La Guardia Civil investiga a 64 personas en Alicante por delitos urbanísticos en suelo rústico protegido

La Guardia Civil ha desarrollado en la provincia de Alicante la operación 'Urbanitas', una investigación en materia de ordenación del territorio que se ha saldado con la investigación de 64 personas como presuntas autoras de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y, en algunos casos, también por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de Alicante, en el marco de las intervenciones que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) realiza para garantizar un modelo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia.

La investigación se inició en octubre del año pasado, tras varias denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, así como por irregularidades detectadas de oficio por la propia patrulla. Estas informaciones apuntaban a la existencia de numerosas infracciones urbanísticas relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en las partidas alicantinas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.

Durante más de 70 inspecciones, los agentes comprobaron que la mayoría de los terrenos afectados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, muchas de ellas situadas en zonas de rambla, donde la normativa vigente prohíbe expresamente la división del terreno y cualquier tipo de construcción o edificación.

Según la Guardia Civil, las primeras diligencias permitieron detectar el modus operandi de los implicados. Los intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y los posibles compradores. En algunos casos, adquirían los terrenos para su posterior reventa, o bien mediaban en las operaciones para convencer a los compradores. Después, dividían las fincas en pequeñas parcelas, tanto documental como físicamente, con el fin de obtener un mayor beneficio económico.

Los compradores firmaban contratos privados de compraventa mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original, sin una ubicación concreta dentro de la parcela matriz, asumiendo así las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de toda la propiedad.

Como resultado de la operación, se ha procedido a la investigación de 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían actuado como intermediarios. A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a algunos también falsedad documental, por alterar documentos de compraventa para engañar a la Administración, así como delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al erario.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, mientras que las posibles infracciones urbanísticas han sido puestas en conocimiento de los organismos competentes, que podrían imponer sanciones económicas y ordenar la demolición de las edificaciones ilegales o el cese de suministros básicos como agua, electricidad, gas y telefonía.

La Guardia Civil recuerda que adquirir una vivienda construida de forma ilegal conlleva graves riesgos, entre ellos la posibilidad de demolición y pérdida del valor invertido, daños materiales por inundaciones, sanciones urbanísticas, inseguridad jurídica en el registro de la propiedad y dificultades para acceder a servicios esenciales.