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El Gobierno valenciano anuncia una rebaja del 10% en 70 tasas y precios públicos para contener la inflación

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, con los agentes sociales y con varios de sus consellers.

Carlos Navarro Castelló

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El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha presentado este sábado las líneas básicas del Plan Reactiva cuyo objetivo es hacer frente a la crisis energética provocada por la invasión rusa en Ucrania y al alza en los precios que ha generado.

Puig ha comparecido tras reunirse con los agentes sociales, un encuentro al que también han asistido el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler; el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent; la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà; y el consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.

Según ha explicado el jefe del Consell, la reunión ha girado en torno a las medidas que la Generalitat puede adoptar dentro de sus competencias para bajar los precios y en esta línea, ha explicado que a lo largo de esta semana trabajarán para concretarlas dentro de cuatro grandes ejes: “Lucha contra la inflación, ayudas a empresas, autónomos y familias, medidas de eficacia y ahorro energético y acciones para acelerar la autonomía energética”.

Puig ha avanzado que entre las medidas que adoptará el Gobierno valenciana está la rebaja de un 10% en un total de 70 tasas autonómicas y precios públicos y ha anunciado que se reunirán con las empresas concesionarias de transporte público por carretera para negociar una rebaja de los billetes.

Además, ha pedido a las empresas “un esfuerzo en la contención de los precios, en la reducción de los márgenes para que los ciudadanos no sufran tanto el impacto del alza de los precios, siendo conscientes de que el esfuerzo no solo lo deben hacer las empresas, sino que debe ser compartido”.

Puig ha recordado que el Consell aprobó este viernes un decreto ley que simplifica los procedimientos administrativos para la tramitación de nuevas plantas de energía renovable que permitirá reducir en un año el tiempo de los trámites. El real decreto también fija que el terreno no urbanizable común que se podrá destinar a renovables en los municipios será del 3% y se podrá aumentar atendiendo a criterios que favorezcan la transición energética.

La nueva legislación agiliza la normativa para plantas de menos de 10 MW, que se tramitarán por vía de urgencia, incorpora la posibilidad de declaración energética-estratégica para proyectos singulares y permitirá a los ayuntamientos que los acojan recibir compensaciones adicionales a las actuales.

El presidente también ha insistido en hacer un llamamiento a todos los sectores empresariales para que, dentro de las posibilidades, contribuyan al control de los precios evitando que la inflación siga su escalada

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