con una gran instalación fotovoltaica en la cubierta con más de 7.200 paneles.
A través de este modelo de concesión, argumenta el Gobierno de Almeida, “EMT Madrid puede distribuir los costes a lo largo de la duración del contrato, que abarca todos los ejercicios desde el inicio de la explotación hasta el año 2045”. De esta forma, “se facilita la necesaria inversión en infraestructura, minimizando el impacto en la estabilidad presupuestaria de la empresa municipal”. El Ayuntamiento desliza su intención de recurrir de nuevo a esta fórmula privatizadora en futuros procesos: “Además de la flexibilidad financiera, EMT Madrid busca la especialización en la construcción y gestión de este tipo de infraestructura, la reducción del riesgo tecnológico inherente a la posible evolución de la electrificación o la garantía de calidad mediante la obligación contractual que implica el mantenimiento”.
Para Ignacio Benito, lo más “obsceno” es precisamente esa justificación: “Afirman que se ven obligados a privatizar porque electrifican la cochera, cuando tienen ya otras dos electrificadas en Carabanchel y Sanchinarro. Almeida vuelve a mostrarse como el alcalde de los pelotazos. La EMT es la joya de la corona y pretenden venderla por piezas”.
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