El Gobierno andaluz de PP y Cs rescata el Pacto de Estado por la dependencia que el PP no quiso firmar en 2016 en Madrid

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos ha propuesto este lunes instar al Gobierno de la nación a realizar “un Pacto de Estado para proteger y garantizar el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, una cuestión que los populares rechazaron en diciembre de 2016 al ser el único partido del Congreso de los Diputados, junto al PNV, en desmarcarse del Pacto de Estado propuesto por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia cuando Mariano Rajoy gobernaba el país.

El asunto iba a abordarse la semana pasada en el seno del Consejo de Gobierno, pero la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha comparecido finalmente este lunes junto al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. La titular de Igualdad ha aportado un dato nuevo en la guerra de cifras que mantiene en los últimos meses con el anterior Ejecutivo del PSOE, a quien llegó incluso a acusar de esperar a que hubiera fallecimientos para introducir en el sistema a nuevos dependientes y engordar las cifras de atendidos.

La consejera ha detallado que su departamento ya ha incorporado al sistema todas las solicitudes “pendientes de grabar por parte del Gobierno anterior”, en concreto 24.761 que se encontraban sin registrar, como anunció la semana pasada, a las que hay que sumar los 34.000 que ya denunció hace un año que estaban “ocultos” en listas de espera y que, junto a los 75.000 reconocidos oficialmente, había provocado el aumento en el número de personas en lista de espera.

Fondo de Garantía

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno plantea ocho cuestiones como contenidos mínimos a abordar en el Pacto de Estado, entre ellas, la vieja reivindicación de establecer una garantía de la financiación del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General del Estado y las distintas comunidades autónomas, de manera que cada administración financie el 50% del presupuesto, como prevé la Ley de Dependencia aprobada en 2006.

En la actualidad, Andalucía asume el 82% de la financiación del sistema, según ha recordado la consejera de Igualdad, quien ha reclamado que el Estado “por fin tome las riendas y se comprometa a cumplir la ley”. Según el acuerdo, se debería garantizar un desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia análogos en todo el territorio nacional con la creación de una caja única, así como de un Fondo de Garantía con la finalidad de asegurar la financiación del sistema.

Para el PSOE, las cifras que viene ofreciendo el Gobierno andaluz no cuadran y el acuerdo que pide ahora la Junta no resulta novedoso. La diputada socialista Soledad Pérez lamenta que en Andalucía también se solicitara el Pacto de Estado por la Dependencia por parte de la ahora expresidenta, Susana Díaz, y los colectivos sociales en el X aniversario de la ley, en aquel diciembre de 2016.

Incluso apunta la diputada que “un año antes” el PSOE propuso un pacto de todos los partidos políticos para blindar la dependencia en España“. Concretamente así constaba en el acuerdo para la investidura de Susana Díaz, casualmente con Ciudadanos, y que literalmente decía 'Promover desde Andalucía un Pacto de Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, que garantice una financiación suficiente y comprometa al Gobierno Central a reponer la financiación estatal al 50% tal y como establece la ley'.

Datos “negativos”

Pérez indica a este periódico que “el aumento en la atención en ayuda a domicilio se debe a que se ha priorizado el grado I de dependencia y se ha limitado en el programa informático la grabación a 10 horas mensuales”. A su juicio, así consiguen 'atender' a más personas “a costa de recursos más baratos y personas menos dependientes”, lo que provoca “menos horas de atención en los municipios por lo que las empresas ya están despidiendo trabajadoras de ayuda a domicilio”.

En concreto señalan que se dieron en este sentido 279.274 prestaciones en 2018 por las 293.661 prestaciones en 2019, lo que supone un incremento de 14.397 prestaciones. Sin embargo, el número de personas en lista de espera (pendientes de valoración y del Programa Individual de Atención) era de 109.470 en 2018 mientras que en 2019 ha sido de 122.912, es decir, se ha incrementado la lista de espera en 13.442 personas.

Pérez también recuerda que el 75% de las prestaciones de 2019 fueron en ayuda a domicilio, 14% en teleasistencia, 8,5% en prestaciones económicas familiares y el 4% en prestaciones económica vinculadas al servicio, mientras que las residencias sólo han supuesto el 0,6%. “Son negativos los datos y se pierden recursos en prevención y promoción de la autonomía y en centros de día y de noche”, apunta.

Los datos oficiales, según el PSOE, reflejan un incremento de atenciones de diversa índole durante el pasado año menor al de la media en España. En ese sentido detallan que en 2018 hubo 388.846 solicitudes y 410.355 en 2019, con un incremento del 5,5% (21.509 solicitudes más), por debajo de la media española que ha sido del 7,2%. También apuntan que las resoluciones de grado ascendieron a 354.473 en 2018 por las 361.314 de 2019, con un incremento del 1,9% (6.841 resoluciones), por debajo de la media española que ha sido del 5,9%.