Andalucía culmina las oposiciones que “prohibieron” las faltas de ortografía: 600 vacantes y probable avalancha judicial

La Junta de Andalucía publicó este martes el listado de sus nuevos “funcionarios y funcionarias en prácticas”, aspirantes que han superado las masivas oposiciones a docente de este verano. En teoría es el punto final del proceso, solo pendiente de que acepten destino después de su nombramiento formal a partir del 1 de septiembre; en la práctica, las oposiciones más accidentadas que se recuerdan aún no han terminado.

Las oposiciones convocadas el pasado febrero han estado marcadas por una gestión que ha enervado a los opositores, que se han agrupado en plataformas, asambleas o grupos de Whatsapp donde estudian desde hace semanas las vías de impugnación.

En el punto álgido de la polémica, cuando se supo que los rigurosos motivos formales de exclusión habían dejado fuera a unos 4.000 aspirantes, el Defensor del Pueblo recibía decenas de quejas diarias, 300 hasta el 25 de julio, según trasladó la institución a elDiario.es Andalucía. Y ahora hay decenas de aspirantes que están solicitando asesoramiento, según trasladan varias fuentes de despachos de abogados, interinos y sindicatos.

Además, la principal plataforma de interinos, que en estas semanas ha recibido una “avalancha” de quejas, planteará en septiembre nuevas movilizaciones y ha vuelto a cuestionar todo el proceso, matizando que su impugnación no debe perjudicar a “aquellas personas que hayan tenido la suerte a su favor para ver su esfuerzo premiado durante este proceso tan rocambolesco, pues ellas no son responsables de la mala gestión de la Administración”. Es decir, a quienes sí han aprobado.

En la vía judicial, valoran un recurso porque la Orden de convocatoria no explicitaba los criterios de corrección de la prueba práctica, señala Virginia González, una de sus portavoces.

Un 8% de plazas desiertas

El proceso selectivo para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros en Andalucía ha acumulado incidencias desde su convocatoria, el pasado 21 de febrero. La Asamblea de Interinas ha recibido unas 1.200 quejas, mientras que en otro grupo con el que colaboran habría otras 1.500. Otras fuentes elevan las invalidaciones por motivos formales a unas 4.000, una cifra que la Consejería no ha confirmado. “En realidad, han sido tantas las irregularidades que no se ha librado nadie”, matiza González, que recuerda que, por ejemplo, todos los opositores de la especialidad Audición y Lenguaje resultaron afectados porque no había copias del examen para todos.

Finalmente, 606 de las 7.886 plazas ofertadas quedarán sin cubrir, según el cálculo de CCOO. Es un 8% del total, con especialidades que apenas cubren la mitad de las previsiones: es el caso de Matemáticas (con el 50% de plazas desiertas de 400 ofertadas), Filosofía (casi el 40% de 232) e Informática (36% de 428). En términos relativos, no es un porcentaje elevado en comparación con otras comunidades como Illes Balears (50,44%), Comunidad de Madrid (36,16%) o Aragón (30,35%), pero en términos absolutos coloca a Andalucía como la comunidad con más plazas desiertas, sólo por detrás de Madrid.

“Es la crónica de una muerte anunciada y las cifras denotan un fracaso absoluto, un desastre en la gestión y un maltrato al esfuerzo docente”, valora Marina Vega, secretaria de Enseñanza de CCOO Andalucía, quien asegura que algunas incidencias eran fácilmente evitables.

Durante la negociación de las oposiciones en mesa sindical, a comienzos de año, CCOO y otros sindicatos ya advirtieron de algunas lagunas. Pidieron más transparencia, información de los sistemas antiplagio (ante la posible introducción de mecanismos de Inteligencia Artificial) y reclamaron “revisión real de exámenes y criterios claros de penalización”. También, que las faltas de ortografía bajaran algo la nota, pero no fueran invalidantes.

Sin embargo, la Consejería mantuvo en la norma unos criterios tan rigurosos que han provocado castigos desproporcionados y suspensos implacables sin relación con la capacidad o aptitud pedagógica del candidato. Se han tirado a la basura exámenes prácticamente perfectos por colocar una tabla en horizontal y no en vertical, por no aclarar que La Celestina era el tema 46, por escribir sólo a una cara, por no numerar las últimas dos páginas o por escribir la portada en Canva y no en Word.

La mayoría de las invalidaciones han sido por cometer cinco o más faltas de ortografía, casi siempre tildes, que ahora no sólo penalizan, sino que son eliminatorias sin tener en cuenta casos especiales, como el de las personas disléxicas. El cabreo de los aspirantes aumentaba porque este rigor contrastaba con algunos descuidos ortográficos en los justificantes emitidos por los tribunales.

Una “yincana de errores y decisiones arbitrarias”, según CCOO

Según múltiples testimonios recabados por este medio, en muchas ocasiones los tribunales se han mostrado incómodos en su papel, admitiendo su frustración por tener que aplicar a rajatabla esos criterios, cuya aplicación fue forzada desde instancias superiores.

Se salvaron finalmente de la criba los candidatos que no escribieron “Cuerpo de Maestros” en la portada de la programación, después de que la Consejería decidiera revisar el criterio aplicado inicialmente por los tribunales. Eso ha generado otro incendio añadido: quienes cometieron otro tipo de error formal no amnistiado denuncian trato discriminatorio, y quienes no cometieron ningún error se sienten agraviados porque sobre la marcha se readmitió a miles de opositores que ya parecían eliminados. Una “yincana de errores y decisiones arbitrarias”, según CCOO Andalucía.

El proceso ya había nacido con mal pie cuando, en mayo, miles de opositores no pudieron presentar la programación didáctica (algo que se hace online al comienzo) por un error en la plataforma web el último día del plazo de presentación. La web se quedaba en espera. Los que pudieron acreditar (por ejemplo, con un pantallazo) que habían intentado el proceso pudieron reengancharse; quienes no, fueron excluidos.

Frente al clamor de miles de opositores y las críticas de la oposición, que forzó incluso la comparecencia de la consejera, Carmen Castillo, apenas fueron admitidas 92 impugnaciones. Como resultado, unos 4.000 aspirantes se vieron excluidos por un motivo formal, otros 4.000 se vieron fuera por el error en la web, y menos de la mitad de los 37.000 inscritos superaron la primera prueba.

Abierta la vía al recurso y a las movilizaciones

La Orden publicada este jueves nombra “personal funcionario en prácticas” a quienes han obtenido la mejor puntuación, una vez baremada la oposición (2/3 de la nota) y los méritos (1/3). Se les asignará destino a partir del 1 de septiembre.

Pero el fin del proceso ordinario, rubricado con la publicación en BOJA, aboca ahora a la apertura del trámite de recurso. Primero, en vía administrativa contra la propia orden. Y más tarde, o simultáneamente, en vía contencioso-administrativa; es decir, ante los tribunales. “A nuestra afiliación le proporcionamos el recurso correspondiente. Suele haber muchos en las oposiciones y estamos preparadas porque prevemos que este año va a ser más numeroso”, explica Marina Vega.

Los recursos judiciales podrán ser individuales o colectivos. Entre quienes se están organizando para una reclamación común están quienes se han visto perjudicados por la modificación sobre la marcha del criterio que invalidaba el examen de quienes no habían consignado “Cuerpo de Maestros” en la portada.

También la Asamblea está explorando la doble vía: sus asesores jurídicos proponen reclamaciones individuales para quienes han sufrido el rigor formal de las invalidaciones, y una colectiva, común a todos, porque la Orden de convocatoria no explicitaba los criterios de corrección de la prueba práctica. “Lo que queremos es que se ponga de manifiesto la injusticia tan grande y la ineptitud de la Junta de Andalucía. Nunca un proceso de oposición había sido tan inepto como este. No saben lo que hacen y nosotros somos los perjudicados”, señala.

Más difícil es que prosperen las quejas ante el Defensor, pues la mayoría de ellas se interpusieron cuando aún no había una resolución administrativa firme, y por tanto no podían demostrar una mala praxis de la Consejería.

La Asamblea de Interinas y Aspirantes, que desde primavera ha canalizado las protestas, también ha anunciado su intención de mantener las movilizaciones durante el próximo otoño. Denuncian desde hace meses que una convocatoria tan masiva, en un año en que apenas había oposiciones similares en el resto de España, iba a suponer un “ERE encubierto” de los interinos. Siempre reclamaron que estas plazas, que no salieron en el marco temporal habilitado por la Ley 20/2021, se reservaran para estabilización. “Ahora se ha cumplido lo que veníamos avisando: no ha habido estabilización y gente con ocho o diez años de tiempo de servicio se van a quedar sin trabajo y esperando una sustitución”, observa González.

Por eso, la Asamblea ya convocó manifestaciones frente al Parlamento durante la primavera pidiendo su anulación, y ahora ha convocado una “movilización” para el próximo 13 de septiembre. Su objetivo es revertir las oposiciones, y en una nota ha pedido a los sindicatos que utilicen “todas las herramientas legales (…) revertir todo el daño causado” y a la oposición que exija la puesta en marcha de una auditoría externa para esclarecer las “irregularidades”.