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Ribera Salud se escuda en la COVID para recurrir la reversión del hospital privatizado de Torrevieja prevista por el Gobierno valenciano

El hospital de Torrevieja.

Emilio J. Salazar

Elche —

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Con el anuncio por parte de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública del inicio del procedimiento de reversión del hospital de Torrevieja, la empresa Ribera Salud avanzó en octubre lo que ya es una realidad, la ofensiva legal de la compañía para evitar que la concesión caduque el 14 de octubre de 2021, fecha en la que está previso que la Generalitat Valenciana recupere para la sanidad pública el departamento que ofrece atención sanitaria a más de 140.000 habitantes de 14 municipios 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó este martes la resolución del pasado 3 de febrero de la conselleria por la que se ordena el envío a la Sala de lo Contencioso-administrativo sección 5 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana del expediente administrativo sobre las normas de reversión elaborado por el área que dirige Ana Barceló que han sido recurridas por Ribera Salud.

La empresa, que está detrás de otros hospitales, como el del Vinalopó de Elche -cuya concesión caduca en 2025- ha encontrado en la Covid-19 su argumento principal para recurrir la decisión del gobierno de Ximo Puig. “Hemos presentado un recurso contra las normas de reversión porque, en mitad de la mayor pandemia mundial del último siglo, con una situación de estado de alarma declarado por el Gobierno central, con el alto índice de incidencia que hace de la Comunidad Valenciana la peor región de Europa, con unas restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno autonómico, resulta imposible cumplir las exigencias incluidas en las normas de reversión que nos hicieron llegar el pasado 14 de octubre, ya que todos nuestros recursos, igual que los del resto de la sanidad valenciana y española, están centrados en lo único importante en estos momentos”, afirma la compañía.

La estrategia de la mercantil, principal concesionaria de la privatización de la gestión de hospitales públicos llevada a cabo en la época del PP, cuyo consejero delegado es Alberto de Rosa, no es nueva, con o sin pandemia. Ante el anuncio del Gobierno valenciano de la reversión del hospital de Alzira para el 1 de abril de 2018 con el objetivo de hacer cumplir una de sus promesas estrellas, los departamentos gestionados por Ribera Salud presentaron medio centenar de contenciosos de todo tipo en un intento, aseguraron entonces fuentes de Sanidad, “de obstaculizar el funcionamiento de la conselleria”.

Todos cayeron en saco roto, como los nueve recursos judiciales que presentaron antes de que se agotara el plazo del rescate de la concesión. Incluso a posteriori, una vez que se materializó el rescate del hospital de la Ribera y su departamento de salud, la misma sección del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que va ahora a dirimir el recurso por la reversión del hospital de Torrevieja, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo, dio la razón al Gobierno valenciano, avalando su decisión. Los magistrados sentenciaron que “la Administración no está obligada a seguir ningún procedimiento para dar por finalizado un contrato por vencimiento de plazo, al menos desde un prisma teórico” por un procedimiento para Alzira que, según se recogió en la resolución, fue “razonable dada la compleja situación”.

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