No habrá personal eventual en el futuro Consejo castellano-manchego de Transparencia

Un año y medio después de aprobarse por unanimidad la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, la primera que salió adelante en la legislatura de Emiliano García-Page, las Cortes regionales han dado el visto bueno a una de sus disposiciones más importantes: la creación del Consejo regional de Transparencia. En esta ocasión la medida no ha contado con el consenso político, ya que el PP ha decidido abstenerse al no haberse incorporado algunas de sus enmiendas al reglamento de este órgano. De esta forma, el dictamen, que ya avaló la Comisión de Asuntos Generales, ha salido adelante con el voto favorable de PSOE y Podemos.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno estipula que será el encargado de garantizar los derechos de acceso a la información pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Estará adscrito a las Cortes castellano-manchegas y actuará con “plena capacidad, autonomía e independencia”. En el marco de este órgano se elaborará también el control de un registro sobre las declaraciones responsables así como de otras que sean necesarias.

Durante el debate, el diputado socialista Miguel González, ha explicado que con la creación del Consejo se da por concluido el desarrollo normativo de la Ley de Transparencia y ha puesto en valor su importancia por ser el “fundamento más importante para hacer cumplir las exigencias” de la norma. Ha destacado que esta última es una de las más ambiciosas que ha hecho una comunidad autónoma en el país ya que va “más allá” de la legislación estatal sobre transparencia que el Gobierno de Rajoy aprobó en 2013, con cuestiones clave como la creación de registro de ‘lobbies’ y de un código ético para cargos públicos.

En este sentido, el parlamentario también ha hecho hincapié en que el Consejo de Transparencia será “autónomo y eficiente, con plena capacidad y ”no sujeto a ninguna instrucción de nada ni de nadie“. El presidente del mismo actuará con ”plena independencia y capacidad, dedicación exclusiva y no sujeto a ningún mandato imperativo“. Además, el nuevo órgano no tendrá patrimonio propio más allá del apoyo que reciba de las Cortes castellano-manchegas y no se podrá nombrar personal eventual para el mismo. Esta última apreciación se ha incluido en virtud de sendas enmiendas de Podemos y del PP.

Memoria anual, participación y composición

Asimismo, según ha precisado Miguel González, el nuevo Consejo elaborará una memoria anual del trabajo, instruirá mecanismos para la participación de los ciudadanos, y el presidente de la comisión ejecutiva comparecerá ante las cortes para dar cuenta de la labor desarrollada. Estará formado por una Comisión Ejecutiva y otra Consultiva a propuesta de los agentes de la sociedad civil y sus miembros podrán pasar un examen de idoneidad, para garantizar “que sean personas de reconocido prestigio en esta materia”.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Ana Guarinos ha aprovechado sus intervenciones durante el debate para defender las enmiendas que fueron rechazadas en comisión y que servían para “ofrecer garantías” sobre la independencia de este órgano, y sobre que todo que no supusiera el aumento del gasto público. “Debe garantizarse que el Consejo de Transparencia se dotará mediante únicamente mediante redistribución de efectivos de la Junta, con medios materiales de los que ya dispone”.

En sus enmiendas, el PP también había propuesto que en el caso de la Presidencia y las dos Adjuntías que prevé este órgano fueran cargos elegidos todos por las Cortes, un supuesto recogido solo en el caso de los adjuntos. Y con el mismo objetivo, solicitaba que todos aquellos miembros de libre designación, una vez que fueran cesados, debieran solicitar el reingreso activo en la Administracion, y no utilizar el nuevo órgano “para adscribir a ese funcionario a un puesto en las Cortes”. Finalmente, proponían una mayoría de tres quintos para elegir los miembros de las dos comisiones.

Desde el Grupo Socialista se ha considerado que estas propuestas generan “unas dudas innecesarias e interesadas” hacia un reglamento que “demuestra todo lo contrario”, y argumentan que ya con el hecho de que no se permita el nombramiento de personal eventual se garantiza su autonomía e independencia. En opinión del diputado Miguel González aceptar las propuestas populares hubiera supuesto “minar la eficacia del consejo, provocar situaciones de bloqueo y adoptar un caciquismo electoral”.

Por su parte, la diputada de Podemos María Díaz ha recordado que la Ley de Transparencia fue impulsada por la formación morada y es “imprescindible en el proceso de regeneración democrática”. “La transparencia es la gran asignatura pendiente y su escasez ha sido el principal acicate de las corruptas y los corruptos que la ensombrecen”. Según ha dicho, el recién creado Consejo es el garante del sistema de esa ley, y debe ser “plenamente independiente y autónomo del Gobierno y de las administraciones públicas”.

Tras confiar en que “tenga un reconocimiento social” dejando atrás “la cultura de opacidad”, la parlamentaria ha acusado al PP de intentar “retrasar y boicotear” la puesta en marcha del nuevo consejo y ha celebrado que sean las enmiendas de Podemos las que han conseguido que no se contrate personal eventual, que se incluya que la provisión de puestos de trabajo se lleve a cabo por el procedimiento de concurso -reservando de forma excepcional el procedimiento de libre designación para el puesto de jefe de servicio de asuntos generales-, y que los miembros de la comisión ejecutiva deban declarar no estar afiliados a partidos políticos o agrupaciones electorales desde al menos un año antes de dicha elección.