Enchufados 'zombis' en la empresa de construcción de colegios también lo fueron en la fundación cultural de Camps

La fundación cultural que impulsó Francisco Camps cuando era presidente valenciano y la empresa pública de construcción de colegios se intercambiaron los trabajadores zombis -que no acudían a sus puestos- como cromos. Tanto la Fundación Jaume II el Just como Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA) se investigan en la trama de corrupción del 'caso Taula', con una pieza separada para los llamados trabajadores ausentes, personas contratadas por la administración que no consta que acudieran a sus puestos de trabajo. No hay evidencia ni de que tuvieran despacho ni que cogieran una sola llamada de un teléfono corporativo.

Gracias a la documentación del equipo de Vicent Marzà en la conselleria de Eduación y a la Abogacía de la Generalitat, el juez investiga la contratación de 16 personas que llegaron a cobrar de la empresa pública pero que jamás pusieron un pie en sus dependencias. En paralelo, las Corts Valencianes investigaron las causas políticas de los sobrecostes millonarios en la construcción de colegios, que no acabó con el mar de barracones para los alumnos valencianos.

Estos trabajadores fantasma o zombis, según la investigación, son empleados que habrían estado contratados a través de empresas públicas como Ciegsa cuando se agotó el cupo de puestos de libre designación, establecidos en los presupuestos de la administración.

En los informes presentados al juez por la Abogacía de la Generalitat se observa cómo dos miembros del equipo de prensa del conseller Font de Mora y hasta siete empleados de su gabinete estuvieron contratados por Ciegsa. Pero además, según datos de la Fundación Jaume II el Just, había 'zombis' compartidos: tres trabajadoras que aparecen en esta lista también figuran como empleadas en la fundación que gestionaba el monasterio de Simat de la Valldigna.

Los contratos los firmaba y ordenaba Máximo Caturla, responsable de la empresa pública entre 2004 y julio de 2007 y secretario autonómico de Educación entre 2003 y 2007, investigado como cabecilla de la presunta red de mordidas del PP valenciano. En esa época, fue conseller de Educación Alejandro Font de Mora, actual vicepresidente de las Corts Valencianes.

Las tres empleadas tenían sueldos de 25.000 euros anuales en adelante, aunque eran “oficiales administrativas”. Dos de ellas pasaron de la fundación cultural a Ciegsa, mientras que en el tercer caso ocurrió al revés. Las responsables del departamento de Recursos Humanos de la empresa pública alegaron total desconocimiento de esos trabajadores y explicaron que los encargos de contratos de alta dirección venían del despacho de abogados Broseta.

Las zombis intercambiables

1. Maria Clara Sáez Alepuz, investigada en la pieza de los zombis del caso Taula junto a otros cinco trabajadores ausentes, también estuvo contratada en la Fundación Jaume II el Just. Según datos de la fundación cultural, Sáez Alepuz estuvo en nómina entre diciembre de 2007 y septiembre de 2010.

El caso de esta empleada es bastante singular. Según consta en los informes de Abogacía, estuvo contratada por Ciegsa entre enero de 2004 y octubre de 2011; el informe posterior de la empresa pública responsable de los barracones establece la propuesta de contratación en julio de ese año. Y según un tercer documento, la trabajadora del gabinete de Font de Mora estuvo contratada por la fundación del Monasterio de Simat de la Valldigna durante cuatro años, entre finales de 2007 y finales de 2010, con contrato de personal eventual primero, indefinido después.

Sáez Alepuz comienza a trabajar para la empresa de construcción de colegios en agosto de 2004, propuesta por Máximo Caturla, con un contrato de alta dirección y salario anual de 23.700 euros brutos. En su contrato, según el informe al que ha tenido acceso eldiario.es, se estipula que prestará sus servicios como responsable de relaciones institucionales entre Ciegsa y la consellería de Educación, donde en realidad trabajaba. En su perfil de Linkedin, Alepuz hacía constar su puesto de trabajo en el área de prensa de la consellería de Educación. Alejandro Font de Mora, entonces responsable de este departamento, declaró que sí la conocía.

Según el informe de la empresa pública, en 2007 la trabajadora pide abandonar la entidad, después de una baja por maternidad. Apenas tres días más tarde vuelve a ser contratada a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) como “oficial administrativa”, para hacer de enlace administrativo entre la mercantil y las instituciones públicas. La trabajadora regresa con un sueldo superior: pasa a percibir 25.178 euros brutos anuales. Según la investigación, nunca tuvo despacho en Ciegsa, no figura en listados habituales como el de teléfono. Ni tan siquiera tuvo correo corporativo. Meses después de regresar a la mercantil a través de la ETT, es contratada en la Fundación Jaume II El Just. Los primeros meses figuraba como personal eventual, pero en mayo de 2008 pasó a tener contrato indefinido. Cotizó mil días.

La responsable de Recursos Humanos de la entidad, preguntada por esta trabajadora, declaró en la comisión de investigación que ni la conocía, ni le sonaba su nombre.

2. Teodosia de la Torre Carrión

Cobró de Ciegsa sin ir a trabajar de 2007 a 2011, con unos meses de interrupción. Se supone que trabajaba en el departamento de Relaciones Institucionales, y, según el archivo y en la actualización de bases de datos, cobraba 26.438 euros al año, también por recomendación de Caturla. El entonces consejero delegado autorizó su contratación a través de la misma ETT que el resto de trabajadores fantasma, para las mismas funciones: realizar tareas administrativas derivadas de la relación entre la mercantil y las instituciones.

Esta mujer estuvo contratada por la Fundación Jaume II el Just desde diciembre de 2004 a julio de 2007. 957 días cotizados como personal indefinido. Al finalizar su contrato, y a juzgar por el informe, desde la entidad enviaron su finiquito a la empresa de contratación de Ciegsa con su sueldo subrayado. El informe elaborado por el actual gerente de la empresa pública considera “curioso” que en el expediente de contratación aparezca la liquidación y las cantidades que percibía, “como si estas tuvieran que servir de referencia para la fijación del salario por parte de la ETT”.

Tampoco existe constancia de que fuera a trabajar. Ni tuvo despacho adscrito, ni cuenta de correo corporativo, ni extensión telefónica.

3. Encarnación Mazón Ballester

Fue contratada en Ciegsa como oficial administrativa en el departamento de División Institucional con un sueldo anual de 25.200 euros entre 2007 y 2010, fijado por Ciegsa con comunicación a la empresa de trabajo temporal. Mazón Ballester también venía de la Fundación Jaume II el Just, donde consta una cotización de poco más de 200 días, entre 2006 y 2007, con interrupción de una semana en la que cambia su tipo de contrato de tipo eventual a contrato de obra o servicio.

Sobre ella, el informe del actual gerente de Ciegsa considera “curioso” que la empresa “comunique a Ciegsa el 12 de julio que, como resultado del proceso de selección, y que escogiera como la mejor opción posible entre todas las candidaturas presentadas a Encarnación Mazón, cuando el consejero delegado de la sociedad en un escrito fechado dos días antes ya había autorizado contratarla a ella”.

Esta empleada, que tampoco consta que apareciera nunca por la empresa, cobró de Ciegsa hasta que en marzo de 2008, “por resolución del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora”, fue nombrada directora del gabinete del conseller.