Compromís pide a la Conselleria de Sanitat que asuma las competencias de salud mental en las prisiones valencianas

La investigación interna de Instituciones Penitenciarias a tres funcionarios de la cárcel de Villena (Alicante) por la agresión a un preso ha puesto en primer plano el tratamiento de la salud mental en prisión. A pesar de que el 40% de los reclusos sufren problemas de salud mental, ninguna de las prisiones valencianas cuentan con un psiquiatra, según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, coordinado por el director de la asociación Àmbit, el jurista Javier Vilalta. 

Compromís, tras una reunión con el coordinador del informe, ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la comisión de Derechos Humanos de las Corts Valencianas en la que solicitan a la Conselleria de Sanitat, que dirige la socialista Ana Barceló, que firme un convenio con el Gobierno central para la transferencia de los servicios sanitarios en las prisiones, “con la correspondiente transferencia de fondos por parte del Estado”, reza la PNL, firmada por la portavoz de Compromís en la comisión de Derechos Humanos, Cristina Rodríguez, y por la sindicatura adjunta de la formación Mònica Àlvaro.

Así, la propuesta insta al Ejecutivo autonómico a que pida a Pedro Sánchez un incremento de la dotación de personal sanitario en los centros penitenciarios valencianos y a contratar personal facultativo especializado en psiquiatría y psicología clínica. El tratamiento de la salud en las prisiones resulta alarmante: en la cárcel de Villena faltan varios facultativos, tal como reconoció el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Además, la PNL de Compromís también solicita la creación de “recursos públicos comunitarios” en el ámbito penitenciario valenciano, así como la puesta en marcha de protocolos de actuación ante crisis derivadas de enfermedades de salud mental. También insta a potenciar los medios asistenciales (psicoterapéuticos, farmacológicos o educativos) para atender a los reclusos con Trastorno Mental Grave (TMG).

La sanidad penitenciaria, según la ley que regula el Sistema Nacional de Salud, debería haberse transferido a las comunidades autónomas hace 17 años. Sin embargo, según denuncia Compromís, no se ha solicitado la transferencia de esta competencia, que continúa en manos del Ministerio del Interior.

Las enfermerías de las cárceles valencianas, el espacio penitenciario en el que suelen permanecer los presos con Trastorno Mental Grave, cuentan con un psicólogo, educadores y trabajadores sociales y un médico de atención primaria. Sin embargo, no cuentan con psiquiatras ni psicólogos clínicos, “por tanto el equipo de la prisión no puede llevar a cabo un diagnóstico psiquiátrico ni prescribir medicación”, reza la iniciativa de la formación valencianista.

No obstante, el 65% de la población penitenciaria, según los datos del informe del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, recibe tratamiento psiquiátrico. “Nos encontramos, pues, ante un problema de sobremedicación de la población penitenciaria sin un control efectivo por parte de unidades de salud mental que supervisen la medicación”, un hecho que “imposibilita la valoración de la dependencia o discapacidad y la consecuente derivación al exterior”.

“Otra carencia grave detectada es la imposibilidad de grabar datos médicos en el programa de gestión sanitaria pública, de manera que los facultativos pueden consultar los historiales médicos de las personas reclusas pero registrar su historial médico durante el internamiento”, a excepción del centro Penitenciario Antonio Asunción de Picassent, critica la PNL de Compromís.

El informe también coordinado por el jurista Javier Vilalta también remarca que no existen protocolos de crisis. “Esta cuestión”, apostilla la PNL de Compromís, “es especialmente grave dado que si se confunde una crisis con un incumplimiento del reglamento penitenciario, la persona es devuelta a primer grado y aislada, produciendo un trauma y un shock post crisis”.

La prisión de Castellón II es la única de las cárceles valencianas que cuenta con un módulo con un Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), del que forman parte 60 reclusos.

La portavoz de Compromís en la comisión de Derechos Humanos, Cristina Rodríguez, considera que los datos del informe revelan la “carencia flagrante de personal médico especialista en salud mental en nuestras prisiones”. “Es fundamental aumentar los recursos públicos y mejorar la atención”, agrega Rodríguez.

 La diputada ha recordado que “todas estas carencias han quedado expuestas, una vez más, en el último episodio de violencia sufrido por un interno con problemas de salud mental en la prisión de Villena”.

“Nos preocupan y nos indignan actuaciones como las ocurridas recientemente en Villena. El funcionariado de prisiones no puede golpear a un interno como hemos visto en la grabación de videovigilancia del centro. Ese no es el papel de un empleado público que tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía, también la que está presa y enferma. Sin exclusiones ni excusas”, ha manifestado Rodríguez.