Escola Valenciana y Acció Cultural piden al Gobierno el segundo múltiplex para asegurar la reciprocidad de À Punt, TV3 e IB3

Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley para apoyar la reciprocidad de emisiones de televisión y radio de À Punt, TV3 e IB3 entre la Comunitat Valenciana, Catalunya y las Illes Balears, varias entidades impulsoras de la propuesta han valorado este jueves los pasos a seguir. La propuesta, llevada al Parlamento por Unidas Podemos, Compromís, ERC, Junts, PDeCAT, CUP, PNV, Bildu, BNG y Más País, fue aprobada gracias al voto favorable del PSOE, pese a la negativa de PP, Vox y Ciudadanos.

En la rueda de prensa han participado telemáticamente representantes del Euskalgintzaren Kontseilua, la asociación gallega A Mesa, la asociación aragonesa Arogá y la Iniciativa Pol Asturianu, además de Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Plataforma per la Llengua, cuyos representantes han comparecido en València presencialmente.

Toni Gisbert, secretario de ACPV, ha destacado que la aprobación de la iniciativa apoya explícitamente “la recepción recíproca de medios de comunicación” entre territorios autonómicos con la misma lengua propia oficial. Gisbert ha insistido en la necesidad de un segundo múltiplex para asegurar que las cadenas À Punt, TV3 e IB3 puedan verse en los distintos territorios que comparten la misma lengua. En el caso del País Vasco y Navarra, el secretario de ACPV ha recordado que queda pendiente completar la recepción de EITB, tanto su canal generalista en euskera como el que se emite en castellano, y el canal de dibujos animados en euskera en todo el territorio navarro.

Sobre el uso administrativo de las lenguas entre territorios de un mismo ámbito lingüístico, la secretaria de Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha pedido que no haya “impedimentos para su uso, aunque el nombre de la lengua sea diferente en cada territorio, según sus estatutos de autonomía”. “Habría que pedir que el valenciano y el catalán sean denominaciones equivalentes y el texto debería servir para solicitar a la Abogacía el Estado que no vuelva a poner en cuestión la separación lingüística”.