El interventor de Mijas advierte graves anomalías en una subvención: “¿Dónde está el dinero?”
El interventor del ayuntamiento de Mijas ha presentado un informe en el que denuncia el irregular procedimiento para intentar justificar una subvención de 1.180.000 euros. En un documento singularmente duro, el interventor advierte de responsabilidades “especialmente graves” y sugiere que el propio servicio municipal que concede las subvenciones es “copartícipe en su producción”.
La subvención a la que hace referencia el informe es una partida de 1,1 millones otorgada al Club Atletismo Mijas (actualmente Club Polideportivo Mijas). Cuando a finales de 2014 las sospechas sobre el funcionamiento del Patronato de Deportes arreciaron, el anterior equipo de gobierno del PP suscribió un “convenio de colaboración subvencionado” con el Club de Atletismo para gestionar casi todas las activas deportivas del municipio. El “convenio de colaboración subvencionado” fue suscrito por el exalcalde Ángel Nozal (PP) y un representante del club que en aquella fecha (diciembre de 2014) trabajaba como personal eventual en el consistorio. El documento del interventor denuncia la nula colaboración del actual equipo de gobierno en el ayuntamiento de Mijas, liderado por Ciudadanos con apoyo del PSOE.
El informe de reparo, al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, está fechado el 16 de octubre, pero reitera dos informes previos de diciembre de 2016 y junio de este año. En los tres informes el interventor ha advertido de que la justificación de los gastos con cargo al convenio entre el ayuntamiento y el Club Atletismo Mijas es insuficiente. Se trata de una subvención otorgada de manera directa.
El documento pone de manifiesto una retahíla de posibles irregularidades. Por ejemplo, el interventor no sabe (porque no se le responde) si el club alquilaba las instalaciones municipales y pagaba un precio por ello, como establece la ordenanza, o las usaba gratuitamente. Tampoco se sabe quién cobró los posibles ingresos publicitarios en instalaciones públicas, que corresponderían al ayuntamiento, lo que podría dar lugar a posibles delitos de malversación o apropiación indebida “si ha habido ingresos de publicidad y no están en la cuenta municipal”. Según el interventor, el club no ha aportado detalle de la cuenta ni extractos bancarios y ha presentado justificantes de pago con defectos de forma, que no son válidos.
También llama la atención por las actividades deportivas que pagaban el ayuntamiento o los usuarios, aunque eran objeto de la subvención. El interventor no sabe si esos cobros los realizó el club o el ayuntamiento, explica que hay un datáfono del ayuntamiento y otro del club para cobrar a los usuarios, y duda de la legalidad de esto. También se sorprende de la existencia de eventos coorganizados o financiados por el ayuntamiento, como carreras, que sin embargo están incluidas en el objeto de la subvención. “Una vez aclarado esto, y perdón por hablar en términos vulgares, ¿dónde está el dinero?”, se cuestiona: “Si de verdad es una actividad municipal y no se acredita dónde se ha ingresado el producto de esas inscripciones estaríamos ante una posible responsabilidad por malversación o apropiación indebida”. Además, sospecha que una misma actividad se ha subvencionado con dos subvenciones diferentes.
El interventor asegura que la documentación que le han presentado para justificar los gastos y solventar sus dudas no cumple “ni por lo más mínimo” lo previsto en la normativa.
El interventor “duda” de la veracidad de las respuestas del ayuntamiento
El interventor “duda” de la veracidad de las respuestas del ayuntamientoLo que parece señalar el habilitado nacional es que la documentación que le han presentado no le permiten discernir dónde acaban las cuentas públicas y dónde empiezan las del club, que es privado pero sólo ingresó 39.220 euros al margen de las subvenciones públicas, sin que haya especificado en concepto de qué.
El interventor acusa al servicio de deportes municipal de obligarlo a realizar “una labor detectivesca” y de ignorar sus advertencias: “Después de haber emitido el correspondiente informe de reparo, haber explicado a los distintos interlocutores que se ha tenido tanto desde el punto de vista político como funcionarial (…) es necesario acudir a ejemplos concretos que aclaren la incidencia e importante gravedad de los defectos sustanciales que concurren en el expediente”. “Las contestaciones del servicio [de deportes] no se corresponden con lo solicitado y se duda de su veracidad”, denuncia la persona encargada por vigilar que las cuentas del ayuntamiento de Mijas se ajusten a la legalidad.
El ayuntamiento incluso habría intentado eludir la ley por la vía de considerar el convenio con el club de atletismo como una subvención o un contrato, a conveniencia. Según el interventor, el ayuntamiento dice que es subvención para “poder pagar por anticipado, eludir el procedimiento de contratación o eliminar la existencia de riesgo empresarial alguno”; y dice que se trata de un contrato de servicios con el fin de “eludir las normas reguladoras de justificación de subvenciones (…) y con ello dar la necesaria cuenta del dinero público recibido”.
El propio club, en una carta remitida al ayuntamiento el 12 de septiembre, explicaba que “hemos tenido que volver a pedir una subvención (…) al no haberse concluido por el ayuntamiento de Mijas el procedimiento de adjudicación del concurso” y que el actual modelo de petición de subvención (que sustituyó al vigente desde 1995) es “básicamente” la prestación de servicios deportivos municipales “de forma encubierta”. El club pide “flexibilidad” ante las dificultades económicas que les ha generado el cambio de modelo.
El interventor insiste en que necesita conocer las cuentas del club para poder verificar “qué ha ocurrido con el dinero público del ayuntamiento de Mijas”, así como una memoria de actuación que justifique que se han cumplido las condiciones de la subvención. En junio la Junta de Gobierno Local entendió que la subvención estaba justificada, pero el interventor cree que procede el reintegro total de la subvención y el inicio de un expediente sancionador, a la vista de la “especial gravedad” de los defectos, y pide al consistorio que valore enviar el expediente al Tribunal de Cuentas.
