Compromís pide una comisión de investigación para determinar hasta dónde llegó la corrupción de Enrique Ortiz con el PP de Alicante

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este lunes la presentación de una moción para el pleno de abril en la que reclama la creación de una comisión de investigación y depuración de responsabilidades políticas sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante durante los mandatos de los ex alcaldes populares de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.  

La coalición ha presentado la moción a raíz del acuerdo con fiscalía del empresario Enrique Ortiz sobre el presunto amaño de este plan, por el que acepta  dos años de prisión y le obliga a abonar 1.596.000 € en concepto de multas e indemnizaciones por corrupción de autoridades públicas, tráfico de influencias y los costes derivados del plan urbanístico que se desarrolló entre 2007 y 2010 y desestimado en 2015. 

 Con esta comisión Compromís pretende esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido del sumario del caso Brugal que investiga el presunto amaño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, así como analizar las consecuencias jurídicas de las contratas y concesiones de implicados en el sumario. 

Según ha insistido Natxo Bellido, portavoz de la formación, “una vez el delincuente confesó, el señor Ortiz, ha admitido el amaño del Plan general es hora de abrir una comisión de investigación del Ayuntamiento para saber hasta dónde llegó la mano de la corrupción; en unos mandatos donde el señor era el amo de Ayuntamiento y el amo de la ciudad”. 

Desde la coalición valenciana destaca que estos hechos están protagonizados por un ex alcalde y ex alcaldesa de esta corporación y por ello es fundamental esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido de los informes policiales incorporados al sumario, así como de la confesión del empresario Enrique Ortiz, investigar las consecuencias “de la relación impropia” entre los gobiernos de Alperi y Castedo, con Ortiz y su holding empresarial. 

En ese sentido recuerdan que las empresas del grupo de Enrique Ortiz acapararon durante años la mayor parte de las grandes contratas y concesiones municipales, como aparcamientos u operaciones urbanísticas como el PAI Rabassa. Y por ahora, la limpieza urbana y la gestión de residuos, la contrata más importante de la ciudad, está en manos de una UTE participada por las empresas del citado empresario.

Pero además insisten también en que es importante esclarecer la asunción de responsabilidades del actual alcalde Luis Barcala, de la concejala Maria del Carmen de España, ambos del PP, y del concejal de Ciudadanos Adrián Santos Pérez, que compartieron equipo de gobierno con la ex alcaldesa Sonia Castedo durante el mandato 2011-2015. 

“Planteamos la creación de una comisión que trabaje sobre las presuntas actuaciones ilegales de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi en favor de los intereses de Enrique Ortiz, así como en relación a los presuntos contactos del empresario con diversos técnicos con responsabilidades en la elaboración y aprobación del planeamiento de la ciudad y a la intervención de sociedades tanto en la elaboración de alegaciones a particulares y empresas, entre los que se encuentra Enrique Ortiz, como en su resolución favorable mediante una subcontrata de la adjudicataria de la redacción del nuevo Plan”, han explicado desde Compromís. 

 “Esperemos que el Partido Popular dé todas las facilidades para poder tener transparencia y saber si el señor Ortiz puede seguir siendo, en el presente y en el futuro, concesionario público, él o sus empresas, de la administración pública local”, ha concluido Bellido.