Moreno retira a los interventores de Salud el control de las auditorías que dieron pie al caso de los contratos a dedo

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha cambiado el procedimiento interno que guiaba, hasta ahora, a sus interventores para fiscalizar las cuentas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una “reorganización” del trabajo impuesto por la Intervención General de la Junta que afecta directamente a un asunto judicializado: dos magistrados, uno en Sevilla y otra en Cádiz, investigan sendos supuestos de prevaricación y malversación en los contratos a dedo del SAS con clínicas privadas.

El origen de esas investigaciones judiciales está, precisamente, en los informes definitivos desfavorables que elevaron los interventores del SAS en las ocho provincias de Andalucía, como responsables del control financiero permanente de la Junta (esto es, auditorías a posteriori).

El pasado 22 de mayo, el nuevo interventor general de la Junta, Miguel Ángel Figueroa, “reorganizó” el trabajo de la Intervención Central del SAS, hasta hoy responsable de esos informes a posteriori, que ahora asumirá directamente la Intervención General, confirman fuentes de la Consejería de Hacienda.

Los auditores del SAS seguirán encargándose de la fiscalización previa de gastos y contratos, sin embargo, justo los que están bajo sospecha judicial -los contratos de emergencia suscritos con clínicas privadas entre 2020 y 2024- están sujetos al control financiero permanente (a posteriori), por un acuerdo expreso del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que está entre la documentación reclamada por el juez a la Junta.

El nuevo reparto de funciones en la Intervención del SAS, adelantado por El País, es potestad directa del interventor general, según el reglamento que regula el órgano de fiscalización interna de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Hacienda. La titular del ramo, la consejera Carolina España, ha confirmado este martes que “se han separado la intervención previa de la intervención financiera permanente”, que se encargará a “personas diferentes”.

España niega que se le hayan retirado competencias a los auditores del SAS y asegura que esta “reorganización” del trabajo ya se había llevado a cabo “en todas las consejerías de la Junta”. “Sólo faltaba el SAS para culminar ese nuevo reparto de tareas”, es decir, el departamento de gasto y contratación más voluminoso de la Junta de Andalucía, con un presupuesto de 14.870 millones de euros, casi un tercio del total.

“La Intervención del SAS va a seguir realizando el control previo, mientras que el control financiero permanente se va a realizar desde los servicios centrales” de la Intervención General de la Junta, ha asegurado la consejera, tras subrayar que el control financiero permanente “es mucho más intenso, más estricto y más profundo”.

El reglamento de la Intervención General de la Junta de Andalucía establece que es el interventor general el que adjudica las diferentes funciones a los interventores que componen el cuerpo. El Ejecutivo de Moreno defiende su potestad para “ejercer sus funciones y reorganizar su equipo”.

Figueroa fue designado interventor general el pasado mes de enero, tras el cese de su antecesora, María Antonia González Pavón, responsable del informe de actuación que alertó a la consejera de Hacienda del “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores en el SAS en 2021, un informe que dio pie a la apertura de diligencias en un juzgado de Cádiz por un supuesto delito de malversación.

El interventor general de la Junta es un puesto político elegido por el Gobierno de turno. El Ejecutivo de Moreno designó a Figueroa cuando ya acumulaba una docena de informes desfavorables de los auditores del SAS, que tumbaron todas las alegaciones de la dirección gerente por incumplimiento de sus recomendaciones para que interrumpieran el sistema de contratación a dedo y volvieran a los conciertos en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva.

Desde Hacienda aseguran que el nuevo reparto de tareas en la Intervención de Salud no tiene por qué afectar al envío de documentación que los juzgados reclaman al SAS para avanzar en sus pesquisas sobre la contratación a dedo. “La documentación al juzgado la ha remitido siempre la Intervención General de la Junta porque es a quien requiere el juez, otra cosa es que siempre requerimos la documentación a la Intervención Central del SAS que es quien suele tenerla en algunos casos. Nada va a cambiar en ese sentido”, explican.

En la causa de Sevilla está imputada la actual gerente, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas; y en la causa de Cádiz, que investiga el troceo de contratos millonarios para eludir la ley, está imputado un directivo de compras del SAS en esa provincia. En este último proceso se ha personado el Gobierno de Moreno como “responsable civil subsidiario”.

Con la reordenación de funciones en la Intervención de la Junta, la responsabilidad del control financiero permanente del SAS recaerá en Silvia Iglesias, nueva directora de división de Control Financiero Permanente y Supervisión Continua, designada a dedo por Figueroa. En el cuerpo de auditores su nombramiento ha generado recelos por su “escasa experiencia” como interventora auditora, de “no más de tres años”, para sustituir a quien venía pilotando la Intervención del SAS desde hace seis años.