Vox consigue la cabeza del concejal de Hacienda de Alicante y un decálogo con medidas ultras para aprobar el Plan Financiero del PP

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha cedido ante las exigencias de Vox para lograr el respaldo al Plan Económico Financiero del Ayuntamiento, aceptando entre otras condiciones la dimisión del concejal de Hacienda, Toni Gallego. Su salida —reclamada tanto por la extrema derecha como por la oposición, aunque por razones distintas— se ha producido como paso previo al acuerdo entre PP y Vox que se someterá a aprobación definitiva en el Pleno del 26 de junio.

La renuncia de Gallego, señalado como responsable del incumplimiento de la regla de gasto, ha sido el gesto que ha desbloqueado el respaldo de Vox al plan económico. El pacto contempla una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2026, compensada con un recorte de 1,1 millones de euros en el presupuesto, y va mucho más allá de lo puramente fiscal: incluye una batería de medidas con fuerte carga ideológica que Vox ha impuesto como condiciones para apoyar el ajuste.

Entre ellas, destacan la aprobación de una declaración institucional para instar a las Cortes Valencianas a modificar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, con el objetivo de que Alicante sea reconocida como “ciudad castellano hablante”; una medida que desde la oposición califican de “ataque al plurilingüismo” y a la convivencia lingüística. Esta ha sido una reivindicación histórica de la extrema derecha que hace dos años el PP consiguió evitar, pero que ya ha tenido que aceptar llegado al actual punto de necesidad de apoyos de Vox.

Otra medida polémica es la revisión de las ayudas municipales, con un enfoque en el “arraigo” como criterio de concesión, lo que abre la puerta a restricciones que podrían perjudicar a sectores vulnerables y migrantes. A ello se suma la ampliación de la Oficina de Atención a la Maternidad mediante un convenio con una entidad “especializada”, en una apuesta por reforzar políticas natalistas de corte conservador impulsadas por Vox en otras ciudades.

Desde el equipo de gobierno del PP, se defiende que el pacto “aporta seguridad y estabilidad a las cuentas municipales” y que “garantiza la continuidad de proyectos clave para la ciudad”. Fuentes municipales han agradecido la “buena disposición” de Vox y han enmarcado el acuerdo dentro del “compromiso del Ayuntamiento con los intereses generales de los alicantinos”.

Barcala ha agradecido la dimisión al edil

La decisión de la dimisión la ha dado a conocer el propio edil Toni Gallego, precisamente minutos antes de que el ejecutivo local del PP haya anunciado el acuerdo con Vox.

Durante una rueda de prensa, ha explicado que ya ha firmado su renuncia al acta de concejal y ha afirmado que su decisión “no tiene vuelta atrás”. “No soy político, he hecho el mejor trabajo que he podido hacer para Alicante y me voy a seguir mi vida”, ha apuntado.

De otro lado, al ser preguntado por cómo ha reaccionado Barcala a su decisión, Gallego ha indicado que el primer edil se la ha agradecido “porque sabe que este pacto es importante” para que la ciudad “siga creciendo” y el equipo de gobierno “pueda seguir gobernando”. “Me ha agradecido ser honesto y dar este paso tan difícil por el bien de Alicante”, ha apuntado.

El PP “acepta el chantaje de Vox”

Sin embargo, la oposición ha cargado con dureza contra lo que consideran una claudicación política sin precedentes. La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha acusado a Barcala de entregar el Ayuntamiento a los postulados de la extrema derecha. “Ha optado por aceptar el chantaje de Vox en lugar de negociar con la oposición democrática. La salida de Toni Gallego no puede ocultar que lo que se ha pactado es una hoja de ruta ideológica que retrocede en derechos”, ha afirmado.

Barceló ha recordado que el PSPV ofreció su abstención a cambio de dos condiciones: la salida de Gallego y el rechazo a cualquier imposición de Vox. “La primera se ha cumplido; la segunda, el alcalde ha decidido ignorarla”, ha sentenciado. “Este acuerdo es una declaración de guerra a los colectivos sociales y al modelo plural e inclusivo que defendemos para Alicante”.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, considera que Gallego ha dimitido “asumiendo la pésima gestión del gobierno de Barcala”, que, según ha sostenido, ha llevado a cabo “obras chapuza con sobrecostes” y “ha engordado las cuentas de las contratas”. También ha reclamado la dimisión de la edil de Urbanismo Rocío Gómez por su “inacción”.

También desde Esquerra Unida Podem se ha denunciado el pacto. Aseguran que el ajuste de 30 millones es una consecuencia directa de la “gestión irresponsable del PP”, que ha gastado sin control confiando en ingresos que nunca llegaron. Su portavoz ha criticado que “los recortes no afecten a contratos millonarios o asesores de confianza, sino a servicios básicos”, y ha lamentado que se use la dimisión de Gallego como “cortina de humo para tapar un modelo agotado”.