La jueza de la dana investiga el retraso de casi un año en la contratación del sistema de análisis de riadas que paró Vox

La Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama ha remitido al juzgado de Catarroja toda la documentación relativa al expediente de contratación del Sistema Avanzado de Seguimiento y Ayuda a la decisión de los riesgos derivados de las inundaciones, denominado Argos. El contrato del sistema se impulsó en la etapa del Botànic y se adjudicó el 13 de diciembre de 2023, ya con Vox gestionando Emergencias. Pero la contratación no se formalizó hasta el 26 del octubre del pasado año, tres días antes de la dana. Vox tuvo siete meses parada la formalización del servicio, que tras su salida del Gobierno en julio de 2024, se demoró otros tres meses más.

La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) pidió a la jueza de la dana el pasado mes de octubre que incorpore a la causa una nueva línea de investigación, en concreto, que se requiriera a Emergencias los expedientes de licitación del servicio, incluyendo los pliegos de condiciones y el contrato suscrito para la ejecución. Por otro lado, la representación jurídica de ACPV pidió también un informe sobre las propuestas de alerta temprana y “acompañamiento en la gestión proactiva de riesgos hidrometeorológicos” transmitidos desde Argos entre el 24 y el 29 de octubre de 2024.

El pasado 27 de octubre, la magistrada solicitó la documentación por medio de un oficio. En su respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, desde Emergencias explican que la plataforma Argos, en las fechas especificadas, “se encontraba en fase 'beta' de desarrollo y añaden: ”Se trata de una plataforma todavía en fase de construcción, en la que deben ser incluidos los elementos necesarios para su adecuado funcionamiento. El procedimiento incluye las fases de análisis y caracterización, customización, implantación, calibración y formación, con un horizonte temporal de 2 años para la ejecución del contrato“.

Tal y como se desprende del expediente aportado a la jueza, el procedimiento de contratación arranca con el Gobierno del Botánico con la publicación de la memoria justificativa y del pliego de prescripciones técnicas firmadas el 15 de mayo de 2023 en un contexto en el que la Comunitat Valenciana había sufrido importantes incendios y la dana de la Vega Baja. En el primero de estos documentos se vincula la contratación de este sistema a la creación de la Unitat Valenciana d'Emergèncias (UVE), todo ello ante la necesidad de prevenir nuevos fenómenos extremos. Sin embargo, el nuevo Gobierno del PP y de Vox, con Mazón a la cabeza, eliminó la UVE nada más tomar el control de la Generalitat, que si bien no se había desarrollado, sí existía una hoja de ruta para su implantación junto al sistema Argos.

Según la mencionada memoria, “la creación de la Unitat Valenciana d’Emergències (...) establece la obligación de la puesta en marcha de una Unidad de análisis y evaluación en crisis derivadas de fenómenos meteorológicos, unidad cuya implantación y dotación de personal funcionario/a ya está en marcha” siendo sus funciones previstas, entre otras, “hacer estimaciones sobre la afección territorial de la emergencia y su posible evolución, proponiendo posibles medidas de protección a la población, infraestructuras y zonas vulnerables”.

Conforme lo anterior “se hace necesario disponer de herramientas de software para la predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos con especial incidencia por sus características a las inundaciones, todo ello en el marco del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones, y resto de herramientas de planificación y tanto en prevención, como durante la emergencia y la fase de postemergencia para su utilización en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat”.

Según la Plataforma de Contratación, el contrato se adjudicó el 13 de diciembre de 2023 a Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, SAU, junto a Hydrometeorological Innovative Solutions, S.L. por importe de 556.000 euros, IVA incluido. Sin embargo, el contrato no se formalizó hasta casi un año después, en concreto, el 26 de octubre de 2024, tres días antes de la dana.

En su respuesta a la jueza, Emergencias explica que “en meses previos ya se habían iniciado contactos y trabajos previos de análisis de las necesidades para incorporar bases cartográficas de la Comunitat Valenciana relativas a los distintos riesgos que se contemplan en la plataforma (inundaciones, episodios de viento, nevadas, fenómenos costeros, temperaturas extremas, calidad del aire y riesgo sísmico)”.

Sin embargo, aseguran que “dichos trabajos previos en ningún caso implican que la plataforma Argos estuviera operativa o que la plataforma estuviera implementada para su uso en el Centro de Coordinación de Emergencias”. Conforme lo anterior en las fechas indicadas “la plataforma no realizó ninguna propuesta de alerta temprana ni tareas de acompañamiento en la gestión proactiva de riesgos hidrometeorológicos, debido a que se encontraba en las fases iniciales de desarrollo y no estaban implementados los procedimientos de diseño y gestión de sistemas de alerta temprana”, insisten desde el departamento de Valderrama en su respuesta remitida a la jueza.

Según fuentes presenciales, en su declaración ante la jueza, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, no supo explicar con detalle por qué se retrasó 10 meses la formación del contrato al ser una cuestión administrativa que dependía directamente de la conselleria. Del expediente se desprende que la ejecución del contrato se vinculó a la llegada de fondos europeos Next Generation.

Al respecto, la diputada socialista, Alicia Andújar, ha criticado que “en un año al frente de su conselleria Valderrama ha sido incapaz de poner en funcionamiento Argos, el sistema de análisis para la prevención de impactos, para la alerta temprana, que comenzó a tramitar el Botànic en mayo de 2023 y que el Partido Popular no ha sabido poner en marcha”.

Según Andújar, “Valderrama ha pasado un año encubriendo a Mazón; su gestión es un fracaso y nos preocupa, además, la falta de transparencia y opacidad con la que desempeña su labor” y ha recordado que fue “mano derecha de Serafín Castellano, conseller que concebía las Emergencias como un negocio y por eso fue condenado por corrupción”, por lo que ha pedido su cese “por su incompetencia y por su falta de transparencia”.