El Gobierno valenciano se agiganta: 46 entidades y empresas públicas, una decena de observatorios y otros 20 órganos dependientes
El nuevo Gobierno tripartito en la Comunitat Valenciana ha aprobado una estructura de altos cargos con 35 direcciones generales más, siete secretarías autonómicas y un 57% más de asesores. A la columna vertebral de la administración valenciana, justificada por Ximo Puig y Mónica Oltra en la mejora de la gestión, hay que sumar todo el sector público instrumental existente y de nueva creación, con 46 empresas y entidades públicas, y decenas de observatorios y órganos no públicos, pero dependientes económicamente de la administración autonómica.
El acuerdo del Botànic lejos de reducir una estructura elefantiásica que el PP de Francisco Camps creó y consolidó y la crisis y Alberto Fabra frenaron y empezaron a desmontar entre 2011 y 2015, tiene previsto seguir incrementándola, en algunos casos con la creación de agencias que generan duplicidades con direcciones generales de nueva creación o ya existentes.
En la legislatura de 2015 a 2019, el Gobierno del PSPV-PSOE y Compromís creó organismos que antes no tenían una equivalencia como la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), la Agència de Seguretat i Emergències o la Agència Tributària Valenciana. En esa legislatura también se creó la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació junto a la sociedad anónima que gestiona À Punt y su correspondiente Consejo Rector, aunque en este caso viene a llenar el vacío que dejaron RTVV y Canal 9.
En algunos casos, la creación de estos organismos autónomos no ha supuesto engrosar la nómina de trabajadores y directivos públicos como la entidad para la coordinación de tributos, formada por funcionarios, pero sí en otros como la entidad para coordinar la innovación que dirige Andrés García Reche.
El caso de la innovación es de los más llamativos, porque la existencia de la AVI desde la pasada legislatura colisiona con la creación de la Conselleria de Universidades e Innovación, por lo que tendrá que encontrar su sitio. Además, organismos como el Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (Ivace) y la Sociedad de Proyectos Temáticos, con su proyecto Distrito Digital, invierten grandes cantidades de dinero en el impuso de políticas innovadoras.
De creación botánica son también la Agència de Seguretat i Emergències y la Autoridad de Transport Metropolità de València, que se constituyeron en la pasada legislatura. No se pudo culminar la constitución la Agencia de Seguridad Ferroviaria al no encontrar un perfil adecuado y ya se ha anunciado que en los próximos cuatro años se deben poner en marcha una agencia contra el cambio climático y otra de la energía. En ambos casos, su creación se ha propuesto para contentar a Podemos, que las dirigirá. En ambos casos ya existe una dirección general de Cambio Climático y otra de Industria, Energía y Minas.
Siguen en marcha pese a sus polémicas en la etapa del PP Ciegsa, la empresa para construir colegios, y Vaersa, una entidad originariamente de gestión de residuos y que terminó haciendo encomiendas de todo tipo con los populares como en la visita del Papa a Valencia. El circuito Ricardo Tormo, la Ciudad de la Luz o el Aeropuerto de Castelló se seguirán gestionando con sociedad mercantiles públicas.
La Generalitat tiene diez fundaciones, entre las que destacan la del Palau de les Arts, el Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva) o el Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat Valenciana. Participa en consorcios como el de los hospitales General o Provincial de Castelló y el Valencia Space Consotium, en el que participa la Generalitat para apoyar a las empresas que se dedican al sector aerospacial.
El sector público instrumental es uno de los temas más peliagudos por el descontrol en materia de personal y su gestión. En el pasado ejercicio, los auditores señalaron salvedades en prácticamente todas las entidades. Algunas similares todos los años o de una extrema gravedad, como la que se le ha hecho a Sociedad Proyectos Temáticos por dar subvenciones cuando una empresa pública no está capacitada.
Aunque no son propiamente sector público instrumental, alrededor de la Generalitat hay una veintena de fundaciones y entidades que dependen de la administración engrosan las áreas y competencias que debe gestionar. Es el caso de la Fundación Jaume II El Just, el Centro Investigación Príncipe Felipe, Parque Empresarial Sagunto, las cámaras de comercio, que reciben importantes subvenciones, los institutos tecnológicos o los Premios Jaume I.
Además y para llevar un seguimiento de los temas más importantes que tienen un gran efecto en la opinión pública, de la Generalitat también dependen una decena de observatorios a los que acuden miembros del Ejecutivo. El Observatorio de Género, de la Igualdad, de la Infancia, de los Precios de los Alimentos, o del Empleo Público, son los más destacados.
