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El Gobierno impone al Puerto de Vigo un informe ambiental ordinario para mejorar sus accesos, mientras dilata la decisión sobre el de València

Imagen aérea del puerto de València

Carlos Navarro Castelló

Valencia —

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“Es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto 'Reordenación de acceso a la Zona Portuaria de Rande desde la N-552', ya que se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”.

Así reza la resolución del Ministerio de Transición Ecológica (publicada en el BOE el 25 de diciembre), tras solicitarle el de Fomento evaluación de impacto ambiental simplificada, tal y como pretendía la Autoridad Portuaria viguesa, para las obras de mejora de los accesos a los muelles que tiene en el entorno del puente de Rande, ya en el interior de la ensenada de San Simón, zona protegida del fondo de la ría de Vigo incluida en la Red Natura 2000.

El departamento que dirige la ministra Teresa Ribera obliga así a realizar una evaluación ambiental ordinaria del proyecto, más detallada y garantista con el medio ambiente, para identificar y minimizar mejor sus impactos. Este tipo de estudios también requieren de un mayor plazo para su realización, que puede ir desde los tres a los cinco años.

La imposición por parte de Transición Ecológica de una evaluación ambiental ordinaria, y no la simplificada que pretendía la Autoridad Portuaria de Vigo presidida por el popular Enrique López Veiga, llega después de que hace dos años la justicia ya anulase el Plan de Usos del puerto por aprobarlo sin evaluar su impacto ambiental a pesar de afectar precisamente a ese espacio protegido. Al mismo tiempo, la Autoridad Portuaria está planificando más de 200.000 metros cuadrados de nuevos rellenos.

En el caso de la ampliación del Puerto de València, una obra de muchísima más envergadura que prevé duplicar su capacidad, el Gobierno sigue sin pronunciarse sobre si es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que sustituya a la de 2007, a la vista de las importantes modificaciones que ha sufrido el anteproyecto aprobado en 2018 con respecto al original.

Un carrusel de cambios que no es menor. Tal y como ha informado eldiario.es, implican prolongar 500 metros el actual dique de abrigo, eliminar el actual contradique, trasladar a los astilleros de Boluda la terminal de cruceros y cambiar la configuración de los muelles, que se destinarán en su totalidad al tráfico de contenedores.

Tanto el Ayuntamieno como la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Emergencia Climática, pidieron el pasado verano a los misnisterios de Fomento y de Transición Ecológica que se realice una nueva evaluación ambiental, petición que han acompañado de diversos informes técnicos que evidencian que nada tiene que ver el proyecto inicial de ampliación que obtuvo la DIA favorable en 2007 con el anteproyecto aprobado hace dos años, además de advertir sobre posibles afecciones paisajísticas y ambientales por la mayor cantidad del área de dragado y de la profundidad de calado prevista.

Sin embargo, el Puerto de València ya advirtió de que seguirá adelante con la tramitación para ejecutar la ampliación norte sin una nueva DIA al considerar que la de 2007 sigue estando en vigor, puesto que las modificaciones previstas están en el interior de los diques de abrigo.

Recientemente, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afirmó que sería necesaria una nueva DIA si el proyecto no es “estrictamente” igual al de 2007. Su departamento ha solicitado información técnica y jurídica sobre el expediente de la ampliación norte del Puerto de València para dirimir si debe pronunciarse el Ministerio de Transición Ecológica -que dirige Teresa Ribera- sobre la necesidad de someter el proyecto a nuevas evaluaciones de impacto ambiental.

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